El 2 de septiembre, el presidente Javier Milei vetó una ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, a partir de entonces adultos mayores se han manifestado en contra de la normativa que atenta contra sus derechos

Buenos Aires, Argentina. Durante las últimas semanas, las imágenes de jubilados golpeados, afectados por gas lacrimógeno o llorando por una situación económica insostenible inundaron las redes sociales y las portadas de medios de prensa.

Cada miércoles desde hace varios meses, los adultos mayores, quienes aportaron con su trabajo, se congregaron el 11 de septiembre frente al Congreso, con el objetivo de exigir respuestas del gobierno y de los legisladores; algunos de los cuales les dieron la espalda.

Aunque en esta oportunidad estaban acompañados de miles de integrantes de organizaciones sindicales y sociales, la respuesta de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval fue arremeter contra ellos con camiones hidrantes, bastones, balas de goma y gases.

Veto a los derechos

El 2 de septiembre, el presidente Javier Milei vetó una ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, por lo que la normativa volvió a ser analizada en la Cámara de Diputados.

Pese a recibir 153 votos a favor, la oposición liderada por Unión por la Patria no logró los 172 necesarios para revocar el recurso del jefe de Estado, el cual quedó ratificado gracias a 87 legisladores que lo apoyaron y ocho que se abstuvieron.

La norma planteaba una actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cual incluía una compensación extra de 8.1 por ciento, con el propósito de que las personas pudieran equiparar sus ingresos con el 20.6 por ciento de la inflación de enero; mes en el que el Ejecutivo otorgó sólo un 12.5 de aumento.

Asimismo, disponía que la jubilación mínima no debía ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor y que la fórmula no podía quedar atada sólo al IPC, sino que tenía que contemplar los salarios.

Tras conocerse la invalidación de la ley, la tensión creció en las calles cercanas al Congreso. Más de 50 personas –entre ellas, ancianos, una niña, trabajadores de prensa y defensores de los derechos humanos– resultaron heridas o afectadas por los gases químicos y disparos con balas de goma, según detalló la Comisión Provincial por la Memoria. Además, esa entidad precisó que al menos dos ciudadanos fueron detenidos.

“Estamos cansados. Por una vez defiendan a la patria”, gritó una señora acostada en el suelo frente a un camión y efectivos policiales durante la protesta.

Por su parte, un jubilado aseguró al canal de televisión C5N sentir indignación. “Son traidores al país. ¿Cómo es posible que alguien vote contra nosotros? Por favor, que el pueblo no abandone las calles”.

En declaraciones a la prensa desde la movilización, la representante del Plenario de Trabajadores Jubilados, Nora Biaggio, aseveró que se está cometiendo una violación de los derechos y se pretende imponer el ajuste con represión.

Además, indicó que el aumento de las jubilaciones y pensiones “es un reclamo indudable de toda la población, sin distinción de pensamiento político o estructura sindical”.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que “lo que vetó Milei es equivalente a los impuestos que le perdonó a los más ricos de Argentina, cuando cambió el impuesto a los bienes personales”.

“No permitiremos que ataquen y castiguen a nuestros jubilados. No podemos aceptar que una vez más sean el blanco de la desigualdad y el daño. Quedó claro que la motosierra no estaba dirigida a la casta, sino a la clase media, los trabajadores y los más vulnerables. No es cuestión de si hay plata o no, sino de para qué se usa”.

A su vez, la Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma (CTA-A) repudió el accionar de las fuerzas de seguridad y el cambio de postura de algunos diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes votaron contra el proyecto de movilidad jubilatoria presentado por su propia formación.

“Una vez más, le dieron la espalda al pueblo y se entregaron a la voluntad de un presidente que quiere gobernar por decreto”, afirmó el secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy.

“Éste es el carácter claro del gobierno de Milei: la casta dentro de la Casa Rosada, utilizando los recursos del Estado para reprimir y para comprar a quienes se le oponen, nosotros seguiremos en las calles; defendiendo a los jubilados y a la universidad pública; luchando por un Estado en favor de las mayorías, y no un represor al servicio de los capitales externos”.

Por su parte, el dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, aseguró que ya comenzó “el derrumbe del gobierno”. “No hace falta mucha experiencia para saber que esto no termina bien. Les están negando un aumento de 483 pesos por día (0.5 dólares). Son miserables. Buscan que se vuelva a privatizar el sistema previsional en Argentina para que las multinacionales y los bancos puedan hacer negocios con nuestros aportes”.

De igual manera, ATE denunció los más de 65 mil despidos en la administración pública nacional previstos para finales de septiembre. Exigió el cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.

Al interior de Diputados, lo sucedido el miércoles 11 provocó fuertes discusiones y varios miembros de la directiva de la UCR pidieron la expulsión de los cinco legisladores radicales que votaron a favor del veto tras ser recibidos por el jefe de Estado.

Los números de la pobreza

Un informe reciente de la Universidad Católica Argentina indicó que la pobreza superó el 52 por ciento y la indigencia un 17. En tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) precisó que para no caer en el primer grupo un adulto necesita 304 mil 170 pesos argentinos mensuales, los cuales equivalen a 311 dólares estadunidenses. Para no ser indigente, una persona requiere 136 mil 399 (139).

En estos momentos, el salario mínimo es de 262 mil 432 (268 dólares) y la jubilación mínima 234 mil 540 (239). Estas cifras no superan las mencionadas por el Indec como necesarias para no ser pobre.

Durante los últimos meses, los alrededores del Congreso volvieron a ser escenarios de protesta de los trabajadores de las universidades públicas que demandan mejoras salariales y la aprobación de mayor presupuesto para esos centros de altos estudios.

Asimismo, los profesionales de la salud denuncian la preocupante situación del sector y las cocineras de comedores populares condenaron al Ejecutivo por interrumpir el envío de alimentos a los barrios más vulnerables.

Además, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) alertó que más de 1 millón 500 mil niños se van a dormir sin cenar. Asimismo, el incremento de las personas en situación de calle es visible en Buenos Aires y otras regiones de Argentina.

De acuerdo con un estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, en la actualidad, cerca del 60 por ciento de los ciudadanos está dispuesto a manifestarse contra las políticas de Milei en diferentes modalidades; entre ellas, las publicaciones en las redes sociales, las marchas, paros, cortes de vías y cacerolazos.

Glenda Arcia/Prensa Latina

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