El 18 de noviembre, el presidente electo Donald Trump confirmó que tiene la intención de declarar una emergencia nacional. Con ello, pretende utilizar al ejército estadunidense para ayudar en sus planes de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Con este anuncio, continúa su tono amenazante característico.
Uno de los principales temas utilizado no sólo por Donald Trump, sino también por Kamala Harris durante las campañas electorales, fueron las amenazas contra los refugiados y las personas que, en búsqueda de trabajo, ingresan por la frontera sur de Estados Unidos con México.
El Estado alimenta el temor con campañas de odio. Acusa y criminaliza a los extranjeros de quitar el trabajo. Al fin, propicia la germinación de toda clase de divisiones racistas.
Durante años, se ha procurado un clima que permite profundizar en el intervencionismo, y hasta en una posible invasión de México, con el pretexto de luchar contra los cárteles del crimen organizado, a quienes se empeñan en calificar como “terroristas”.
El momento es peligroso. Nuestro vecino sufre de tales contradicciones, en las cuales se enfrenta una brutal división interna entre los intereses de las grandes facciones, las cuales se disputan el poder. Éstas sólo buscan favorecer los intereses privados de las grandes corporaciones; sin embargo, es tal la pugna entre ellos, que se puede vislumbrar una guerra civil soterrada.
En una encuesta de la firma Marist realizada en mayo, el periódico Los Angeles Times revela que el 47 por ciento de los estadunidenses cree que habrá una guerra civil.
Históricamente, ante una situación así, la forma de evadir disputas internas y de lograr la unión entre las fuerzas armadas y sus altos mandos ha sido desatar una guerra contra otro país. Además, con campañas de difamación, informan a la población de lo necesario y urgente de esa medida agresiva.
Fue la forma que utilizaron en 1846-1848. Al final, este hecho desató la invasión contra México. Esta última terminó por arrancar más de la mitad de nuestro territorio. De esta manera, lograron superar su inminente ruptura interna. Sin embargo, el conflicto terminó estallando de todas formas durante la guerra civil de 1861 a 1865.
Quieren justificar las políticas racistas y xenófobas. Por ello, culpan a otros pueblos del problema de la migración y de la drogadicción. En realidad, fueron ellos mismos quienes generaron esta situación.
Las políticas neocoloniales de Estados Unidos, que han impuesto sobre los países de América Latina y el Caribe; el permanente saqueo de sus riquezas, y la explotación de los trabajadores y de la madre naturaleza, son las causas que provocan la migración.
Desde Estados Unidos, se propicia las adicciones en la juventud. Asimismo, alimentan la violencia al armar y enfrentar a los grupos criminales en otros países. Esto ha generado una ola de millones de migrantes, quienes quieren escapar de su situación.
También, desatan ataques, represiones y violencia interna en pueblos que buscan su soberanía, como sucedió en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Nicaragua en la década de 1970.
La misma situación puede ser vista en Guatemala, Honduras, El Salvador en la década de 1980, y en el bloqueo de más de 60 años de Cuba , más su inclusión en los países que supuestamente “respaldan al terrorismo”. Igualmente, las injustas sanciones en contra de la isla y Venezuela han generado una enorme ola migratoria.
Y una de las vías de acceso al territorio de nuestro vecino del norte es desde la frontera mexicana. Las políticas neoliberales, las cuales promovió el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de la mano con las oligarquías proyanquis y gobiernos aliados a Washington, han fortalecido esta crisis humanitaria.
Para el sistema económico imperialista y neocolonialista de Estados Unidos, es conveniente contar con decenas de millones de trabajadores sin papeles en su país. Ellos son esclavos modernos, sin derechos y con salarios muy bajos.
Esto ayuda a deprimir los salarios de la clase obrera estadunidense. De hecho, su sistema económico actual se sostiene gracias al trabajo de estas decenas de millones de personas con o sin papeles.
Asimismo, la violencia está patrocinada por Washington, pues la industria bélica y el tráfico de droga son sus actividades más lucrativas. En un discurso televisado del 17 de enero de 1961, el general y presidente de Estados Unidos, Eisenhower, advirtió el enorme peligro que significaba el “complejo militar-industrial” conformado por las Fuerzas Armadas y los fabricantes de armamentos. También, alertó sobre la creciente injerencia en el manejo de las políticas públicas del país.
El enorme aparato militar no se sostendría sin sus incesantes guerras y sin los ejércitos paramilitares que mantienen alimentando conflictos. Tanto demócratas como republicanos buscan el dominio mundial por métodos violentos, al promover las guerras y la destrucción.
Fue el gobierno del demócrata Truman, quien lanzó dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, las cuales causaron más de 200 mil muertos inocentes. Por otra parte, el demócrata Johnson escaló la guerra de Vietnam que causó entre 2 a 3 millones de pérdidas humanas. Además, se permitió el uso de todo tipo de armas; incluso del napalm.
De entre los republicanos, Nixon continuó la guerra de invasión contra Vietnam. Bush padre y Bush hijo iniciaron nuevos conflictos e invasiones, como en Irak y Afganistán. Además. siguieron los enfrentamientos que ya habían desatado gobiernos previos.
Obama gobernó ocho años de guerra: Afganistán, Irak, Siria, y atacó Libia, Pakistán, Somalia y Yemen. Biden provocó, apoyó y financió la guerra Ucrania-Rusia y el genocidio de los sionistas en el Medio Oriente.
Tanto en Estados Unidos como en México, algunos presentaron a Kamala Harris como “progresista” y menos peligrosa que Donald Trump, quien, por cierto, no inició una nueva guerra en su período 2017-2021, aunque redobló el bloqueo contra Cuba; la interferencia en Venezuela, y las amenazas contra México. Esas ilusiones en gobiernos demócratas no tienen base alguna, y nadie se ilusiona tampoco con los gobiernos republicanos.
En sus primeros tres años, Joe Biden deportó a alrededor de 231 mil personas, mientras que repatrió a más de 700 mil migrantes este año. Es la cifra más alta registrada desde 2010, con lo que su administración se apunta un récord en la expulsión de extranjeros, incluso mayor que el gobierno de Donald Trump.
La construcción del muro en la frontera sur se inició en 1994, en el gobierno de Bill Clinton, bajo el programa de lucha contra la inmigración ilegal. Conocido como Operación Guardián, estuvo a cargo de la fiscal general Janet Reno.
Por cierto, Obama, cuando era senador, votó por la construcción del muro. Asimismo, en su administración (2009-2017), expulsó a 2 millones 858 mil 980 personas. Así, fue conocido como el “Deportador en Jefe”, debido a las altas tasas de deportaciones en sus primeros años de gobierno.
Por otra parte, las políticas de la administración de Donald Trump (2017-2021) incluyeron la separación de familias y la implementación de restricciones en asilos; la ampliación de la Patrulla Fronteriza, y la reducción de las exenciones para algunos grupos vulnerables. Aproximadamente, 2 millones 400 mil personas fueron deportadas en este periodo.
La política de Washington frente a México ha sido consistente durante las últimas décadas. En una primera fase, promovieron el endeudamiento con los gobiernos de López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. De esta manera, se disparó la deuda externa en 1982.
Entonces, sometidos al dictado del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, los gobiernos priistas de México comenzaron a aplicar toda medida que le interesara a Estados Unidos. Para someternos, se abrió paso al neoliberalismo, el cual impulsó el neocolonialismo.
Comenzó la apertura comercial, la cual culminaría con la firma del Tratado de Libre Comercio. Esto nos llevaría a la integración económica y a la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, energética e industrial. Cada gobierno de Estados Unidos, fuese republicano o demócrata, impulsó este proceso.
Esa integración subordinada incluye el muro de la muerte (muro fronterizo). Este último no es más que una forma de apartheid de facto que, por un lado, impide el libre tránsito de personas; y por el otro, establece la infraestructura para el saqueo y los “corredores de transporte intermodales”.
Usan nuestro territorio como vía de paso para que circulen nuestras riquezas hacia Estados Unidos, y las mercancías estadunidenses hacia Europa y Asia. Asimismo, es planeado como un traspatio de maniobras militares para sus guerras por la hegemonía mundial.
Y, de hecho, en los últimos 15 años, ya han practicado maniobras navales y terrestres en nuestro territorio. Esto es muy peligroso de cara a los enfrentamientos que tiene Estados Unidos con Rusia y China, en los cuales nos quieren involucrar.
El siguiente paso fue la implantación del sistema bipartidista con la alternancia PRI-PAN, a semejanza del sistema estadunidense. Luego, vinieron los pasos más peligrosos para nuestra soberanía con el inicio de la integración militar. En 2005, Vicente Fox firmó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Así, nos integró al Comando Norte de Estados Unidos.
Después, Calderón firmó la Iniciativa Mérida o Plan México en 2008. Igualmente, aprobó la injerencia en nuestro territorio de fuerzas armadas y agencias de Estados Unidos, además de proyectos para la integración territorial, a través de puertos y ferrocarriles.
El proceso que iniciaron los gobiernos del PRI y del PAN fue el sometimiento total de nuestra soberanía. Con los gobiernos de la actual oposición, los neocolonialistas yanquis tenían puertas y ventanas para su injerencia.
Los gobiernos de Morena han frenado relativamente ese proceso que ya estaba en curso. Formaba parte de los planes estratégicos de Estados Unidos para el total dominio de México. Ahora, hace falta revertir ese proceso antinacional.
La única y mejor manera de enfrentar al gobierno de Donald Trump y a cualquier otra administración estadunidense es el fortalecimiento, sin concesiones, de nuestra soberanía nacional y popular.
Es fundamental desarrollar la soberanía, lo que incluye la soberanía política, económica, cultural y militar de México. También, implica velar por la soberanías alimentaria, energética y en salud, sin dependencia del extranjero, pues provoca adicciones, violencia y guerra.
Tenemos que negarnos a la integración de México a las corporaciones estadunidenses. De igual manera, debemos oponernos al genocidio que apoya Washington, a los planes de guerra y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
A nivel internacional, hay que defender la soberanía de los pueblos que enfrentan a las potencias y al neocolonialismo. Sólo la soberanía popular garantizará la soberanía nacional.
Para fortalecer la soberanía económica es necesario: suspender pagos de la deuda pública, auditarla y renegociarla para reducir la carga financiera sobre nuestras espaldas.
Hay que aumentar impuestos a las corporaciones y gravar a las grandes fortunas. Así, se contará con dinero destinado al empleo, mujeres, jóvenes, salud, producción de vacunas, medicina tradicional, alimentos, litio y su industria.
Se podrá obtener fondos para el sector estatal y para fomentar la producción nacional y de pequeños productores, además de la inversión en cada comunidad. Al final, esto provocará que la gente no tenga que recurrir a la migración.
Además, con dichos recursos se puede combatir a la base que sostiene a los grupos criminales y financiar planes de seguridad y defensa de México.
Ante la amenaza de Trump… ¡Luchemos por la soberanía!
Pablo Moctezuma Barragán*
*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social
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