En el Poder Judicial de la Federación, 2 mil 377 personas funcionarias superan el tope máximo de remuneraciones dispuesto por el artículo 127 constitucional, denunció la ministra Lenia Batres Guadarrama. En total, eso se traduce en pagos en exceso por 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos, denunció al presentar su Primer Informe Anual de Actividades Jurisdiccionales.

“Si consideramos que desde hace 14 años se encuentra vigente este límite, podríamos asegurar que el Poder Judicial ha desviado 30 mil 342 millones 936 mil 442 pesos en sobresueldos autoasignados inconstitucionalmente para su alta burocracia”, señaló la juzgadora.

Tras advertir que regresar dinero público a las arcas nacionales no es snobismo –en referencia a los ingresos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le paga de más a ella y a los funcionarios de su ponencia, quienes reintegran los recursos a la Tesorería de la Federación–,  la conocida como “ministra del pueblo” señaló que se puede ejercer servicio público con salarios dignos, sin abusar de los recursos del erario.

Lenia Batres agregó que “la gente está cansada de ver pasar funcionarios que se apoderan de los presupuestos públicos, sostengo que el servicio público no puede seguir generando nuevos ricos, que no se vale que los funcionarios, menos aún los encargados de proveer justicia profundicemos la desigualdad aprovechándonos de los recursos para todos”. Y agregó que “no se valen salarios de casi 595 mil pesos que gana un ministro o una ministra al mes que significa 80 veces el salario mínimo de nuestro país”.

En su informe, destaca que su ponencia, integrada por 79 colaboradores, devolvió 10 millones 904 mil 69 pesos, monto que también incluye los privilegios que no admitieron, por estar fuera de la ley.

La ministra Lenia Batres acusó que la disminución del 12 por ciento que se aplicará a las remuneraciones de ministros y ministras de la Corte en 2025 no es suficiente para ajustarse a la de la Presidenta de la República, por lo que seguirá causándose daño al erario por excesos indebidos en los sueldos y prestaciones.

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