Un tribunal de árbitros comerciales ha fallado a favor de Estados Unidos en su denuncia de que las restricciones impuestas por México al maíz transgénico violan los términos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Es poco probable que el esperado fallo en la disputa comercial de 16 meses resuelva las cuestiones planteadas por México sobre la inocuidad del consumo de maíz transgénico y su herbicida asociado [el glifosato].

De hecho, el fallo favorable a Estados Unidos plantea dudas sobre la imparcialidad del propio T-MEC, que ahora ha legitimado el uso del proceso de disputa del acuerdo para cuestionar una política nacional que apenas afectaba al comercio. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza ahora abiertamente a México con imponer aranceles del 25 por ciento a todas las exportaciones mexicanas, una flagrante violación del T-MEC que el propio Trump renegoció y firmó en 2018. Sin embargo, el Tratado parece impotente para desafiar tales medidas comerciales unilaterales de Estados Unidos justo cuando su tribunal le da una bofetada a México por sus políticas de salud pública.

Según el gobierno de EU, el informe final del tribunal, anunciado el 20 de diciembre, dictaminó que “las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que México acordó proporcionar en el T-MEC”. De hecho, el fallo del panel comercial fue más limitado: exige que México cumpla con los procedimientos del acuerdo comercial para llevar a cabo evaluaciones de riesgo basadas en “principios científicos internacionales pertinentes”.

El gobierno mexicano defendió su postura, pero se comprometió a acatar el fallo. “El gobierno de México no comparte la determinación del Panel, pues considera que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es Parte”, se lee en un comunicado tras el fallo.

La sentencia no zanjará el debate sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente del maíz transgénico y sus herbicidas asociados. En el transcurso del litigio, México presentó numerosas pruebas científicas revisadas por expertos que mostraban sobrados motivos de precaución dados los riesgos asociados tanto al maíz transgénico como a su herbicida asociado, el glifosato. Estudios recientes han demostrado efectos negativos para la salud en el tracto gastrointestinal y posibles daños en el hígado, los riñones y otros órganos.

“[Hicimos] una revisión exhaustiva de la literatura científica”, explicó la doctora María Elena Àlvarez-Buylla, genetista molecular que dirigió la agencia nacional de ciencia de México –Conahcyt– hasta octubre. “Concluimos que la evidencia era más que suficiente para restringir, por precaución, el uso de maíz transgénico y su agroquímico asociado, el glifosato, en las cadenas de suministro de alimentos del país”.

Esas pruebas se presentaron con gran detalle al tribunal en las alegaciones formales de México durante el proceso, y ahora se han publicado como “Dossier científico”. Y representan una de las revisiones más exhaustivas de las pruebas científicas sobre los riesgos del maíz transgénico y el glifosato para la salud pública y el medio ambiente que se han publicado.

Por su parte, el gobierno estadunidense se negó a presentar pruebas de que su maíz transgénico con residuos de glifosato es inocuo para el consumo en México, donde el maíz se consume a niveles más de 10 veces superiores a los de Estados Unidos y en formas mínimamente procesadas, como tortillas, no en alimentos elaborados.

“La investigación por parte de Estados Unidos era bastante pobre”, dice la doctora Álvarez-Buylla, señalando que la investigación estadunidense estaba anticuada, ignoraba muchos estudios recientes y dependía de una ciencia “llena de conflictos de intereses”.

El gobierno de Estados Unidos tampoco presentó ninguna prueba de que el decreto presidencial de México de febrero de 2023 tuviera algún impacto significativo en los exportadores estadunidenses. Las exportaciones estadunidenses de maíz han aumentado desde que se promulgó el decreto, no se han reducido. Las medidas sólo restringieron el uso de maíz blanco transgénico en tortillas, menos del 1 por ciento del maíz estadunidense exportado a México.

Al principio de la disputa, la entonces secretaria mexicana de Economía, Raquel Buenrostro, declaró que Estados Unidos tenía que demostrar “cuantitativamente, con números, algo que no ha ocurrido: que el decreto del maíz ha afectado comercialmente” a los exportadores estadunidenses. Estados Unidos aún no ha presentado ninguna prueba de este tipo.

Mientras tanto, los aranceles  que el presidente electo Trump ha amenazado con imponer a México son descaradamente ilegales en virtud del T-MEC, y prometen infligir un daño económico masivo a los exportadores mexicanos y a las empresas con sede en Estados Unidos que producen en México.

En el caso del maíz transgénico, el fallo favorable a la industria agroquímica estadunidense tendrá repercusiones mucho más allá de este litigio. La documentación mexicana de las pruebas de riesgo del maíz genéticamente modificado y el glifosato debería incitar a los consumidores y gobiernos de todo el mundo a examinar más de cerca estos controvertidos productos, y los laxos procesos reguladores estadunidenses expuestos por México.

Los países que se plantean firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos pueden mostrarse ahora más reacios a hacerlo si sus políticas nacionales pueden ser impugnadas ante un tribunal comercial. Kenia está negociando un acuerdo comercial con Estados Unidos. Según Anne Maina, de la Asociación de Biodiversidad y Bioseguridad de Kenia, a los kenianos ya les preocupa que el acuerdo abra el país a los piensos modificados genéticamente. Si el acuerdo puede utilizarse para cuestionar las políticas nacionales, será aún menos aceptable.

Queda por ver cómo cumplirá el gobierno mexicano la sentencia. Tiene 45 días para responder. La presidenta Claudia Sheinbaum ya ha reiterado su apoyo a una enmienda constitucional para consagrar la prohibición del cultivo de maíz transgénico y su consumo en tortillas. Una Ley de Derecho a la Alimentación aprobada el año pasado obliga a etiquetar los alimentos que contengan los OMG. Ningún vendedor de tortillas quiere tal etiqueta en sus productos, porque los consumidores mexicanos tienen claro que no quieren maíz transgénico en sus tortillas.

El fallo del tribunal no deshará el hecho de que las políticas de precaución de México están realmente justificadas por pruebas científicas bien fundadas. Al permitir que el acuerdo comercial socave una política nacional que apenas afecta al comercio, empañará aún más la legitimidad de un acuerdo que ya se considera que favorece a las empresas multinacionales en detrimento de la salud pública y el medio ambiente.

*Timothy A. Wise es investigador principal del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Universidad Tufts. Este artículo fue publicado en inglés por InterPress Service: https://www.ipsnews.net/2024/12/u-s-wins-controversial-ruling-gm-corn-dispute-mexico/