La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó las declaraciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López –exlíder del Cártel de Sinaloa–, quien acusó que “los numerosos testigos que comparecieron ante la Corte en el caso contra Joaquín el Chapo Guzmán dejaron claro que los cárteles habían sobornado al Ejército Mexicano y al gobierno hasta las más altas esferas, para evitar ser acosados, detenidos y acusados en México”.

El defensor del menor de los hijos del Chapo calificó como “absurda” la idea de que el gobierno mexicano participara de alguna decisión relacionada con el juicio, al señalar el caso del general Salvador Cienfuegos. Por ello, la FGR también lo conminó a presentar las denuncias y pruebas correspondientes.

En un comunicado, la Fiscalía manifestó que “rechaza, de manera absoluta y contundente, descalificaciones injustas expresadas de manera irresponsable, sin aportar pruebas; y, todo ello, en busca de un oportunismo mediático que descalifica a quien dolosamente lo utiliza”.

Añadió que “la Fiscalía General de la República, en territorio nacional y en ese país, a través de nuestros consulados y de la Embajada de México, está en disposición de recibir y documentar, de inmediato, cualquier denuncia al respecto”.

Después de la audiencia judicial de Ovidio Guzmán López, en una Corte del estado de Illinois, en Estados Unidos, Lichtman acusó al gobierno mexicano de liberar al general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido por el gobierno de EU y acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al salir de la Corte, en un encuentro con la prensa, Lichtman expresó que Salvador Cienfuegos “era el cargo de más alto rango en México al que se le imputaran cargos. En Estados Unidos se le acusó de proteger a miembros del narco, y después de que se imputaran cargos al general Cienfuegos se insistió en que volviera a México porque México quería someterlo a proceso”.

Y agregó: “se le devolvió a México en donde fue exonerado de inmediato, y no solamente se le exoneró, sino que el presidente de México dijo que la DEA había fabricado la evidencia que se presentó contra el general Cienfuegos, algo otra vez absurdo. Y algo peor, entonces el gobierno de México violó un acuerdo bilateral que tenía con el gobierno de Estados Unidos”.

Por ello, la FGR instó al abogado a denunciar cualquier delito de manera formal y sustentada con pruebas, “garantizando toda la libertad que nuestras leyes le reconocen a quienes pongan en el conocimiento de la autoridad, los delitos cometidos en nuestro país, o por alguna autoridad mexicana; refrendando que, de acuerdo con nuestras leyes, quienquiera que conozca de un delito tiene la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes, aportando las pruebas correspondientes. Y, quien no lo haga, incurre en una infracción legal”.

La instancia encabezada por Alejandro Gertz Manero destacó en su comunicado que la detención y extradición de Guzmán López se llevó a cabo en territorio nacional, en un operativo realizado en enero de 2023, por el Ejército Mexicano, en el cual perdieron la vida 10 elementos.

Agregó que, tras ser imputado por delitos relacionados con tráfico de drogas y delincuencia organizada, Ovidio Guzmán se declaró culpable. “Casi dos años después, y posteriormente a diversos acuerdos judiciales, declaraciones de culpabilidad y retrasos de audiencias, el día de hoy dicho individuo, ante las autoridades judiciales norteamericanas, aceptó su culpabilidad en los principales delitos de los que fue acusado, asumiendo la responsabilidad penal y la prisión que se le vaya a imponer”.

Tras su declaración de culpabilidad de cuatro cargos por narcotráfico –entre los que se encuentran: tráfico de drogas, lavado de dinero, delincuencia organizada posesión y uso ilegal de armas de fuego–, “se comprometió a ser testigo y a declarar en juicios de otros miembros de la delincuencia organizada, colaborando con las autoridades de ese país, de conformidad con los acuerdos que hayan establecido”, indicó la FGR.

Finalmente, subrayó la labor del gobierno mexicano en el combate a los grupos de la delincuencia organizada, “al haber obtenido las órdenes de aprehensión originales, y al haber detenido en territorio nacional a dicho individuo, para ser extraditado.  Lo cual demuestra, con resultados indudables, el compromiso de legalidad de nuestro país y de sus autoridades”.

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