La interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) –de la Organización de las Naciones Unidas– sobre lo que ocurre con este crimen minimiza los avances que han tenido “diversas instancias del Estado mexicano, y poco o nada menciona sobre el trabajo de esta CNDH en años recientes”, criticó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ello, en el contexto de la solicitud de información que hizo dicho a México. La CNDH resaltó que el CED “está conformado por 10 personas que actúan en su capacidad de expertas y expertos en temas de derechos humanos”, pero que opinan bajo su experiencia, por lo que –según la CNDH– “no representa lo que pueda opinar la comunidad internacional”.
Además, el organismo autónomo señaló “que parece ser un esfuerzo concertado desde algunos espacios mediáticos y de opinión para generar una visión” errónea de lo que ocurre en el territorio en cuanto a las desapariciones forzadas.
En particular, la CNDH mostró su preocupación ante la narrativa de que “la respuesta a los problemas en México sea la intervención de organismos extranjeros”. Al respecto, indicó que, si bien es fundamental el apoyo, se debe poner en el centro “la agenda nacional de derechos humanos”; lo contrario “atenta contra la soberanía misma del pueblo de México y se aleja de cualquier forma de solución estructural a los problemas que en efecto nos aquejan”.
Solicitud de información
En abril de este año se activó –hacia México– el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en el que se argumentó “que la desaparición de personas en México es generalizada y sistemática”. De tal manera que puede ser remitido el caso a la Asamblea General de la ONU y “acarrear presión política para nuestro país desde perspectivas internacionales que no empaten con la realidad ni las necesidades nacionales”.
En junio pasado, México fue enterado de la solicitud de información por parte del CED, con la aseveración de que “las desapariciones en México eran forzadas, sistemáticas y generalizadas”, lo cual rechazó el gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Comisión también rechazó el señalamiento y subrayó que muchos hechos tomados en cuenta por la Comisión, fueron previos a 2019 o cometidos por gobiernos locales priistas, como en Veracruz, Coahuila y Nayarit.
En este sentido, la CNDH calificó como falsa la noticia del periódico El Financiero donde se mencionó que el Estado mexicano retenía información, se mantenía en silencio o no había presentado todo lo solicitado por el Comité. “La realidad es que las instituciones del Estado mexicano compartimos la información solicitada a la Cancillería y ésta se encargó de responder al Comité en tiempo y forma”.
Omisiones del CED
Si bien el comunicado de la CNDH reconoció que la desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos y ha ocasionado dolor colectivo por muchos años, subrayó que el personal trabaja “en enfoques integrales que consideren las múltiples dimensiones, causas y consecuencias de las desapariciones.
Afirmó que las desapariciones forzadas, incluidas en la visión de la Comisión, ocurrieron en sexenios previos al del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, narró que los casos actuales corresponden a “complejos fenómenos criminales en ciertas regiones del país”.
Por ello, destacó que la Comisión tiene registro de “396 expedientes de queja por presuntos hechos violatorios de desaparición forzada o involuntaria de personas” entre 2009 y agosto de 2025, de los cuales el 68.6 por ciento (272 casos) corresponden al periodo de 2009 al 2001.
Asimismo, informó que estos casos se distribuyen en ciertas entidades federativas. “De los 396 expedientes mencionados, 56.8 por ciento se abrieron por hechos ocurridos en cinco entidades: Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Chihuahua y Coahuila”, de igual manera, entre 2009 y 2012.
En particular, 2011 fue el año con el mayor número de expedientes abiertos, con 102, “en plena ‘guerra contra el narco’”, durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa. Al contrario, entre 2020 y 2025, se registraron 46 eventos de desaparición forzada, equivalente al 11.6 por ciento del total, agregó en relación con la solicitud hecha por el Comité en contra de la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que ha señalado a México de ser un país donde ocurren estos crímenes de manera generalizada.
La CNDH lamentó que la comisión de Naciones Unidas no tome en cuenta “esta tendencia a la baja” del delito; así como el incremento en el número de recomendaciones: de 2.6 anuales entre 2009 y 2019, a 4.2 de 2020 a 2024, de acuerdo con el comunicado.
Recordó la creación, en 2020, “de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente”, que “reconocieron a más de 900 víctimas que entre 1965 y 1990 sufrieron violaciones graves, incluida la desaparición forzada”, y los cuales no reconoció el CED.
“Nos toca a todas y todos en México identificar los problemas nacionales, trazar rutas de colaboración entre autoridades, instancias protectoras de derechos humanos y el pueblo”. Por parte de la Comisión, dijo estar comprometida en “fortalecer nuestros vínculos y comunicación con los colectivos, como se ha hecho desde el inicio de la actual administración, y participando además en esfuerzos institucionales como, por ejemplo, las mesas de diálogo hechas a petición de la presidenta de la República en la Secretaría de Gobernación, que llevaron a relevantes cambios legislativos”, indicó la CNDH.
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