Entre las medidas con las que el gobierno de México pretende combatir a las factureras, se propone que la “prisión preventiva oficiosa para todas estas personas que no son contribuyentes y que están afectando al fisco federal”, destacó Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ello, a partir de las modificaciones que se harán al Código Fiscal de la Federación, como parte de la reforma al artículo 19 de la Constitución que se aprobó el 31 de diciembre de 2024. “La venta de facturas falsas ahora es un delito que implica una afectación grave al fisco federal”.

Martínez Dagnino anunció que también se reducirá el plazo para proceder contra las factureras: ahora será menor a 24 días. Además, se dará de baja el sello para facturar desde el inicio del procedimiento. Un tercer cambio es que “los socios, accionistas, representantes legales que vendan facturas ya no van a poder inscribir otra empresa. Y quien las compre, se van a tener que corregir; si no, también se les va a bajar su sello de facturación”.

Además, mencionó que se modificó el proceso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y la firma electrónica, para evitar la existencia de empresas que pueden facturar: el RFC y la firma ya no se dan el mismo día, como se hacía antes, “con el propósito de tener un mayor control de la facturación”.

Asimismo, “para reforzar el piso parejo” en el pago de impuestos, las empresas ahora deben comprobar el domicilio que declaran, de ser realmente el de la compañía “y no de un socio o accionista, que puede ser testaferro y puede simular las operaciones para no pagar los impuestos”.

Las y los factureros son aquellas “personas o despachos que constituyen empresas de papel que emiten comprobantes fiscales falsos por montos que superan los miles de millones de pesos, con el fin de evadir el pago de impuestos”, explicó el titular del SAT.

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