Un colectivo de organizaciones vinculadas a Claudio X. González Guajardo, empresario y líder de la oposición, presentó ante el Congreso de la Unión la primera iniciativa ciudadana en materia electoral, como contrapropuesta a la reforma que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una vez finalizados los foros de consulta ciudadana que se llevan a cabo en todo el país.

Las asociaciones agrupadas bajo el colectivo “Salvemos la Democracia” entregaron 188 mil 355 firmas, superando las 133 mil requeridas por la Ley de Participación Ciudadana para que una iniciativa de este tipo pueda ser recibida y discutida por el Poder Legislativo. Por ello, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió formalmente el documento.

Según el colectivo, su intención es que la propuesta sea discutida a principios de febrero del 2026, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Es decir, casi al mismo tiempo de la presentación formal de la reforma electoral del Ejecutivo Federal.

La iniciativa del colectivo considera cinco puntos: árbitro justo, cancha pareja, cero trampas, fuera delincuencia organizada y, el último, no al chapulineo ni sobrerrepresentación. Sin embargo, entre las propuestas más destacadas se plantea modificar el financiamiento de los partidos políticos para que el 50 por ciento se pueda distribuir en forma igualitaria y lo restante se destine según el porcentaje de votos que obtuvieron en la elección de diputados inmediata anterior, para reducir “el sesgo que favorece al partido con mayor estructura”.

Por otro lado, en su segundo eje, el colectivo plantea una modificación al artículo 41 constitucional, con el fin de “otorgar mayor certeza y seguridad jurídica” en materia de comunicación institucional, a fin de definir con precisión a la propaganda gubernamental como “todo ejercicio de comunicación por parte de cualquier entidad pública, que haga uso de recursos públicos y que tenga por objeto dar a conocer una idea y/o un proyecto vinculado con acciones de gobierno o de algún partido político”. Con esta definición, señalan, se pretende evitar “vacíos legales”.

Asimismo, el documento incluye trabas al “chapulineo”, como se conoce a la práctica de legisladores propuestos por un partido, pero que una vez electos se adhieren a otras bancadas legislativas. Por ello, plantea la sustitución por suplente si “la renuncia al partido ocurre en primer año; estatuto de independiente si ocurre en el segundo, e incorporación a nueva bancada sólo a partir del tercer año”.

Entre los motivos expuestos por el colectivo, integrado por organizaciones vinculadas a figuras de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, se destaca que los dos últimos procesos electorales –en los que la bancada de Morena obtuvo la victoria– habrían “socavado la integridad” de la democracia mexicana.

Sin embargo, el mismo grupo otorga plena legitimidad a las controvertidas elecciones de 2006, en las que resultó electo Felipe Calderón Hinojosa, así como a las de 2012, que dieron el triunfo a Enrique Peña Nieto, pese a las denuncias de irregularidades que ambos comicios arrastran hasta la fecha.

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