A inicios de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente federal retiró la denuncia penal contra el Grupo México por su presunta responsabilidad en el “peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”: el derrame tóxico de 40 mil metros de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014. Esto forma parte de los acuerdos a los que llegaron los secretarios Rosa Icela Rodríguez –de Gobernación– y Édgar Amador –de Hacienda– con la empresa de Germán Larrea –en la que también participa BlackRock–. Sólo así, Grupo México aceptó los términos del Plan de Justicia, que incluyen aportar un presupuesto de 1 mil 500 millones de pesos para remediar la zona y atender la salud de los afectados, así como terminar con la huelga en la mina de Cananea

En los primeros días de enero de 2026, la Secretaría de Gobernación ordenó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales desistirse de la denuncia penal contra el Grupo México, relacionada con la contaminación del Río Sonora, como parte de los acuerdos alcanzados a fines de 2025 entre los secretarios Rosa Icela Rodríguez y Édgar Amador –de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– con altos directivos de la compañía minera.

Para el 9 de enero, la Semarnat concretó la orden: ese día presentó ante el Poder Judicial de la Federación el primer escrito y los términos por los cuáles se retira dicha querella, presentada el 17 de agosto de 2023, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esa denuncia penal, la dependencia –entonces a cargo de María Luisa Albores– acusaba a las filiales Mexicana de Cananea, SA de CV; Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV, así como a las personas físicas que resulten responsables por su presunta responsabilidad en actos negligentes que causaron el derrame tóxico de 40 mil metros de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014. La Semarnat de ese momento señaló que es el “peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”.

La decisión de desistirse de la denuncia penal se tomó el 22 de diciembre de 2025, como parte de los acuerdos de alto nivel alcanzados ese día entre la empresa del magnate Germán Larrea –y en la que también participa el fondo buitre BlackRock– y el gobierno federal, durante las mesas de diálogo en las que también participaron la secretaria Alicia Bárcena –de Medio Ambiente–, directivos del IMSS y del IMSS-Bienestar, funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua.

El escrito presentado por la Semarnat el 9 de enero pasado condiciona el desistimiento de la denuncia penal a que Grupo México cumpla con todos los compromisos que asumió, no sólo en el tema del saneamiento del Río Sonora y la atención a la salud de los habitantes de la región, sino también en lo referente a los mineros de Cananea que, por años, se mantuvieron en huelga.

El pasado 13 de febrero en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el juicio contra Grupo México “tiene que cerrarse de acuerdo con la ley, no es nada más que se levante el juicio. La reparación integral del daño tiene que ver con una salida alternativa a este juicio. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero el gobierno insistió en que tenían que cumplir con lo que la comunidad desde hace años venia pidiendo”.

Fuentes consultadas por Contralínea explicaron que la autoridad ambiental puede reactivar en cualquier momento la acción penal contra el Grupo México, si éste incumple alguno de los acuerdos. También indicaron que la empresa de Larrea presionó para que se retirara este condicionamiento previo a pagar una primera parte de lo acordado, lo cual no se aceptó.

El 13 de febrero, la presidenta Sheinbaum afirmó que la compañía minera ya pagó una tercera parte de los 1 mil 500 millones de pesos que se comprometió. Al respecto, dijo que el dinero fue depositado a la Tesorería de la Federación, y que pronto se darán más detalles del acuerdo alcanzado, así como de las acciones que se están llevando en la zona afectada, en especial lo de la construcción del hospital.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el mismo 9 de enero pasado, el Grupo México retiró las demandas penales que interpuso contra el gobierno y contra exfuncionarios de la Semarnat. Sin embargo, no compareció para ratificar el desistimiento, con lo que esperaría que su cabildeo con Segob y Hacienda lleve al cierre total del tema penal, antes de cumplir con todas las medidas acordadas.

Por ese derrame tóxico, las autoridades federales calcularon en 2023 que más de 22 mil habitantes de ocho municipios (Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la parte rural de Hermosillo) ubicados en la cuenca del Río Sonora fueron afectados por ingesta o contacto con el agua contaminada con metales pesados.

Además, establecieron que el derrame tóxico se debió a un mal diseño hidrológico del sistema Tinaja 1. Por lo que no se puede clasificar como accidente, sino como negligencia de construcción. “A lo largo del río hay concentraciones de metales pesados asociados a jales que comprueban la contaminación del agua. A lo largo del río se encontró mercurio, geológicamente inexistente en agua y en sedimentos”, advirtió la Semarnat en sus argumentos de la denuncia penal.

La lista de metales pesados aún presentes en sedimentos del afluente incluye: arsénico, hierro y fluoruros, asociados a efectos negativos en la salud no sólo de las personas, sino del ambiente (suelo, agua, flora, fauna y aire).

Acuerdo con Grupo México

En la conferencia presidencial del 29 de diciembre de 2025, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que los dos acuerdos más relevantes con Grupo México fueron: las acciones en favor del medio ambiente, la salud y el agua de los habitantes de la región afectada por el derrame tóxico; y el fin de la huelga de más de 18 años de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana de la mina de Cananea, Sonora.

Agregó que, para cumplir ambos objetivos se pactó crear un fondo por 2 mil 222.6 millones de pesos. Ello, dijo Rodríguez, como parte de una inversión conjunta entre Grupo México, el gobierno federal, el gobierno de Sonora y el depósito de la empresa minera ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –de 2018 y 2019– para la instrumentación del Plan Integral de Justicia.

La secretaria de Gobernación detalló que, en materia de justicia ambiental. Grupo México aceptó que se establezcan mecanismos de restauración en el Río Sonora, con estudios técnicos y científicos que determinen la extensión de los daños en suelos y sedimentos, así como el tipo de acciones que se requieren para el saneamiento del suelo contaminado.

En materia de agua, afirmó que el acuerdo es fortalecer el monitoreo de la calidad del agua del Río Sonora con un centro de visualización de la calidad del agua en tiempo real, nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste. Además, se pactó la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en cuatro potabilizadoras que ya están en operación.

En materia de salud, detalló que el IMSS Bienestar mejorará la infraestructura y equipamiento del actual Hospital Comunitario en Ures. Por ello, éste “será transformado en Hospital Regional, con 60 camas, 21 consultorios en especialidad y un área de atención intensiva para atender casos sin necesidad de traslados, un centro para la salud renal con servicios de nefrología, seis sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, y el actual hospital se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados”.

Las fuentes consultadas por Contralínea refieren que este punto de la atención a la salud de la población afectada también fue muy álgido en las negociaciones, pues una de las exigencias de la compañía de Germán Larrea fue que se le cambie el nombre a la Unidad Toxicológica. Ello, con el objetivo de “cuidar su imagen” de “empresa socialmente responsable” y “amiga del planeta”. Dicha Unidad médica será clave en la detección temprana de metales pesados en sangre, para atender posibles cuadros clínicos de enfermedades terminales, como cánceres y enfermedades crónico renales.

El 29 de diciembre, Rosa Icela Rodríguez afirmó que “el gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo, y ya estamos viendo que esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. Hoy culminan 18 años de lucha, es un hecho histórico, como gobierno de la transformación escuchamos y atendimos las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de las que se tenga registro en la historia de México”.

Y confesó que “no fue sencillo” llegar a un acuerdo con Grupo México. “Ha sido un gran esfuerzo de muchas partes, claro que hubo resistencias, pero, al mismo tiempo, se dio la cooperación y apertura de los involucrados para llegar a un acuerdo”. Estos acuerdos fueron alcanzados directamente por los secretarios Rosa Icela Rodríguez y Édgar Amador, y comunicados posteriormente a las autoridades ambientales.

La denuncia del gobierno de AMLO

Interpuesta en 2023, la denuncia penal contra Grupo México se enfocó en la presunta negligencia que habrían cometido las personas morales Mexicana de Cananea, SA de CV; Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV, así como personas físicas que resulten responsables por los mismos hechos relacionados con el derrame tóxico.

Sobre las personas físicas, la denuncia no sólo se refería a ejecutivos y encargados de las filiales mineras, sino también a exfuncionarios de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Semarnat, que estaban en funciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los delitos que se denunciaron fueron contra el ambiente y la gestión ambiental, así como hechos de corrupción al omitir atender medidas técnicas, correctivas y de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental.

Específicamente a las empresas del Grupo México se les acusó de autoría intelectual y material de conductas activas y omisas que derivaron en la extinción del fideicomiso para atender los daños ambientales y de salud derivados del derrame tóxico. Es decir, para cubrir la mitigación del desastre ambiental, así como indemnizar en materia social, sanitaria y económica a las personas afectadas.

A los exservidores públicos del gobierno de Peña Nieto se les acusó de incumplimiento de funciones, pues no verificaron de forma directa el cumplimiento de los términos de la concesión minera. Así, retirar la denuncia penal contra todos ellos implica desistirse de acciones que podrían incluir penas de cárcel.

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