Facebook opera el sistema de moderación de contenidos más grande que el mundo ha conocido. La empresa administra la interacción de más de 2 mil millones de personas y procesa cientos de miles de millones de mensajes diarios, un flujo de información imponente, incluso si de quien habláramos fuera un Estado. Por esta razón, no es exagerado decir que los gobiernos nacionales han sido desplazados por las plataformas de redes sociales en la tarea de decidir qué ideas pueden circular y cuáles deben ser eliminadas de los espacios digitales.
Así, empresas como Facebook, Youtube y Reddit (por mencionar algunas) se convierten en entidades que pueden ejercer actos de censura con cuasi ominipresencia y omnipotencia. La posibilidad de que una plataforma afecte derechos humanos es el resultado natural de su posición autoritaria frente a los usuarios. Al borrar publicaciones o suspender cuentas de forma discrecional, Facebook y compañía realizan actos que invariablemente trastocan derechos como la libertad de expresión.
Ante este escenario, afirmar categóricamente que es imposible que estas empresas puedan violar nuestros derechos ignora la realidad. Por un lado, la naturaleza pública del entorno digital obliga a las plataformas a ejercer sus funciones bajo un marco de protección de derechos humanos. Por el otro, el control que cada una de estas plataformas tiene sobre todo el contenido en las redes las asemeja a autoridades que toman decisiones unilaterales, equivalentes a las del Estado, y que impactan directamente en el ejercicio de derechos que deben protegerse.
Este fenómeno ha sido atendido principalmente en el ámbito transnacional, ya que la protección de las personas frente a los abusos de poderes privados es una obligación reconocida en tratados internacionales. Estos instrumentos exigen que el Estado intervenga cuando una empresa vulnera libertades básicas como la expresión o la privacidad. Asimismo, relatores de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos reconocen que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, dada su función pública.
La atención que este fenómeno recibe a nivel global se debe a que las plataformas ejercen funciones de moderación y censura a una escala superior a cualquier estructura estatal. Sin embargo, eso no puede justificar la inacción judicial a nivel doméstico. Cada país tiene la obligación de establecer medios idóneos para garantizar la seguridad de las personas frente al control unilateral de una empresa como Facebook. Esto se vuelve imperativo si consideramos que niñas, niños, activistas y otros grupos vulnerables son quienes están más expuestos a sufrir alguna violación a sus derechos en los espacios digitales.
Esta asimetría de poder nos exige al derecho, y a quienes lo ejercemos, replantearnos constantemente la relación entre las personas y las plataformas de redes sociales para así evitar abusos de poder. Nuestro sistema de justicia debe desarrollar criterios progresivos; de lo contrario, estaríamos renunciando a proteger a las personas en la era digital.
Ana María Ibarra Olguín*
*Magistrada de Circuito; licenciada, maestra y doctora en Derecho*
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