Con penas de hasta 70 años de prisión, la homologación del delito en todo el país y la creación de mecanismos integrales de prevención, investigación y atención a víctimas, se presentó la iniciativa de Ley General en materia de prevención, investigación y sanción del delito de feminicidio.
Durante la conferencia presidencial, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la propuesta incluye una reforma al Artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en la materia, con el objetivo de articular acciones entre los distintos niveles de gobierno y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
La fiscal detalló que la iniciativa reconoce el feminicidio como una grave violación a los derechos humanos, y establece nueve razones de género para su tipificación, como la existencia de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima o exposición del cuerpo.
Asimismo, contempla 21 agravantes, entre ellos que la víctima sea niña, adolescente, persona mayor, con discapacidad, migrante o perteneciente a pueblos originarios o afrodescendientes, así como que el delito se cometa frente a hijas o hijos.
De acuerdo con la funcionaria, el delito será investigado de oficio, mientras que la acción penal, las sanciones y la reparación del daño serán imprescriptibles. También se establece que el agresor perderá derechos sucesorios, patria potestad, tutela, guarda y custodia, así como cualquier beneficio relacionado con la víctima.
En materia de investigación, la iniciativa propone homologar protocolos a nivel nacional, para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, con lo que se incorpora de forma obligatoria la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, el análisis de contexto y la coordinación entre autoridades.
Además, se plantea fortalecer las Fiscalías Especializadas, con personal certificado y capacitado en investigación del delito y atención a víctimas, así como garantizar la continuidad en las investigaciones durante todas las etapas del proceso penal.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, señaló que la iniciativa incorpora un enfoque integral de atención a víctimas directas e indirectas.
Indicó que la Ley garantiza derechos como el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica, asistencia jurídica gratuita, así como servicios de salud, educación y seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
Añadió que se contempla una reparación integral del daño, que deberá ser efectiva, rápida y proporcional, lo que incluye medidas de restitución de derechos y protección, especialmente para menores de edad.
La funcionaria también explicó que la iniciativa establece obligaciones para plataformas digitales, a fin de evitar la difusión de imágenes de víctimas de feminicidio de forma revictimizante o sensacionalista.
En materia de prevención, se proponen mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para la detección temprana de riesgos, el acceso a refugios y servicios especializados, así como la creación de una comisión especial que acompañe la implementación de la Ley.
La subsecretaria informó además que se plantea la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, en coordinación con diversas instituciones, con el objetivo de diseñar políticas públicas para la atención integral de estas víctimas indirectas.
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