Por incumplimiento de la ley, el SAT revocó a 270 asociaciones civiles la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos y exentar el pago del ISR. Entre éstas destacan tres organizaciones opositoras a la 4T que habrían simulado que su actividad es la “investigación científica o tecnológica”: el IMCO –ligado a la oligarquía mexicana y trasnacional–, México Evalúa –aliada de grupos de derecha y financiada por la fundación del magnate George Soros– y Mexicanos Primero –vinculada al empresario Claudio X González Guajardo–. Entre las canceladas también están: la Fundación Camino a Casa –asociada a la panista Rosi Orozco, e involucrada en casos de maltrato y abuso sexual contra infantes víctimas de trata–; la Red de Periodistas Sociales-Periodistas a Pie; Acción Unida, AC, fundada por el panista Miguel Ángel Villegas; Fundación Barra Mexicana, AC, creada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Moverse Vector, propiedad de Vector Casa de Bolsa, emproblemada tras los señalamientos del Departamento del Tesoro sobre un presunto lavado de dinero; y el CEAAD, vinculado a la ultraderechista Fundación Konrad Adenauer
Tras un análisis técnico, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos y exentar el pago del ISR a 270 asociaciones civiles, a las que señaló de haber incumplido la Ley del Impuesto sobre la Renta. La autoridad fiscal detalló que, previo a esta decisión, se les respetó su derecho de audiencia para conocer sus alegatos, pero “no cumplieron o subsanaron lo dispuesto por la ley en el plazo legal otorgado”.
Contrario a la idea que se ha tratado de difundir, la decisión del fisco no significa que se les prohíbe recibir donaciones, sino que sus donantes no podrán descontarlas del pago de impuestos, y que las AC estarán obligadas a pagar el ISR. Es decir, dejarán de vivir del erario nacional.
En la lista de las 270 asociaciones civiles destacan tres que se han opuesto de forma sistemática a los gobiernos de la cuarta transformación: el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO); México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC; y Mexicanos Primero, Visión 2030, AC. Dos de ellas, financiadas durante varios años por el gobierno de Estados Unidos a través de la USAID, lo que está prohibido por la Constitución (ello, porque los gobiernos extranjeros están vetados de inmiscuirse en la política mexicana).
No obstante, el SAT indicó que la revocación de la autorización no responde a un tema político, sino a que esas asociaciones civiles incumplieron con la ley al declarar que realizan investigaciones científicas o tecnológicas, lo que no pudieron comprobar. Es decir, habrían mentido para estar en un régimen fiscal preferencial, lo que también podría implicar delitos.
Además, Contralínea ha revelado que el IMCO, México Evalúa y Mexicanos Primero están ligadas a la oligarquía nacional y trasnacional, la derecha política opositora a la 4T y promotora de expresiones como la marea rosa; y los análisis y estudios que generan rayan en la propaganda neoliberal.
Caso IMCO
La información que el IMCO proporcionó al SAT refiere que su órgano de gobierno está integrado por los empresarios Tomás Roberto González Sada –directivo de la empresa Cydsa, SAB de CV–; Alejandro Ramírez Magaña –dueño de Cinépolis y opositor a la cuarta transformación–; Claudio Xavier González Laporte –presidente de Kimberly Clark y uno de los acérrimos adversarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador–; Valentín Diez Morodo –miembro de los consejos de administración de Grupo Financiero Banamex; Kimberly Clark de México; DESC; Multivisión MVS Comunicaciones; Avantel; Grupo Ferroviario Mexicano; y Grupo Alfa, y adversario de la 4T–; y Luis Manuel Murillo Peñaloza –director general de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, consejero de Operadora Valmex y de Grupo Peñoles.
Otros dos miembros asociados de su órgano de gobernanza son: el exdirector editorial del diario Reforma y exdirector del propio IMCO, Juan Ernesto Pardinas Carpizo; el salinista Jaime José Serra Puche –actual presidente de Grupo Financiero BBVA México, exsecretario de Comercio y Fomento Industrial en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari –y principal negociador del TLCAN–, y exsecretario de Hacienda y Crédito Público los primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo –del 1 al 29 de diciembre de 1994–, tiempo en el cual se convirtió en el principal responsable del colapso de la economía por el llamado “error de diciembre”, que derivó en el mayor latrocinio que ha padecido el pueblo de México: el Fobaproa-IPAB; y Eugenio Santiago Clariond Reyes, accionista de Jidosha Internacional y excónsul de México en Brasil durante el sexenio de Felipe Calderón.
Adicionalmente, en su Informe anual 2025, el Instituto incluye en su Consejo a: José Barraza, Emilio Carrillo, María Amparo Casar (presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y socia de Claudio X González Guajardo, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum nombró el júnior tóxico), Lorenzo de Rosenzweig, Antonio del Valle Perochena, Gabriela Hernández, Armando Paredes, Antonio Purón, Daniel Servitje, Vicente Yañez y Jaime Zabludovsky.
Y anexa como “board member” (miembro de la junta), al Consejo Coordinador Empresarial, integrado por Alejandro Malagón Barragán (Concamin), Juan José Sierra Álvarez (Coparmex), Antonio del Valle Perochena (Consejo Mexicano de Negocios), Daniel Servitje Montull (Consejo Mexicano de Negocios), Enrique Zambrano Benítez (Consejo Mexicano de Negocios), Jorge Esteve Recolons (Consejo Nacional Agropecuario), Emilio Romano Mussali (Asociación de Bancos de México), Diego Cosío Barto (Antad), Jorge Humberto Santos Reyna (Caintra), Pedro Pacheco (Amis), Guillermo Zamarripa Escamilla (Amafore), Sergio Contreras Pérez (Comce), Vicente Gutiérrez Camposeco (Canaco), Álvaro García Pimentel (Amib), Antonio Cosío Pando (CNET).
Otros datos relevantes del IMCO que ilustran cómo este think tank está relacionado con la oligarquía mexicana y trasnacional y con grupos de derecha son los relacionados con sus “alianzas estratégicas 2025”, que el propio instituto describe como aquellas con las que desarrolló proyectos. Algunas de ellas fueron con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Foro Económico Mundial; las embajadas de Estados Unidos en México, Reino Unido, Canadá, Noruega y Suiza; los bancos extranjeros privados BBVA y Banamex; con las empresas Mercedes-Benz Mobility México, Starbucks México, Casa de Bolsa Finamex y TC Energy, y la Fundación Coppel; así como con la Confederación Patronal de la República Mexicana, y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.
Otras alianzas importantes son con organizaciones extranjeras identificadas como de derecha, entre ellas la Fundación Konrad Adenauer; y con el Atlas Network, aunque en 2025 no reportó financiamiento ni proyectos en común. A ello se suma que, a lo largo de su historia, el IMCO ha sido financiado por el Consejo Mexicano de Negocios, integrado por trasnacionales como Femsa, Alfa, Lala, Mabe, MVS, Grupo Pisa, Vitro, Televisa, Grupo Carso, Chedraui, Grupo México.
De acuerdo con el más reciente informe financiero presentado ante el SAT, en 2024 el IMCO obtuvo donativos deducibles de impuestos por 33 millones 897 mil 949 pesos, y otros 4 millones 502 mil 426 pesos por intereses y rendimientos de inversiones. De acuerdo con los datos, su nómina de apenas 43 personas costó 26 millones 614 mil 125 pesos; si todos hubieran percibido el mismo salario, habrían ganado 618 mil 933 pesos anuales (51 mil 577 pesos al mes).
Además, parte del dinero lo destinó a elaborar estudios como: “La reforma energética debe respetar el espíritu y letra del T-MEC”; “Los Organismos Públicos Electorales Locales y su rol en la democracia”; “Diez propuestas en materia de finanzas públicas”; “Propuestas para la energía que queremos 2024-2030”. Estos últimos, en el contexto de las elecciones presidenciales de aquel año. https://contralinea.com.mx/interno/semana/eu-trasnacionales-y-los-mas-ricos-de-mexico-detras-del-grupo-de-presion-imco/
Caso México Evalúa
El siguiente caso es el de la asociación civil México Evalúa, cuyo órgano de gobierno es presidido por Luis Rubio Freidberg (miembro del consejo de Coca-Cola FEMSA y de fondos de inversión como Aberdeen India Fund, Inc y The India Fund, Inc.). Y en la vicepresidencia, el empresario Fernando Senderos Mestre (dueño de Grupo KUO –que engloba marcas como Herdez, Del Fuerte, Kekén, Megamex Food, Grupo Dynasol– y el desarrollador inmobiliario Dine, e integrante de los Consejos de Administración de empresas como Grupo Televisa, Industrias Peñoles, Grupo Nacional Provincial, Grupo Carso, Kimberly Clark de México).
Además, el órgano de gobierno está integrado por José Ramón Cossío Díaz (exministro de la Corte, opositor a la 4T y a quien el expresidente López Obrador señaló en 2021 como artífice del juicio de amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica, en asociación con Claudio X González Guajardo), (Edna Camelia Jaime Treviño, el salinista Jaime Enrique Zabludowsky Kuper (quien fungió como subjefe de la negociación del TLCAN, y en 1994 fue nombrado subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales), Federico Jesús Reyes Heroles González Garza, Martha Matilde Mejía Montes (directora general de Zimat Consultores), Eugenio Rafael Garza Herrera (presidente del Consejo de Administración de Xignux, compañía ligada al sector energético), Luis Fernando Gerardo De La Calle Pardo (exconsejero independiente de la CFE y miembro de la junta de la empresa Cintra), y Ángel Emilio Carrillo Gamboa (socio fundador del bufete Carrillo Gamboa, miembro del Comité de Auditoría de Kimberly Clark de México, de Grupo México y de Southern Copper, además de ser secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Negocios y presidente del Consejo de Administración de The Mexico Fund).
Además de ese claro nexo con uno de los máximos poderes fácticos a nivel global (el poder económico), México Evalúa reconoce abiertamente que entre sus financiadores están la National Endowment for Democracy (NED), Atlas Network, Open Society y The William & Flora Hewlett Foundation, lo que la conecta con grupos de la derecha internacional y de intereses trasnacionales.
Ejemplo de ello es la NED, ligada al gobierno de Estados Unidos y a sus redes clandestinas. Esta se define oficialmente como una fundación estadunidense privada sin fines de lucro, dedicada al crecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas en todo el mundo, en realidad opera actividades injerencistas alrededor del mundo que anteriormente fueron delegadas a la CIA, bajo la máscara de promover la democracia.
Históricamente, la NED se ha entrometido en asuntos internos de diversos países, ejerce influencia en elecciones, financia propaganda pro estadunidense y pro neoliberal, y dona recursos a proyectos de organizaciones no gubernamentales, generalmente contrarias a gobiernos democráticos progresistas.
El libro Las tramas del poder en América Latina; élites y privilegios señala que la National Endowment for Democracy y la Agencia de Desarrollo de EU (USAID) son organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos, que “con frecuencia intervienen en procesos electorales y políticos de otros países. Estas dos organizaciones se han convertido en fuente de financiamiento para MCCI [Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por Claudio X y presidida por María Amparo Casar], México Evalúa y ETHOS. Además, el financiamiento entreteje también a varios centros, como en el caso de IMCO que comparte varias personas directivas con la junta de México Evalúa”.
Añade que la NED fue “creada en 1983 con el fin de promover la democracia y la libertad económica alrededor del mundo. Ha financiado organizaciones en 90 países, incluyendo a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Ucrania y muchos otros. Sin embargo, el impacto de sus intervenciones ha sido objeto de gran controversia. Hale (2003) no encontró ninguna evidencia de que haya contribuido a la democracia y a la libertad económica durante los años noventa. Según Franklin (1985), la NED ha canalizado millones de dólares hacia una diplomacia anticomunista y Busic (2020) argumenta que sus políticas son antidemocráticas, imperialistas e inmorales, y que sus recursos se utilizan en países que se alinean con los intereses de Estados Unidos”.
Otro mecenas de México Evalúa es la Fundación Open Society, propiedad del magnate George Soros, fundador del fondo buitre Soros Fund Management, e inversionista de compañías como: Southwest Gas Holdings, Alphabet Inc (empresa matriz de Google), la farmacéutica Astra Zeneca, y la armadora de vehículos eléctricos Rivian Automotive, Inc.
De acuerdo con el informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, de la relatora de la ONU Francesca Alabanese, entre las corporaciones que contribuyen y se benefician del genocidio en Gaza está Alphabet (que además de controlar Google maneja Youtube).
Otra patrocinadora de México Evalúa y de proyectos como el medio Animal Político es The William & Flora Hewlett Foundation, fundada en 1966 por el empresario William R Hewlett –cofundador de la trasnacional Hewlett-Packard–, su esposa Flora y su hijo Walter. Aunque actualmente asegura no tener nada que ver con la compañía HP.
Y Atlas Network, el mayor think tank de la derecha internacional. De acuerdo con el libro Las derechas en México. Debates analíticos y estudios de caso (coordinado por los investigadores John M. Ackerman, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Adrián Escamilla Trejo, e Israel Jurado Zapata), éste “se presenta como una organización ‘que conecta una red mundial de más de 475 organizaciones de libre mercado en más de 90 países con las ideas y los recursos necesarios para avanzar en la causa de la ‘libertad’. La Red Atlas ofrece a su red orientación, oportunidades de subvenciones y premios competitivos, y ocasiones para celebrar los éxitos de gran impacto. Atlas Network fue fundado por un discípulo de Friedrich von Hayek, con sede en Washington desde 1981, para defender posiciones ultraliberales”.
El 5 de noviembre de 2025, la presidenta Sheinbaum reveló en su conferencia matutina que Atlas Network estaría detrás de una campaña mediática digital en su contra, pues las cuentas digitales que entonces promovían una marcha por la revocación de mandato estaban vinculadas con ese think tank. Y recordó que Atlas Network está conectada con la ultraderecha internacional, que tiene por objetivo manipular a la sociedad a partir de posicionar tendencias en redes sociales.
“Es una organización de ultraderecha que no solamente actúa en México, sino en muchos países, particularmente de América Latina, y lo hace no con un debate público relacionado con posiciones ideológicas o políticas, sino a través de la manipulación de imágenes y del pago con mucho dinero de todos estos que les llaman bots, robots, que en realidad no son números relacionados con una persona, sino son múltiples cuentas que –por dinero– están publicando lo que se ponen de acuerdo para poder levantar tendencias y que sea una manipulación.”
La presidenta Sheinbaum Pardo también recordó que dicha organización ya había sido exhibida por impulsar los hashtags #narcopresidenteAMLO y #narcocandidata. “También, muchas de las cuentas estuvieron relacionadas con narcogobierno en su época y todo aquello de narcopresidente que vivió el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Y explicó que se trata de “una forma de actuación que además viene del extranjero” y que esta situación está vinculada con las manifestaciones a través de las redes sociales, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y el llamado a una manifestación supuestamente organizada por la generación Z.
“Parece como que de la nada mucha gente usó las redes para manifestarse y sí hay una parte de ello, pero resulta que es bastante menor; y lo que hacen con esto es, además de publicar y generar tendencias, pues impulsar que otros crean esto que son mentiras para poderse vincular [al movimiento]”, dijo la primera mandataria.
Caso Mexicanos Primero
La tercera asociación civil cancelada por el SAT es Mexicanos Primero. De acuerdo con su más reciente informe fiscal entregado al SAT, correspondiente al ejercicio 2024, su órgano de gobierno se integra por tres empresarios: Claudio Xavier González Guajardo, accionista de Kimberly Clark quien en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales encabezó la llamada “marea rosa” que posicionó la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez, y se convirtió en “líder moral” del PRIAN; su hermano Pablo Roberto González Guajardo, director general de Kimberly Clark; y el dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña.
En 2021, Contralínea reveló que Mexicanos Primero Visión 2030 acumuló de 2010 a 2015 un patrimonio por 276 millones 887 mil 318 pesos, de los cuales correspondieron a donativos 205 millones 843 mil 478 pesos, más 13 millones 361 mil 499 pesos de intereses bancarios generados en cuentas de inversión –especulativas–, lo que da un total de 219 millones 204 mil 977 pesos, que equivale al 79 por ciento del patrimonio total de esa asociación civil en sólo seis años.
De acuerdo con información contenida en un expediente de 1 mil páginas y elaborado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2017) por los órganos de inteligencia, seguridad y el fisco, el monto de las “donaciones en efectivo” que recibió esa asociación civil “sin fines de lucro”, alcanzó en ese mismo año los 53 millones 427 mil 956 pesos, dinero que le generó intereses bancarios en cuentas de inversión por 1 millón 853 mil 505 pesos, para dar un total de 55 millones 281 mil 461 pesos.
En 2015, la plantilla laboral de Mexicanos Primero Visión 2030 ascendía a 34 empleados contratados bajo el régimen de asalariados y otro como asimilados; siete personas más estaban como voluntarias y no recibían sueldo alguno, de acuerdo con el portal del SAT de asociaciones donatarias autorizadas.
En aquellos años, los asociados a la organización tenían salarios millonarios a costa de las donaciones: en 2015, su presidente era Fernando Landeros Verdugo (actualmente vinculado al Teletón), quien sólo ese año cobró por salarios de esa asociación civil 4 millones 230 mil 969 pesos, lo que equivale mensualmente a 352 mil 580.75 pesos, todo producto de los donativos que en 2015 alcanzaron los 55 millones 281 mil 461 pesos.
El negocio siguió fluyendo, pues en el informe rendido al SAT se apunta que en 2024 obtuvo ingresos por 42 millones 621 mil 791 pesos por donativos.
Otras AC revocadas
En la lista de las 270 asociaciones civiles a las que el SAT les revocó la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos y exentar el pago del ISR también están: la Fundación Camino a Casa –asociada a la panista Rosi Orozco, e involucrada en casos de maltrato y abuso sexual contra infantes víctimas de trata–; la Red de Periodistas Sociales-Periodistas a Pie; Acción Unida, AC, fundada por el panista Miguel Ángel Villegas; Fundación Barra Mexicana, AC, creada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Moverse Vector, propiedad de Vector Casa de Bolsa, emproblemada tras los señalamientos del Departamento del Tesoro sobre un presunto lavado de dinero; y el CEAAD, vinculado a la ultraderechista Fundación Konrad Adenauer.
