Cuatro exservidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (Banbien) fueron inhabilitados hasta por 10 años para ocupar cargos en el servicio público por faltas administrativas graves, entre ellas el uso indebido de datos personales, retiros de dinero sin autorización de cuentahabientes y la manipulación de información interna, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en un comunicado.
De acuerdo con la dependencia, las sanciones fueron resultado de investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control en ambas instituciones, las cuales permitieron acreditar las irregularidades que posteriormente fueron sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, junto con multas económicas.
En el caso del SAT, una exservidora pública fue sancionada por la asignación irregular de citas para trámites, mediante el uso de datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución, lo que derivó en la inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos.
En el Banco del Bienestar, tres exservidores públicos fueron sancionados. En dos casos se acreditó el retiro de recursos de cuentas bancarias, sin consentimiento de los cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos. En otro caso, se detectó la realización de conciliaciones con información no verídica.
Las sanciones impuestas incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como multas económicas que van de los 25 mil a los 250 mil pesos, de acuerdo con lo resuelto por el tribunal.
Las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones; sin embargo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que, en caso de hacerlo, defenderá las determinaciones al considerar que están respaldadas en evidencia y apegadas a derecho.
La dependencia subrayó que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, por lo que hizo un llamado a la población a denunciar actos de corrupción a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.
Reiteró que quienes incurren en actos de corrupción en el servicio público traicionan la confianza de la ciudadanía y deben enfrentar consecuencias, al tiempo que reafirmó su compromiso de fortalecer la honestidad y el combate a la impunidad en las instituciones públicas.
Te podría interesar: México impulsa Olinia, su primer vehículo eléctrico nacional
