En materia de extradiciones, las autoridades estadunidenses se han negado a cooperar con México. Todas las solicitudes que este país les ha hecho en poco más de ocho años se encuentran sin atender, o de plano ya fueron rechazadas, a pesar de que las peticiones son por delitos graves, como delincuencia organizada (por ejemplo, los casos de Genaro García Luna y Francisco García Cabeza de Vaca), desaparición forzada (caso Ayotzinapa) y huachicol fiscal.

Entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, México ha presentado 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos. “¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno”, acusó la presidenta Claudia Sheinbaum, al subrayar la falta de reciprocidad del gobierno estadunidense.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria destacó que las solicitudes del gobierno mexicano están relacionadas con casos de gran relevancia para el país, lo que incluye exgobernadores acusados de corrupción, delincuencia organizada, factureros y personajes vinculados al caso Ayotzinapa; sin embargo, ninguno de estos presuntos delincuentes ha sido entregado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, informó del estatus actual de estas solicitudes: 36 casos han sido negados y 233 permanecen pendientes de conclusión.

De los casos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales, y 50 son solicitudes de detención provisional con fines de extradición; de estas últimas, el gobierno estadunidense ha solicitado información adicional en 47 casos.

El secretario de Estado enlistó algunos de los nombres y procesos más relevantes en los que México ha solicitado extradición como el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado por uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este caso, Estados Unidos solicitó información complementaria antes de requerir la presentación formal de la solicitud.

El exfuncionario se encuentra en territorio estadunidense prófugo de la justicia mexicana, ya que cuenta con una orden de aprehensión activa. Hasta la fecha no ha sido detenido y acusa ser víctima de persecución política.

Víctor Manuel Álvarez Puga –conocido como el rey de las factureras–, aunque está acusado por delitos de delincuencia organizada, la solicitud fue negada bajo el argumento de no tratarse de un delito violento.

El empresario fue detenido en Florida en octubre de 2025 por autoridades migratorias del país vecino del norte, y desde entonces el gobierno mexicano ha solicitado su extradición, pues desde 2019 la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en la que también figura su esposa, la expresentadora de televisión Inés Gómez Mont, cinco personas físicas y 7 morales.

Además, investigaciones los vinculan con otros delitos como peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero– supuestamente para una organización criminal.

Otro caso destacado es el de Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, ambos acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero tras presuntamente defraudar por más de 5 mil millones de pesos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tras el término de un contrato de forma anticipada.

Zaga Tawil fue detenido en Florida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado mes de abril, y el gobierno mexicano requirió una petición formal para que enfrente su proceso jurídico.

Las autoridades mexicanas también solicitaron la extradición de José Ulises Bernabé al estar acusado de delincuencia organizada y ser considerado como una pieza clave para esclarecer lo ocurrido con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sin embargo, la respuesta del gobierno estadunidense fue una solicitud de información adicional.

Y es que, desde abril de 2015 fue detenido en territorio estadunidense al no acreditar su estancia legal en el país, sin embargo, solicitó asilo político, protección que le fue concedida en 2020. Al momento de la desaparición de los jóvenes fungía como juez de Barandilla.

Asimismo, se solicitó el proceso contra Pablo Vega Cuevas, alias Transformers, integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, que cuenta con una investigación por delincuencia organizada en México. Sin embargo, fue liberado en Estados Unidos el 19 de agosto de 2025 tras permanecer 10 años en prisión, al declararse culpable de tráfico de cocaína y entrar en el mecanismo de testigo protegido, según informaron diarios locales.

Otro expediente referido por la SRE es el de William N, acusado de trata de personas, cuya solicitud de detención provisional fue negada.