Caracas, Venezuela. La cifra oficial de muertos por los terremotos que azotaron el norte de Venezuela el 24 de junio llegó a 2 mil 595 y la de heridos a 12 mil 400, según informó el gobierno, bajo críticas por su manejo de la crisis y mientras se mantienen labores de rescate y atención a las víctimas.

Los desaparecidos podrían ser miles, con base en estimados sobre cuántas personas pudo haber en los edificios que colapsaron o que quedaron inhabitables, unos 800 en la ciudad portuaria de La Guaira y otras áreas del litoral vecino a esta capital, donde también se desplomaron ocho edificaciones.

Los refugios habilitados por el gobierno, agencias de las Naciones Unidas y otras entidades albergan a unas 30 mil personas damnificadas.

Todavía el 3 de julio en algunos edificios del litoral caribeño equipos de rescate buscaban posibles víctimas con vida y también extraían cadáveres, llevados a una morgue improvisada a cielo abierto en instalaciones portuarias.

El 2, ocho días después de los terremotos, un trabajador de vigilancia atrapado en un sótano, Hernán Gil, fue rescatado con vida tras casi 100 horas de trabajo, con túneles y boquetes abiertos entre una montaña de escombros por equipos de rescatistas que debieron trabajar por turnos durante tres días.

La mayoría de la treintena de equipos de rescatistas llegados del extranjero –sobre todo de América y Europa, pero también de India, Qatar y Vietnam– emprendieron el regreso, aunque permanecen algunos equipos médicos y hospitales de campaña. En total han trabajado 57 equipos extranjeros con unos 2300 especialistas.

La tragedia se detonó al anochecer del 24 de junio, cuando dos terremotos con apenas segundos de diferencia entre ellos, de 7.2 y 7.5 en la escala Richter y epicentros a unos 200 kilómetros al noroeste de Caracas, sacudieron el norte del país.

La movilización inmediata de vecinos y voluntarios para rescatar y auxiliar a las personas atrapadas fue seguida por las de los bomberos, autoridades, la prensa y los gobiernos de otros países que rápidamente anunciaron el envío de grupos de rescate, maquinaria y equipos, alimentos, medicinas, insumos y otros bienes.

Este país de 29 millones de habitantes ha vivido por años una crisis humanitaria compleja, con todos sus servicios públicos muy deteriorados, al punto de que la Organización Mundial de la Salud estimó que sus hospitales –algunos dañados por los terremotos– tienen escasez de hasta el 37 % de medicamentos esenciales.

A eso se suma que decenas de miles de profesionales de la salud han integrado la legión de migrantes –8 millones de personas– que en la última década dejaron el país en el contexto de su crisis económica, social y política.

Entre muchas carencias, resaltó la falta de equipamiento de los grupos de rescate nacionales que se pudieron movilizar, incluso la de herramientas sencillas reclamadas por los vecinos –como palas, carretillas y linternas– así como de maquinaria y camiones, y también de vigilancia.

Los periodistas que se movilizaron a las áreas afectadas recogieron, desde las primeras horas de su trabajo de cobertura, un mar de pedidos, denuncias y reclamos por la falta de asistencia con efectivos de defensa civil o militar y, sobre todo, de maquinaria y equipos para posibilitar los rescates.

Desde Caracas, durante las primeras 72 horas después de los terremotos, miles de personas se desplazaron en sus vehículos hasta el vecino litoral –25 kilómetros al norte, con apenas una vía importante de acceso– para auxiliar a los residentes en edificaciones sobre varios kilómetros de línea costanera.

En una conferencia de prensa el 2 de julio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó que esa movilización respondió a “una matriz mediática, todos a La Guaira”, lanzada a través de las redes sociales con el objetivo político de crear caos y obstaculizar las labores de búsqueda y rescate.

Culpó a “laboratorios mediáticos que tenemos identificados” por esa operación con el objetivo político de golpear a su gobierno.

“Miserables, los laboratorios mediáticos que responden a las oposiciones políticas partidistas son unos miserables, al politizar una situación humanitaria como esta, donde el gobierno no ha tenido medida para desplegar sus esfuerzos”.

En la escueta conferencia de prensa -cinco preguntas admitidas- Rodríguez varios periodistas confrontaron a Rodríguez con sus observaciones y reportajes sobre el terreno y las denuncias recogidas por sus centenares de entrevistados acerca de la falta de labor, ayuda e incluso de presencia oficial en zonas de desastre.

Rodríguez defendió la labor del gobierno en el contrapunteo asegurando que 24 horas después de los sismos ya se habían movilizado 4000 funcionarios y que 48 horas después ese número llegaba a 11 mil, y ya hay 19 mil.

También presentó los esfuerzos de coordinación con la ayuda internacional, la ubicación de los damnificados en refugios y el trabajo forense con fallecidos y sus familias: “Nadie va a la fosa común”, puntualizó.

Una encuesta de las firmas AtlasIntel y Bloomberg, conocida este viernes y con estudio realizado el 29 y 30 de junio, registró 25.2 por ciento de aprobación y 58.7 por ciento de desaprobación hacia la gestión de Rodríguez. En enero la gobernante obtuvo 37 por ciento de aprobación y 44.3 por ciento de desaprobación.

El 3 de julio se cumplen seis meses desde que la entonces vicepresidenta Rodríguez asumió como presidenta encargada, horas después de que en una cruenta operación relámpago fuerzas militares de Estados Unidos bombardearon Caracas e hicieron prisioneros al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Según la Constitución, al cabo de seis meses de ausencia temporal del presidente procede la vacancia absoluta del cargo, con convocatoria a nuevas elecciones, pero el Tribunal Supremo de Justicia obvió esa norma y dispuso que existía una inédita “ausencia forzosa”, por lo que Rodríguez está encargada por tiempo indefinido.

Inter Press Service (IPS)*

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