La empresa Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios SA de CV y Atv de Sahuayo SA de CV quedaron inhabilitadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) por incurrir en irregularidades durante procesos de contratación pública, por lo que no podrán participar, de manera directa o mediante intermediarios, en nuevas licitaciones ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
Las sanciones, publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incluyen multas económicas e inhabilitaciones temporales, luego de que ambos casos fueron investigados por los Órganos Internos de Control de las dependencias involucradas.
En el caso de Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le impuso una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación de un año tras acreditar que presentó información falsa durante la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024, relacionada con el suministro, entrega y distribución de víveres para unidades médicas del régimen ordinario y del programa IMSS-Bienestar.
De acuerdo con la resolución, la empresa presentó tres contratos de compraventa con el propósito de acreditar la experiencia y especialidad exigidas en el procedimiento de contratación. La sanción fue notificada el pasado 18 de junio.
Por otra parte, el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano sancionó a Atv de Sahuayo SA de CV, con una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses, al determinar que actuó de mala fe durante su participación en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-55-J9E-055J9E001-I-26-2025, convocada para la adquisición de cascos de protección para motociclistas.
La investigación concluyó que la empresa incorporó documentación e información sin verificar su autenticidad y veracidad, conducta que derivó en la imposición de la sanción, notificada el 29 de junio.
Con la publicación de ambas resoluciones en el DOF, las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en procedimientos de contratación o celebrar nuevos contratos con el Gobierno de México mientras permanezcan vigentes las inhabilitaciones.
La SABG precisó que las sanciones fueron impuestas conforme a la legislación aplicable, y se considera la gravedad de las conductas acreditadas. Asimismo, recordó que las empresas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones por la vía legal correspondiente.
Las inhabilitaciones forman parte de las acciones emprendidas por la dependencia para reforzar la legalidad y la integridad en las compras públicas, particularmente en los procedimientos de contratación con recursos federales.
