No creían algunos que la Revolución fuese posible, que la victoria fuese posible, pero la Revolución fue posible, y la victoria fue posible. Porque nuestra causa era justa, porque se basaba en leyes objetivas de la sociedad y de la Historia.
Fidel Castro
El 7 de marzo de 2026 se conformó en Miami el Escudo de las Américas, una alianza militar que, bajo el discurso de la seguridad hemisférica plantea una estrategia integral de reorganización geopolítica del continente, con lo que se concreta la entrega voluntaria de la soberanía regional a Estados Unidos por parte de diversos gobiernos latinoamericanos de ultraderecha, los cuales continúan siendo calificados como democráticos, aun cuando gran parte de sus decisiones políticas se orientan en perjuicio de los pueblos que gobiernan.
Esta articulación americana expresa la disposición de dichos gobiernos para facilitar el acceso de las corporaciones transnacionales estadunidenses a recursos estratégicos como el petróleo, el gas, el litio, los minerales críticos y el agua, con lo que se favorece la concentración de las ganancias en los grandes capitales capaces de sostener una guerra económica global.
Esta alianza militar conservadora abre diversos frentes de confrontación económica, política, ideológica y cultural que actualizan el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Su propósito es bloquear cualquier proyecto alternativo de nación que reivindique la soberanía, limite la expansión del imperialismo y promueva la construcción de un orden internacional multipolar. Presentado eufemísticamente como una “Coalición Anticártel de las Américas”, el acuerdo representa una nueva etapa del proceso colonial de expansión estadunidense en la región, ahora legitimado bajo la renovada Doctrina Donroe.
La firma del acuerdo contó con la presencia de quienes dirigen la política de intervención desde Estados Unidos: Marco Rubio, secretario de Estado; Pete Hegseth, secretario de Defensa; Kristi Noem, enviada presidencial especial y exsecretaria de Seguridad Nacional; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Howard Lutnick, secretario de Comercio; y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos. Estuvieron también los lacayos presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Por su parte Colombia y Perú anunciaron posteriormente su incorporación, mientras México y Brasil permanecen como los dos principales países que hoy limitan la consolidación de una hegemonía estadunidense absoluta sobre América Latina.
Esta alianza militar redefine la agenda pública regional al presentar como amenazas de seguridad los proyectos políticos alternativos, y los etiqueta sistemáticamente como “narcoterroristas”. Bajo esta narrativa se incorpora la estrategia de seguridad nacional estadunidense a las doctrinas militares de los Estados latinoamericanos. Las consecuencias de este proceso ya resultan visibles: en Bolivia se han otorgado facultades a las fuerzas armadas para reprimir las protestas de comunidades indígenas organizadas contra los proyectos de privatización impulsados por el gobierno, mientras en Ecuador, se ha documentado también el incremento de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, incomunicación de personas detenidas y restricciones indebidas a las garantías judiciales bajo el argumento del combate al crimen organizado.
En paralelo, se integran como actores geopolíticos de este proyecto los grandes conglomerados mediáticos nacionales e internacionales a través de un discurso hegemónico que legitima este nuevo orden del que los propios medios, los partidos políticos conservadores y diversos gobiernos extranjeros se ven beneficiados. En este contexto emerge nuevamente la figura del “enemigo interno”, pues la agresividad discursiva contra opositores políticos, movimientos sociales, pueblos indígenas y organizaciones populares se articula con la narrativa impulsada por Donald Trump, que presenta la migración latinoamericana como una invasión continental, redefine la producción y circulación de drogas como un problema de guerra internacional y convierte la seguridad nacional en el argumento que legitima la militarización de la vida pública.
La guerra contra el enemigo interno no es una política de seguridad, es un mecanismo de reorganización del poder imperialista, cuyo objetivo es preservar la hegemonía estadunidense mediante la militarización de la política, el disciplinamiento de las sociedades latinoamericanas y la subordinación de sus recursos estratégicos a los intereses del capital transnacional.
Entre la criminalización de la protesta, las amenazas constantes que viven los gobiernos de izquierda, la persecución política a las ideas críticas del imperialismo y el capitalismo, haremos crecer la esperanza colectiva que como memoria anticolonial ha aprendido a resistir contra las formas más sofisticadas de la guerra, mientras unos sueñan con destruir, otros sabemos quién está del lado correcto de la historia.
Marcela Román*
*Licenciada en historia, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha participado como analista en diversos medios de información nacionales y extranjeros, además de crear el podcast de entrevistas Casa de Brujas. Actualmente analiza la construcción de poder geopolítico con base en los discursos que se difunden en diversos espacios de información.
