Como parte de la Estrategia Integral Contra el Despojo, en los últimos 12 días las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a 44 personas y aseguraron 15 inmuebles en la capital, a fin de combatir ese delito. Además, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció el inicio de la Defensoría Social en el Zócalo capitalino para que víctimas expongan sus casos y se les dé acompañamiento

De las 90 personas detenidas por despojo en la Ciudad de México desde enero de 2026, 44 fueron aprehendidas en apenas 12 días –­desde el 5 de agosto, cuando se reforzó la Estrategia Integral Contra el Despojo–, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, el pasado 17 de agosto.

En esos mismos 12 días, la Fiscalía General de Justicia capitalina recibió 89 denuncias, de las cuales 14 fueron acreditadas como despojo –dos de ellos con violencia–, mientras 46 permanecen en revisión y 29 se determinaron como conflictos distintos al delito, explicó la fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, quien agregó que, de los 14 casos confirmados, las autoridades lograron el aseguramiento del inmueble –entre dos y tres días– en ocho ocasiones.

Entre los ejemplos que detalló la fiscal destacan un inmueble en Villa General Roca, alcaldía Iztapalapa, denunciado el 12 de agosto y asegurado el 15; uno en Avenida del Rosal, también en Iztapalapa, denunciado el 7 de agosto y asegurado al día siguiente; otro en José de la Cuesta, Tláhuac, con dos días de respuesta; y uno más en Oriente 166, Venustiano Carranza, resuelto en tres días. Los otros tres casos tardaron, en promedio, una semana, aclaró.

Al sumar la revisión de expedientes anteriores a esta etapa, la Fiscalía reportó 24 personas detenidas, 15 aseguramientos de inmuebles, ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas por despojo, una orden de restricción, 39 derivaciones a mecanismos alternativos de solución de controversias y 11 acuerdos reparatorios.

Sobre la posible colusión de notarios o servidores públicos con redes de despojo, la fiscal Alcalde Luján dijo que, en los 14 casos identificados durante estos 12 días, no se ha detectado un patrón específico, aunque reconoció que sí existen casos anteriores con mención de funcionarios de distintos niveles de gobierno y personal de alcaldías, los cuales se investigan tanto por despojo como por corrupción.

Consultada en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, el pasado 17 de agosto, sobre la diferencia entre esta cifra y los 44 detenidos que mencionó el secretario de Seguridad, Alcalde Luján aclaró que las 44 corresponden a personas puestas a disposición por posibles allanamientos o ingresos irregulares, mientras que las 24 son únicamente los casos que la Fiscalía ya vinculó de manera específica al delito de despojo, con detenidos y judicializaciones confirmadas.

En este sentido, Vázquez Camacho detalló que, desde enero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha logrado 27 remisiones relacionadas con allanamientos o ingresos irregulares en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Álvaro Obregón e Iztapalapa.

Por su parte, la mandataria capitalina, Clara Brugada, destacó tres restituciones logradas en este periodo: en la colonia Del Valle, un inmueble rentado despojado con violencia fue asegurado; en Santa María la Ribera, la actuación institucional restituyó la propiedad a sus legítimos dueños; y en San Pedro de los Pinos se recuperó y restituyó un predio despojado previamente.

La fiscal también aclaró que el delito de despojo sí prescribe, a diferencia de lo que se había mencionado en una conferencia anterior. Explicó que ese caso involucra al menos siete juicios civiles y mercantiles relacionados con controversias de propiedad, incumplimiento de contratos, pagarés y usurpación, lo que derivó en un no ejercicio de la acción penal por prescripción, actualmente impugnado por la familia afectada.

Estrategia reforzada desde el 5 de agosto

La estrategia que hoy reporta resultados fue presentada originalmente el 5 de agosto por el gobierno capitalino, la Fiscalía, notarios y el Poder Judicial local, con el compromiso de restituir inmuebles en un plazo máximo de 15 días y judicializar los casos en 30 días.

Para lograrlo, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX anunció la creación de una unidad especializada con 20 personas juzgadoras dedicadas exclusivamente al despojo, además de áreas para recibir órdenes de desalojo, detectar procedimientos simulados con documentos falsos y vigilar convenios ante el Centro de Justicia Alternativa, según informó el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez.

De acuerdo con el Código Penal capitalino –Artículo 237, fracción I–, el despojo se castiga con prisión de seis a 11 años, y puede alcanzar hasta 22 años cuando existen agravantes como que la víctima sea una persona vulnerable, que el delito se cometa contra un bien público, que haya simulación de actos legales o que se busque lucrar con la propiedad ajena.

Junto con la agilización de los plazos judiciales, se anunció un Programa de Seguridad Patrimonial enfocado en prevención, con asesoría jurídica, acompañamiento a víctimas y servicios notariales gratuitos, además de reformas a la Ley del Notariado y a la Ley Registral, y la puesta en marcha de una Alerta Registral Institucional junto con una nueva Unidad de Inteligencia Registral.

Esta semana, Brugada Molina anunció que la Defensoría Social comenzará el próximo lunes 24 de agosto en el Zócalo capitalino, con 100 profesionales del derecho. La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, precisó que se trata de personal ya adscrito a distintas áreas de la Consejería Jurídica.

Sobre la campaña de regularización de la propiedad anunciada hace 12 días, Brugada Molina dijo que aún no tiene fecha de arranque, pero que comenzará por las unidades habitacionales derivadas de créditos gubernamentales, con beneficios fiscales que se negocian con notarios y con el gobierno federal.

En cuanto a los adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables ante el despojo, Brugada Molina anunció que próximamente presentará una estrategia específica de apoyo tecnológico y acompañamiento para este sector.

Antes del reforzamiento de agosto, la fiscal Alcalde Luján ya había reconocido la existencia de redes criminales vinculadas al despojo de viviendas. A finales de julio, su Fiscalía desarticuló dos de estas redes, en las que participaban servidores públicos, lo que derivó en la detención de seis policías y la emisión de 10 órdenes de aprehensión contra otros presuntos implicados.

En una conferencia del 29 de julio, la fiscal había informado sobre 1 mil 846 carpetas de investigación iniciadas –de 1 mil 966 denuncias presentadas–, con los casos más recurrentes en las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Ese mismo 29 de julio, autoridades capitalinas se reunieron durante cuatro horas con vecinos y víctimas de despojo de seis alcaldías, donde se comprometieron a revisar 61 nuevos casos y a desarticular las redes responsables. La fiscal informó que atendieron a 81 personas, quienes entregaron esos 61 casos más 20 denuncias por otros delitos.

Las víctimas, por su parte, exigieron reestructurar el gabinete contra el despojo e incorporar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Registro Público de la Propiedad, además de pedir la judicialización de los casos pendientes y una iniciativa de ley que agilizara las restituciones. En ese encuentro, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, afirmó que la administración capitalina había restituido, hasta ese momento, alrededor de 300 casos de inmuebles previamente despojados.

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