Petróleos Mexicanos (Pemex) ha presentado 10 mil 674 denuncias por robo de combustible ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la Procuraduría Fiscal de la Federación ha llevado ante esa instancia 127 casos por defraudación fiscal, informó el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro. Estas acciones forman parte de la estrategia federal para combatir las irregularidades en la importación, distribución y comercialización de hidrocarburos.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha interpuesto 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos.

Por su parte, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha presentado 150 casos penales por inconsistencias en los volúmenes despachados en estaciones de servicio, y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), 11 casos por contrabando y falsedad en las declaraciones de los volúmenes de importación.

Vidal Amaro añadió que los operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la FGR derivaron en la detención de 2 mil 539 personas y el decomiso de 5 mil 572 unidades de transporte, entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques. También reportó el aseguramiento de 173.7 millones de litros de diversos combustibles.

Tras la presentación del balance, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno federal cuenta con un Centro de Monitoreo de Combustibles para dar seguimiento a la cadena desde la importación hasta el expendio al público. Su base de datos concentra información sobre importadores, comercializadores, distribuidores, transportistas y almacenistas.

Según su exposición, el sistema vincula los registros del SAT y Aduanas con los permisos de importación y los datos de los buques que arriban a los recintos aduaneros, así como de los autotanques y ferrotanques que ingresan por las fronteras terrestres. La ANAM mantiene comunicación con su contraparte estadunidense para verificar el volumen de combustible con el que salen los buques de Estados Unidos y comprobar que coincida con el recibido en México, mediante la certificación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La mandataria detalló que, cuando alguna institución detecta irregularidades, se realizan inspecciones y se inicia el procedimiento administrativo correspondiente; si los hechos pueden constituir un delito, se presenta la denuncia penal.

Al respecto, señaló que las investigaciones han alcanzado a distintos participantes de la cadena, desde responsables de las importaciones hasta distribuidores. Aclaró que no todos pertenecen necesariamente a los grupos tradicionalmente identificados como delincuencia organizada.

Sheinbaum Pardo también se refirió a la revisión de los permisos de comercialización, cuyo esquema vinculó con la reforma energética de 2013. Explicó que sus titulares pueden comprar y vender combustible sin contar necesariamente con transporte o activos físicos. En ese segmento, de acuerdo con el balance presentado, se detectaron inconsistencias por 6 mil 352 millones de litros.

“Hoy la investigación más profunda está sobre la comercialización y el objetivo incluso es cambiar la ley para disminuir la participación de los comercializadores que, en realidad, no le vemos mucho sentido a que participen”, afirmó.

Entre las alternativas que analiza el gobierno, mencionó permitir que las empresas de transporte compren directamente a los importadores o acotar legalmente la función de los intermediarios.

La presidenta sostuvo que la revisión de los permisos y el cruce de los registros de volumen, compraventa y facturación buscan identificar dónde se producen las diferencias.

Asimismo, explicó que las investigaciones se concentran en dos tipos de prácticas: el contrabando de combustibles y el fraude mediante facturación.

En el primer caso, una modalidad consiste en declarar ante la aduana un volumen inferior al que realmente ingresa al país; por ejemplo, reportar 10 litros cuando se transportan 20. Otra es registrar la importación de nafta u otro producto químico cuando en realidad se introduce un combustible distinto, con el propósito de evitar el pago del IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios.

La segunda práctica involucra la emisión de facturas por operaciones que no corresponden con los volúmenes efectivamente vendidos. Una comercializadora o una estación de servicio puede reportar ventas superiores a las realizadas y expedir comprobantes por esas cantidades. Para detectar las diferencias, explicó Sheinbaum, el SAT cruza los volúmenes físicos con los registros de comercialización, los montos facturados y los movimientos de dinero.