Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los municipios deberán entregar de manera directa al menos el 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales que reconocen su autonomía.

Durante la sesión, las y los ministros rechazaron los argumentos de 12 controversias constitucionales que reclamaban la entrega de los recursos a las autoridades municipales, al considerar que la medida no vulnera su autonomía hacendaria. Asimismo, reconocieron la validez de las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026 que facultan a la Secretaría de Bienestar para emitir los lineamientos del fondo. Respecto de las reglas correspondientes a 2025, determinaron el sobreseimiento de las impugnaciones, debido a que habían quedado sin efectos.

Las controversias fueron promovidas por la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, y los municipios de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Huixquilucan y Metepec, Estado de México; San Andrés Cholula, Puebla; Kanasín, Yucatán; Irapuato, Guanajuato; La Piedad, Michoacán; San Juan de los Lagos y Chapala, Jalisco; San Juan del Río, Querétaro, y San Luis Potosí, en la entidad homónima.

Los promoventes alegaban violación a su autonomía hacendaria y sostenían que la Secretaría de Bienestar actuaba como una autoridad intermedia en la administración del fondo. Sin embargo, el pleno desestimó esos planteamientos, pues las aportaciones federales del FAIS tienen destinos específicos y no están sujetas al régimen de libre administración de los recursos municipales.

La Corte concluyó que esta disposición responde al mandato del artículo 2 constitucional, cuya reforma de septiembre de 2024 reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como capacidad para recibir y administrar directamente las asignaciones presupuestales que les corresponden. Con ello, se busca fortalecer su autonomía y contribuir a reducir las brechas de desigualdad.

Para el ejercicio fiscal 2026, el componente indígena y afromexicano del FAIS, denominado FAISPIAM, cuenta con 13 mil 506 millones de pesos, equivalentes al 10 por ciento de los recursos del fondo. Este presupuesto está destinado a financiar obras de infraestructura social básica, como agua potable, drenaje, electrificación, mejoramiento de vivienda, caminos y servicios comunitarios.

Los proyectos de resolución fueron elaborados por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien sostuvo que estas medidas representan “un avance importante para hacer efectivos derechos históricamente postergados y garantizar una auténtica igualdad”.

Por su parte, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, consideró que la resolución cierra una etapa oscura para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al fortalecer el reconocimiento de su autonomía. Recordó que, durante mucho tiempo, sus derechos fueron limitados, incluso en el ámbito agrario, donde se les reconocía únicamente como comunidades de hecho.

“Cuando era evidente el despojo de tierras, nunca se les dio la capacidad plena para defender sus tierras, y sólo se les reconoció como comunidades de hecho, y esa situación se ampliaba a todos los ámbitos de la existencia de las comunidades”, añadió Aguilar Ortiz.