La presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene empresas favoritas, aseguró la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, quien además anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)revisar los procedimientos de licitación del organismo, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de material y documentación electoral.
Taddei hizo el planteamiento durante la presentación del micrositio de transparencia ciudadana INE Siempre a la Vista, contigo en cada paso, donde rechazó los señalamientos sobre supuestas preferencias hacia determinadas empresas. Al respecto, sostuvo que las contrataciones deben sustentarse en reglas, expedientes y decisiones verificables.
“Esta presidencia no tiene empresas favoritas”, declaró luego de precisar que algunas de las compañías mencionadas en publicaciones recientes tienen relaciones comerciales con el Instituto desde 2019. Por ello, consideró necesario revisar el historial de las contrataciones y las fechas en que se hicieron, pues a su juicio cada caso debe analizarse en su momento: “Lo que corresponde es revisar cada expediente en su momento y no atribuir a una persona una decisión tomada antes incluso de su incorporación a esta institución”.
No obstante, reconoció que los antecedentes comerciales no sustituyen la revisión de la legalidad de los procedimientos.
En esa línea, la consejera presidenta informó que los antecedentes de las personas mencionadas en las publicaciones se remitieron al Órgano Interno de Control, instancia competente para determinar si hubo omisiones o falsedades en las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos involucrados.
Aseguró que el INE entregará la información que requieran las autoridades y que no interferirá en las investigaciones. Asimismo, precisó que la nueva revisión que pedirá a la ASF será independiente de las auditorías habituales.
Como antecedente, Taddei habló de su paso por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, que presidió de 2014 a 2021. Según afirmó, en ese periodo participaron seis empresas distintas en las contrataciones de documentación y material electoral, sin que ninguna se repitiera, y los expedientes fueron auditados y revisados.
De ahí que planteara que también debería examinarse el historial de contrataciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y del actual INE, para saber cómo se desarrollaron los procedimientos y qué empresas participaron a lo largo de los años.
Por otra parte, la presidenta explicó que el micrositio INE Siempre a la Vista busca facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre las adquisiciones del Instituto, desde las necesidades que originan una contratación hasta las empresas participantes, las decisiones, las entregas y los pagos documentados.
Sobre el funcionamiento de la plataforma, la maestra Liliana Díaz de León, directora ejecutiva de Administración, detalló que complementará mecanismos como Compra INE con información organizada por temas, explicaciones accesibles y una línea del tiempo para seguir cada etapa de un procedimiento.
El portal, agregó, se organizará en torno a cuatro preguntas: cómo contrata el INE, qué bienes y servicios necesita, cuáles son los procedimientos en curso y qué se ha contratado y cumplido. A su vez, cada consulta incluirá fechas, documentos de respaldo y empresas participantes y, conforme se publique la información, mostrará los avances de las entregas y los pagos.
Para ilustrar el alcance de la herramienta, se presentó el procedimiento para contratar el servicio de producción de la credencial para votar con fotografía, cuya convocatoria se publicó el 31 de octubre de 2025 y cuyo fallo se emitió el 10 de diciembre de ese año.
En esa licitación, la propuesta conjunta de Cosmocolor, ICard Solutions y Talleres Gráficos de México obtuvo la mayor puntuación, con 97.18 puntos, frente a los 82.83 de Beidos México y asociadas. Por su parte, la de Delito Formas y asociadas ni siquiera superó la revisión técnica.
El servicio abarca de junio de 2026 a mayo de 2031, con una oferta de entre 55.64 y 61.74 millones de dólares, antes del impuesto al valor agregado (IVA), precisó Díaz de León. Cabe señalar que, según indicó, los pagos realizados deben consultarse por separado, con sus respectivas fechas y documentos de respaldo.
Otro de los procedimientos abordados fue la compra de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025. Taddei explicó que la primera licitación se declaró desierta porque las propuestas no cumplieron los requisitos de la convocatoria, por lo que se recurrió a una adjudicación directa, sustentada en una investigación de mercado.
Según dijo, la decisión buscó garantizar los tiempos de producción y entrega del material electoral en todas las entidades del país. Para respaldarlo, añadió que la justificación, las fechas y los documentos forman parte del expediente, que puede consultarse.
El anuncio de Taddei ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al INE aclarar las presuntas irregularidades en las contrataciones y transparentar el uso de los recursos públicos. En su conferencia matutina del 21 de octubre, al responder una pregunta de Contralínea sobre las investigaciones abiertas contra empresas proveedoras de papelería y material electoral, señaló que la ASF podría intervenir en la fiscalización porque se trata de recursos públicos. “Lo primero es que el Instituto Nacional Electoral aclare este caso que ha salido recientemente en los medios”.
Además, la mandataria anunció que pedirá a la Secretaría de Gobernación información sobre Talleres Gráficos de México desde el inicio de la actual administración federal, luego de que este semanario le preguntara por la situación de esa empresa pública como posible alternativa para proveer papelería y material electoral.
La consulta se enmarca en las investigaciones que Contralínea ha documentado sobre presuntos esquemas de corrupción en contrataciones del INE, en las que se investiga a exfuncionarios electorales, empresarios y personas morales por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con lo publicado por este semanario, las indagatorias abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abarcan posibles delitos como peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, así como el presunto uso de empresas fantasma.
En los expedientes se menciona a las compañías Cajas Graf, SA de CV; Formas Finas y Materiales, SA de CV; Corporativo Zeg, SA de CV; Comercializadora JVYL, SA de CV, y Formas Finas Fernando Fernández, SA de CV.
Las pesquisas alcanzan también a exfuncionarios y funcionarios electorales: Jesús Octavio García González, director ejecutivo de Administración del INE hasta abril de 2026; Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello; Luis Fernando Reyes Rocha, secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y Jonathan Navarrete Torres.
Entre las líneas de investigación que ha documentado Contralínea figuran presuntas alteraciones en licitaciones, posibles transferencias financieras irregulares y vínculos entre funcionarios y empresas contratistas. Cabe precisar que estos señalamientos forman parte de las indagatorias y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad.



















