El gobierno de México no establece relaciones con grupos criminales ni protege a narcotraficantes, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recordó que la colusión con el narcotráfico ocurrió durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se vinculó con organizaciones criminales.
La mandataria cuestionó al Partido Acción Nacional (PAN) por intentar posicionar la idea de que el gobierno federal mantiene relaciones con grupos criminales, en medio de las investigaciones por el operativo realizado en Chihuahua con participación de agentes estadunidenses.
“Pues eso ocurrió en el gobierno de Calderón, ¿no? Para empezar”, respondió al referirse a los señalamientos de la oposición y a las declaraciones del dirigente panista Jorge Romero sobre la supuesta complicidad con el narcotráfico.
Sostuvo que su administración no establece acuerdos con organizaciones delictivas ni con delincuentes de cuello blanco. “Nosotros no establecemos bajo ningún motivo relaciones perversas con ningún grupo criminal o con delincuentes de cuello blanco. Nuestro aliado es el pueblo y cumplimos con la Constitución y con las leyes”, afirmó.
Como argumento, destacó la reducción de los homicidios dolosos a partir de la llegada de la cuarta transformación al gobierno. Señaló que, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se redujeron 9 por ciento, después del crecimiento registrado en los sexenios anteriores, mientras que en su gobierno la disminución acumulada supera el 50 por ciento, de acuerdo con las cifras que expuso.
La presidenta consideró que esos resultados contradicen las acusaciones de colusión entre las autoridades federales y grupos criminales. “Esta visión se cae por sí misma, es muy absurda”.
Al abordar el caso de Chihuahua, la mandataria Sheinbaum rechazó las versiones de que la detención del exfiscal general de Justicia estatal, César Jáuregui Moreno, estuviera relacionada con sus supuestos intentos por desmantelar un laboratorio clandestino de drogas. Sostuvo que las investigaciones deben centrarse en los hechos ocurridos durante el operativo y en las posibles responsabilidades por la participación de agentes extranjeros.
La mandataria señaló que uno de los aspectos más delicados fue la intervención de agentes estadunidenses en un despliegue nocturno en la Sierra Tarahumara, que derivó en la muerte de dos personas. Ello ocurrió durante el traslado por carreteras sinuosas y de difícil tránsito para acudir a un sitio donde presuntamente se fabricaban metanfetaminas.
Ante ello, cuestionó el objetivo y las condiciones de la operación, al señalar que los agentes extranjeros no tenían atribuciones para desmantelar un laboratorio de ese tipo. Añadió que posteriormente se conoció que las dos personas fallecidas eran agentes estadunidenses que no contaban con autorización para participar en ese operativo y que portaban armas.
Subrayó que la intervención de personal extranjero sin autorización y sin informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores constituye un asunto que debe investigarse conforme a la legislación mexicana, incluida la Ley de Seguridad Nacional.
Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las indagatorias y que, en el caso relacionado con el exfiscal, un juez concedió una orden de aprehensión.
Aclaró que las investigaciones no estaban concluidas en su totalidad y que corresponde a las autoridades ministeriales determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales.
La presidenta insistió en que el caso no debe interpretarse como una persecución contra quienes buscan combatir el narcotráfico, sino que deben esclarecerse las circunstancias del operativo, la actuación de los agentes extranjeros y las posibles irregularidades.
