Este 9 de noviembre, siete ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon analizar una demanda de nulidad de un crédito fiscal por 4 mil 306 millones 799 mil 683.86 pesos, que involucra a Juegos del Bajío, SA de CV. Ello, a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público documentó que ese casino presentó documentación falsa para evadir el pago de esos impuestos. Sólo las ministras Lenia Batres (ponente) e Irene Herrerías votaron por atraer el caso.

Al rechazar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 640/2025, la mayoría de los juzgadores consideraron que se trataba de “cosa juzgada”, porque en la SCJN anterior –presidida por Norma Piña– ya había desechado la solicitud de atracción. Para la ministra Batres, se trató de “una mentira que debería ser ajena a las prácticas de la nueva Corte”.

En un mensaje en sus redes sociales, Batres Guadarrama acusó que el casino tuvo bastante tiempo para cabildear a su favor entre las y los ministros que votaron por desechar el caso: “esta solicitud fue subida en las sesiones de 2 de junio de 2026, 27 de agosto de 2026, 31 de agosto de 2026, 19 de octubre de 2026 y 3 de noviembre de 2026. Lo que permitió un amplio cabildeo que concluyó con su desechamiento en la sesión de hoy”.

Durante su exposición del caso ante el pleno, la ministra Batres dijo a sus pares que “dicho asunto tiene su origen en un juicio de nulidad interpuesto por una empresa que administra casinos, quien obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaró la nulidad del crédito fiscal por un más de 4 mil 306 millones 799 mil 683 pesos”.

Agregó que “la base de la defensa de la empresa fue un contrato falso con el que pretendió demostrar que la persona que recibió la notificación supuestamente se encontraba en otro lugar, en esa fecha. Supuestamente estaba celebrando un contrato de mutuo ante notario público en otra entidad federativa, mismo que exhibió en el expediente. En consecuencia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó la ilegalidad de la notificación del crédito fiscal, y concluyó que habían caducado las facultades de la autoridad para emitir el crédito”.

Agregó que el SAT presentó pruebas supervenientes para demostrar que el casino usó documentos falsos, pero el Tribunal no las admitió porque se presentaron el mismo día en que se resolvió el juicio –el 31 de enero de 2024–. En este contexto, Batres dijo que si la Corte ejercía su facultad de atracción se podría determinar si las pruebas aportadas por el casino son auténticas o fueron confeccionadas o utilizadas de manera fraudulenta para acreditar hechos que no ocurrieron.

Documentos falsos

El pasado 1 de junio, Contralínea reveló el oficio de la SHCP –de fecha 3 de marzo de 2025– en el que se explica que sí procede la atracción de la Suprema Corte porque en este caso la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue omisa al beneficiar al casino. Además, señala que se involucró el uso de información apócrifa. [ https://contralinea.com.mx/interno/semana/shcp-documento-que-juegos-del-bajio-uso-informacion-falsa-para-evadir-impuestos/ ]

La Secretaría de Hacienda acusó que dicho TFJA “declaró la nulidad lisa y llana de la resolución determinante del crédito fiscal con base en un documento falso, y sin tomar en cuenta las manifestaciones realizadas por la autoridad hacendaria respecto de dicha prueba simulada. Aunado a que dicho Tribunal fue omiso en considerar la actualización de una causal de improcedencia y sobreseimiento por extemporaneidad de la demanda del juicio contencioso administrativo, lo cual evitaba entrar al estudio del fondo del asunto”.

La Secretaría de Hacienda también señaló que dicho Tribunal Federal de Justicia Administrativa “fue omiso en emplazar al secretario de Hacienda y Crédito Público, en un asunto donde se está controvirtiendo el interés fiscal de la Federación, dado que se impugnó un crédito fiscal que asciende a 4 mil 306 millones 799 mil 683.86 pesos, monto que impacta de manera importante las finanzas de la Hacienda Pública”.

Para demostrar el uso de documentos falsos por parte de Juegos del Bajío, Hacienda presentó como “prueba superveniente” un escrito del 31 de enero de 2024, en el que el titular de la Notaría Pública número 25, de Quintana Roo, “indicó no haber protocolizado el contrato de mutuo de 11 de septiembre de 2019” que presentó el casino ante el TFJF. Además, la tercera persona que atendió la diligencia de notificación “manifestó que ese día no compareció ante la notaría”.

Para la SHCP, “la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa estaba impedida para dictar sentencia en el juicio contencioso administrativo, debido a que nunca reconoció el carácter de parte a la autoridad hacendaria Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni realizó el formal emplazamiento al mencionado juicio, teniendo este pleno interés en la defensa adecuada del asunto, siendo que la omisión cometida por el citado Tribunal provocó que se declarara la nulidad lisa y llana respecto del crédito fiscal en la cantidad antes referida, repercutiendo así, la omisión efectuada por la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de manera importante las finanzas de la Hacienda Pública, por lo que resulta necesario un pronunciamiento al respecto por parte de esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Ante esta explicación, la ministra Batres Guadarrama solicitó, el año pasado, a la ahora extinta Segunda Sala de la Suprema Corte resolver la nulidad de dicho crédito fiscal por 4.3 mil millones de pesos, “que reviste de interés fiscal de importancia y trascendencia para la Federación”. Pero la ministra Yasmín Esquivel y los ministros Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán rechazaron la solicitud.

El pasado 14 de mayo, la ministra Esquivel acusó a la ministra Batres de “acosar” a la empresa por volver a plantear la necesidad de revisar el caso, para recuperar los 4.3 mil millones de pesos para el pueblo de México.

El año pasado, la ministra Batres planteaba crear una nueva línea jurisprudencial encaminada a brindar certeza jurídica a las autoridades sobre las demandas de nulidad, con el objetivo de robustecer la defensa de los intereses de la Federación; en especial, si se considera que la importante cuantía del crédito fiscal.

Batres consideró que el rechazo de los tres ministros que, entonces, también integraban la Segunda Sala, era contrario al orden público y al interés social, pues cerraba la puerta a que las autoridades puedan defender las prioridades del Estado mexicano, como es el caso de la nulidad de créditos fiscales que, incluso, pudo decretarse bajo pruebas apócrifas.

Ahora, la nueva Corte podría sentar un precedente en este y otros casos similares. Juegos del Bajío es una empresa ligada a los hermanos Rodríguez Borgio, y su permiso fue otorgado en la administración de Vicente Fox, en el periodo en que el panista Santiago Creel fue secretario de Gobernación.