El próximo jueves 4 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá si analiza o no una demanda de nulidad de un crédito fiscal por 4 mil 306 millones 799mil 683.86 pesos, que involucra al casino Juegos del Bajío, SA de CV. El caso reviste importancia no sólo por el monto que involucra, y que dejaría de cobrar el erario nacional, sino porque la empresa presentó documentación falsa para evadir el pago de esos impuestos, confirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En un oficio enviado por la SHCP a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, el 3 de marzo de 2025, se explica que sí procede la atracción de la Suprema Corte porque en este caso la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue omisa al beneficiar al casino, y además se involucró el uso de información apócrifa.
La Secretaría de Hacienda acusó que dicho TFJA “declaró la nulidad lisa y llana de la resolución determinante del crédito fiscal con base en un documento falso, y sin tomar en cuenta las manifestaciones realizadas por la autoridad hacendaria respecto de dicha prueba simulada. Aunado a que dicho Tribunal fue omiso en considerar la actualización de una causal de improcedencia y sobreseimiento por extemporaneidad de la demanda del juicio contencioso administrativo, lo cual evitaba entrar al estudio del fondo del asunto”.
La autoridad hacendaria también señaló que dicho Tribunal Federal de Justicia Administrativa “fue omiso en emplazar al secretario de Hacienda y Crédito Público, en un asunto donde se está controvirtiendo el interés fiscal de la Federación, dado que se impugnó un crédito fiscal que asciende a 4 mil 306 millones 799 mil 683.86 pesos, monto que impacta de manera importante las finanzas de la Hacienda Pública”.
Para demostrar el uso de documentos falsos por parte de Juegos del Bajío, Hacienda presentó como “prueba superveniente” un escrito del 31 de enero de 2024, en el que el titular de la Notaría Pública número 25, de Quintana Roo, “indicó no haber protocolizado el contrato de mutuo de 11 de septiembre de 2019” que presentó el casino ante el TFJF. Además, la tercera persona que atendió la diligencia de notificación “manifestó que ese día no compareció ante la notaría”.
Para la SHCP, “la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa estaba impedida para dictar sentencia en el juicio contencioso administrativo, debido a que nunca reconoció el carácter de parte a la autoridad hacendaria Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni realizó el formal emplazamiento al mencionado juicio, teniendo este pleno interés en la defensa adecuada del asunto, siendo que la omisión cometida por el citado Tribunal provocó que se declarara la nulidad lisa y llana respecto del crédito fiscal en la cantidad antes referida, repercutiendo así, la omisión efectuada por la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de manera importante las finanzas de la Hacienda Pública, por lo que resulta necesario un pronunciamiento al respecto por parte de esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Ante esta explicación, la ministra Batres Guadarramasolicitó, el año pasado, a la ahora extinta Segunda Sala de la Suprema Corte resolver la nulidad de dicho crédito fiscal por 4.3 mil millones de pesos, “que reviste de interés fiscal de importancia y trascendencia para la Federación”. Pero, como acostumbraba la anterior SCJN, la ministra YasmínEsquivel y los ministros Javier Laynez Potisek y AlbertoPérez Dayán usaron su mayoría en dicha sala para rechazar la solicitud.
Ahora, de nueva cuenta y en total olvido del mandato popular que la llevó al máximo tribunal del país, la ministra Yasmín Esquivel vuelve a proponer que sus pares rechacen atraer el asunto fiscal del casino. Incluso, el pasado 14 de mayo, dicha juzgadora acusó a la ministra Batres de acosar a la empresa por volver a plantear la necesidad de revisar el caso, para recuperar los 4.3 mil millones de pesos para el pueblo de México.
El año pasado, la ministra Batres planteaba crear una nueva línea jurisprudencial encaminada a brindar certeza jurídica a las autoridades sobre las demandas de nulidad, con el objetivo de robustecer la defensa de los intereses de la Federación; en especial, si se considera que la importante cuantía del crédito fiscal.
Batres consideró que el rechazo de los tres ministros que, entonces, también integraban la Segunda Sala, era contrario al orden público y al interés social, pues cerraba la puerta a que las autoridades puedan defender las prioridades del Estado mexicano, como es el caso de la nulidad de créditos fiscales que, incluso, pudo decretarse bajo pruebas apócrifas.
Ahora, la nueva Corte podría sentar un precedente en este y otros casos similares. Juegos del Bajío es una empresa ligada a los hermanos Rodríguez Borgio, y su permiso fue otorgado en la administración de Vicente Fox, en el periodo en que el panista Santiago Creel fue secretario de Gobernación.
