El Ejecutivo federal publica este día un decreto para que la producción de boletas y materiales electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se concentre en Talleres Gráficos de México, como parte de una estrategia para reducir los costos de los comicios, fortalecer la capacidad del Estado en la impresión de documentos de seguridad y garantizar mayor transparencia en las contrataciones, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Ello, en el contexto de las redes de corrupción ligadas a empresas coyotes de los hermanos Hernández Casillas, que se habrían establecido desde 1989 en el entonces IFE y hasta la gestión de Guadalupe Taddei.
El decreto presidencial de este 18 de noviembre modifica el esquema de funcionamiento de Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación (Segob). Entre los cambios, se contempla ampliar su Junta de Gobierno de cuatro a siete integrantes, incorporar tres consejeros independientes y establecer mecanismos de vigilancia, auditoría y rendición de cuentas.
La estrategia también busca que la producción de documentación y materiales electorales quede a cargo de entidades públicas, mediante una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como establecer compras consolidadas para el INE y los OPLES, con un catálogo único de productos, especificaciones y precios homologados.
De acuerdo con la secretaria de Gobernación, actualmente una parte de la impresión de materiales electorales locales se contrata con empresas privadas. En 2024, el 59 por ciento de los OPLE no imprimió sus boletas en Talleres Gráficos de México: 19 organismos recurrieron a licitaciones o adjudicaciones con particulares, mientras que 13 utilizaron los servicios de la institución pública.
En la conferencia presidencial, Rosa Icela Rodríguez detalló que Talleres Gráficos de México imprimió 317 millones de boletas para las elecciones federales de 2024 y 602 millones en 2025. En contraste, la producción de documentación electoral de los comicios locales no está concentrada en el Estado, pues los organismos electorales pueden contratar servicios privados.
En el caso del líquido indeleble, dijo, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, desarrolla y fabrica este insumo desde 1994, y en 2021 produjo 330 mil 65 aplicadores y en 2024 la cifra ascendió a 349 mil 833.
La titular de Segob indicó que el decreto también contempla que la Junta de Gobierno del organismo quede integrada por los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. A ellos se unen tres consejeros independientes: por el Instituto Politécnico Nacional, Ángel Eustorgio Rivera González; por la UNAM, Raúl Juan Contreras Bustamante; y por el Tecnológico de Monterrey, Josefina Cortes Campos.
Además, se establecerá un padrón público de contratistas y proveedores, en el que se evaluará su “capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera”. También se abrirá un registro de contratos y convenios, con información en datos abiertos sobre las órdenes de producción y el avance de su ejecución.
Como parte de los mecanismos de vigilancia, se solicitará una auditoría anual voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de establecer restricciones para impedir la contratación de empresas sancionadas, observadas por la autoridad fiscalizadora o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio.
También se establecerán requisitos para la persona titular de la Dirección General, quien no deberá tener conflictos de interés ni haber sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y materiales electorales durante los cinco años anteriores a su nombramiento.
El programa de fortalecimiento tendrá dos etapas. La primera comprende de noviembre de 2026 a junio de 2027 e incluye la reestructuración de la Junta de Gobierno, la apertura del padrón de proveedores, la publicación de contratos y convenios y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.
La segunda fase, prevista de julio de 2027 a 2030, contempla formular una iniciativa de Ley de la Imprenta Nacional de México, que establezca un mandato exclusivo para producir documentación electoral y materiales de seguridad. También se proyecta modernizar la infraestructura y el equipamiento de Talleres Gráficos.
En esta etapa se buscará impulsar una reforma a la LGIPE para que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entes públicos, bajo las especificaciones y controles de calidad del INE. La propuesta será puesta a consideración de la Cámara de Diputados.



















