Las definiciones de las candidaturas de los partidos políticos son muy importantes porque expresan las correlaciones de las fuerzas políticas que los alimentan. Es así como se puede observar cuáles son los grupos de mayor poder y cuáles son los que se encuentran en peores condiciones. Por ese motivo podemos observar que el Partido Verde ha adquirido una mayor fuerza respecto a la acumulada por el PT. Pero también se puede observar que las y los gobernadores de Morena han resultado ser actores sumamente relevantes en la articulación del mapa de poder del ahora partido gobernante. Por otro lado, podemos apreciar que el pragmatismo que permite incluir a tránsfugas del PRI y del PAN o a antiguos detractores de López Obrador, ya se ha convertido en una práctica institucionalizada que ya no depende de la acción de individuos aislados sino que se ha conformado una lógica o modelo de toma de decisiones
Hubo quienes se fueron con la finta de considerar que el mayor partido oportunista en la coalición gobernante era el Partido del Trabajo (PT), sin embargo, mientras periodistas y opinadores se concentraron ahí, el otro partido satélite, mucho más astuto, silencioso y discreto –el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– ha adquirido una mayor fuerza respecto a la acumulada por el PT, se hizo de tres gubernaturas. De esa manera, el pasado 28 de septiembre se anunció que Morena entregaba al Partido Verde las candidaturas de Nayarit y Baja California Sur. La primera se la proporcionó a Jasmine Bugarín, senadora del Partido Verde que previamente ocupó varios cargos en el PRI, siendo diputada local, diputada federal e incluso aspirante a la dirigencia estatal de aquel partido en Nayarit. La segunda se le dio a Manuel Cota, quien fungió como diputado federal por parte también del Partido Verde, además de ser hijo de Leonel Cota, exgobernador de la entidad, lo que aclara que nuevamente los nepo-babies se hacen un lugar en Baja California Sur.

Además, también ese mismo día se anunció la candidatura poco competitiva de Elí Cervantes en San Luis Potosí, que, como en las elecciones anteriores, probablemente le abrirá el camino al Partido Verde en esa entidad, mismo que postulará a Ruth González, senadora y esposa del actual Gobernador Ricardo Gallardo. De esa manera, el PVEM se embolsaría tres gubernaturas con una estrategia mucho más astuta y hábil que la del PT.
El otro poder que se reflejó en el reciente proceso de designación fue el de las y los gobernadores de la 4T, que, en varios casos lograron las candidaturas de continuidad. Así sucedió con Mara Lezama y su alfil Eugenio Segura, quien fue su secretario de Finanzas y Planeación y contó con una trayectoria muy ligada a la de la gobernadora. También fue el caso de Carlos Torres en Michoacán, quien había fungido como secretario de gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Lo mismo ocurre con Rosa Bayardo, exsecretaria de Desarrollo Económico de la gobernadora Indira Vizcaíno; con Lorenia Valles, exdirectora del Sistema DIF Sonora de Alfonso Durazo; con Julieta Ramírez, exsecretaria particular y exasesora de la gobernadora Marina del Pilar; con Pablo Gutiérrez Lazarus exmilitante del PAN y ficha de la gobernadora Layda Sansores; y con Verónica Díaz, que es la favorita del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, con quien comparte lazos desde que ella fue su cuñada.
En el caso de Guerrero se impidió que Félix Salgado fuera el candidato, por ser padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado, lo que contravenía de manera frontal y muy abierta los lineamientos anti nepotismo de la presidenta Sheinbaum. En cambio, se optó por Beatriz Mojica, quien fue secretaria de Desarrollo Social del exgobernador Ángel Aguirre, ahora en proceso por ocultar información sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mojica, además es de esas figuras tránsfugas (que coloquialmente se han denominado como “chapulines”) del extinto PRD, donde avaló la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) e incluso llegó a levantarle la mano a Ricardo Anaya y declaró que “nunca” se pasaría al grupo de López Obrador por considerar que él tendría “visiones autoritarias”.
Otro caso en el que no se privilegió la propuesta del gobernador Morenista fue el de Sinaloa, debido a la investigación que sigue en la Fiscalía General de la República y al golpeteo de Estados Unidos, que lo acusa de estar vinculado al narcotráfico. El señalamiento lo ha posicionado en una situación particularmente difícil y sin cuota de poder para impulsar su propia candidatura, por ello, se le dio lugar a Imelda Castro, quien fue diputada local, regidora y senadora.
En el caso de Tlaxcala tampoco se hizo caso de la gobernadora Lorena Cuéllar, pues se nombró a Ana Lilia Rivera, quien fue su adversaria y actual senadora, además, dicho sea de paso, a ella no se le ha encontrado un pasado cuestionable, pues es uno de los perfiles aislados que han mantenido una trayectoria en el marco de la congruencia.
Nuevo León es de los estados que no cuenta con gobernadora, pero ahí aplicó la estrategia de darle lugar a una figura tránsfuga del PRI, Clara Luz Flores, que ya había competido en 2021 y había obtenido una rotunda derrota, luego de que se le descubrió mintiendo sobre su cercanía con la secta NXIVM con escándalos de trata de mujeres. En ese estado podría suceder algo parecido a San Luis Potosí, al postular una figura débil para impulsar la victoria de otro partido, en este caso Movimiento Ciudadano (MC).
Finalmente, Chihuahua sería otro estado donde se daría continuidad a la fórmula de apoyar a un personaje proveniente del PAN, que en este caso es Cruz Pérez Cuéllar, ahora presidente municipal de Ciudad Juárez. Además, ahí hay otro matiz relevante, pues a quien se habría dejado fuera es a Andrea Chávez, integrante del grupo de Adán Augusto López. De cualquier modo, seguramente ella recibirá la candidatura para la presidencia municipal de Ciudad Juárez, que, en este contexto, sería más viable ganar que la gubernatura misma.
Los casos de Aguascalientes y Querétaro quedarían también sin influencia de algún gobernador, pues ahí Morena no tiene fuerza política relevante, por lo cual, se les dio las candidaturas a Nora Ruvalcaba y Santiago Nieto. En el caso de la primera ya ha sido derrotada en varias elecciones anteriores, y en el caso del segundo se contaría con una trayectoria más bien vinculada a la administración pública, pues fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y luego director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cargo al que renunció tras el anuncio de Morena.
El balance de las designaciones de las 17 candidaturas permite analizar diversos factores clave del modo de repartición del poder en las correlaciones de fuerzas de la coalición gobernante. En primer lugar, se encuentra la relevancia del Partido Verde en la política nacional, que ha logrado negociar candidaturas directamente con Morena, sin tener que medirse a través de la competencia, por el contrario, el PT ha quedado relegado.
En segundo lugar, se observa la gran fuerza que pueden llegar a tener las y los gobernadores al impulsar candidaturas, lo cual reproduce el viejo esquema en el que el partido en el gobierno le cede a las y los gobernadores la posibilidad de impulsar a sus sucesores.
En tercer lugar, observamos que, las y los gobernadores con poder disminuido, quedaron desfavorecidos, sin tener fuerza suficiente como para impulsar a sus propios perfiles. En cuarto lugar, se repite nuevamente el impulso a figuras tránsfugas o “chapulines” formados en partidos políticos contrarios a la 4T y a López Obrador como PRI o PAN, siguiendo los parámetros pragmáticos establecidos previamente en tiempos de Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado, lo cuales establecen que, por poseer estructuras electorales más o menos robustas harán ganar “a toda costa” a Morena.
Todo esto permite reflexionar que ya no basta con que lleguen personas honestas a los espacios de dirección de Morena, pues lo que observamos es que lo que existe es toda una lógica de funcionamiento de las prácticas y culturas políticas de todo un modelo de toma de decisiones partidistas. El pragmatismo no es solo una práctica de personas aisladas como Yeidckol Polevnsky o Mario Delgado, sino que es el modelo o esquema de funcionamiento. De esa manera, el pragmatismo que aglutina chapulines de partidos de derecha (como el PRI, el PAN o el PVEM) y antiguos detractores del obradorismo (como Beatriz Mojica) y que asume una gran influencia de las y los gobernadores, ya no se puede contemplar solo como conjunto de prácticas aisladas (tal y como se venía visualizando), ahora es importante asimilar que realmente es un modelo de prácticas institucionalizadas para la toma de decisiones electorales en Morena.
Por otro lado, es importante reflexionar a profundidad las metodologías de las encuestas, ya que no se ha aclarado cómo es que el partido define las muestras que se utilizan, bajo qué criterios elige los territorios y la cantidad de personas. Además, otro problema metodológico es que se repite el esquema de las elecciones de Estados Unidos: quien gana un rubro, aunque sea por un 0.1 por ciento se lleva todos los puntos que corresponde a ese segmento. Habría que rehacer el tipo de ponderación entre porcentajes y puntajes.
Además existe un sesgo profundo de asimetría en las condiciones de quienes participan porque no es lo mismo una persona que tiene que ir a trabajar de lunes a viernes, y que, además de no tener dinero para lonas, mantas, carteles y volantes, solo puede dedicar sus fines de semana a “hacer territorio”, frente a otra persona que vive de la administración pública o que cuenta con un gran padrinazgo que le financiará con recursos económicos y le proporcionará personal de estructuras electorales que apoyen su candidatura.
También es fundamental que antes de hacer sus encuestas se evalúe la trayectoria política de cada aspirante para saber si se ha conducido con principios, ética y lógica transformadora, de lo contrario se le debería impedir participar de la encuesta. Otro elemento también es que las y los afiliados no tienen ningún papel en el proceso de selección, las encuestas se hacen al público abierto, por ello, las encuestas deberían realizarse entre las personas afiliadas, para eso se cuenta con un padrón de 11 millones de personas. Esas encuestas dirigidas a afiliados deberían sustituir a las otras, o por lo menos compartir con ellas el nivel de importancia en la selección de candidaturas.

El problema de lo que se ha descrito hasta aquí es que, el pragmatismo institucionalizado puede erosionar el actual proceso de transformación y la esperanza y confianza de las personas, sobre todo en el plano estatal y municipal, lo cual, abre un riesgo alarmante de que ese hueco que deja la falta de principios ideológicos sea llenado por ilusionistas, oportunistas y mentirosos, o peor, puede ser canalizado por sectores fuertemente conservadores. La desesperanza que siembra el actuar de manera incongruente y extremadamente pragmática es peligrosa, quizá no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Pero mientras sigan acumulando victorias pragmáticas electorales, ese factor no parece concitar suficiente preocupación por parte del partido gobernante.
Pablo Carlos Rojas Gómez*
* Doctor en ciencias políticas y estudios latinoamericanos



















