Ante la inminente salida del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, se ha desatado una pugna interna entre los seis magistrados para decidir quién lo relevará en el cargo y, hasta ahora, la ventaja la lleva el doctor Salvador Olimpo Nava Gomar.

 

Aparejado a esta sucesión inminente, en el máximo órgano judicial electoral del país hay un nuevo escándalo de corrupción, abuso de poder y violación a los derechos fundamentales de varios trabajadores. Es tal la arbitrariedad que se vive en ese Tribunal que el caso debería ser investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues la responsabilidad apunta al mismo magistrado presidente, a quien varios empleados responsabilizan de violar sus derechos humanos y laborales el pasado 18 de septiembre, cuando sin justificación ni investigación de por medio fueron suspendidos y algunos despedidos.

 

Quienes presenciaron la escena cuentan que el doctor Luna Ramos se trasladó la tarde del 18 de septiembre al área administrativa de ese Tribunal y, sin más, estalló con gritos y manoteos en contra de varios trabajadores que, desconcertados y sin saber lo que le pasaba al magistrado presidente, fueron regañados por varios minutos. Sin saber el motivo, algunos fueron despedidos y otros suspendidos verbalmente por este servidor público del Poder Judicial. Aseguran que hay imágenes del desaguisado del funcionario, captadas por las cámaras de vigilancia que están esparcidas en todas las instalaciones.

 

Luna Ramos fue más allá del regaño, al obligar a los trabajadores a abandonaran su centro de trabajo sin mediar explicación alguna. Para verificar que se cumplieran sus órdenes, el presidente del Tribunal pidió al supervisor de seguridad, un almirante de apellido Cano, que acompañara hasta la puerta a varios empleados y los sacara de las instalaciones. Ordenó también al contralor interno, José Izcóatl, que respaldara los archivos de todas las computadoras y ordenadores del área administrativa.

 

Los trabajadores despedidos y suspendidos de sus labores por órdenes del presidente del Tribunal son José Alfredo Chavarría, subdirector de Adquisiciones; Jorge Chón, jefe de la Unidad de Adquisiciones; Juan Ochoa, subdirector de Compras; Fernando Verduzco, director General de Adquisiciones, y Mara Tafoaya, del área de Compras. De esta última persona el doctor Luna Ramos se refirió ofensivamente al decir que, “por cierto, ya no es señorita, pues sé muy bien que anda con Jorge Chón”.

 

Horas antes de la suspensión laboral de estos funcionarios, el doctor Luna Ramos citó a reunión en la sala de juntas de la Presidencia al magistrado Salvador Nava; al contralor José Izcóatl; al coordinador de Recursos Humanos, Rafael Elizondo; al oficial mayor, César Silva; a los subdirectores Juan Ochoa y Alfredo Chavarría, y a Jorge Chón, este último del equipo del magistrado Nava.

 

Ahí, sin prueba alguna y aconsejado por su secretario particular, Jorge Mata, y su coordinador de asesores, Felipe de la Mata, el presidente magistrado arremetió en contra de varios de los presentes y los acusó de integrar una red de corrupción al interior del Tribunal; de realizar compras con sobreprecios de hasta 500 por ciento, afectar el patrimonio público y traficar con influencias para despedir y poner personal a modo en las áreas de compras y adquisiciones.

 

El problema de Luna Ramos es que, con la sola versión de sus incondicionales y sin mediar investigación alguna de parte del órgano de control del Tribunal Electoral, se trasladó a las oficinas de los acusados, los suspendió de sus labores y los obligó mediante la fuerza a abandonar su centro de trabajo.

 

Después de la acometida del funcionario en contra de los trabajadores (primero sanciono y luego investigo), ordenó al contralor abrir un procedimiento de investigación en contra de los acusados.

 

En medio de este escándalo, al interior del Tribunal hay un “complot” para obligar a Luna Ramos a presentar su renuncia irrevocable y permitir que algún magistrado más joven tome las riendas del máximo órgano de procuración de justicia electoral.

 

 

En esta columna hemos dado cuenta de los constantes abusos en el manejo del dinero público del Tribunal. Por ejemplo, tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. El titular Luna Ramos aseguró que éste lo reciben cada año y que, además de ser legal, no tuvo nada que ver con el periodo electoral. Los beneficios económicos para quienes validaron las elecciones presidenciales no acaban ahí: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales, cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gastó más de 80 millones de pesos en el Programa Específico del Proceso Electoral Federal.

 

Apenas tres días antes de que se celebraran las elecciones presidenciales, los magistrados José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López obtuvieron un bono de 488 mil 799 pesos, cada uno. El dinero ingresó a las cuentas bancarias de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 28 de junio.

 

Fuentes allegadas a la institución aseguran que se trata del bono de riesgo; y que, en la semana del 18 al 24 de junio, los magistrados habrían votado en su sesión ordinaria para autoasignarse dicha prestación.

 

 

Fuente: Contralínea 306 / Octubre de 2012