Enrique Peña Nieto iniciará su mandato lastrado por los estigmas más infames que han caracterizado a la derecha radical priísta-panista que ha gobernado al país, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón.

 

La peor deshonra de Enrique Peña es, sin duda, su pecado de origen, que lo homologa con el padrino Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Al igual que ellos, llega a la Presidencia por las cañerías del sistema: ilegítimamente. En una democracia burguesa formal o delegativa –como le gustan nominar las elites, sus intelectuales y plumíferos a sueldo a nuestro sistema político presidencialista autoritario– la representatividad sólo puede alcanzarse a través del voto popular, de la legalidad de las urnas. Se obtiene o no de esa manera. Cualquier otra forma de asumir el Poder Ejecutivo será  por la puerta trasera, fuera del estado de derecho, por la fuerza. Será un usurpador. Un golpista. No importa que los cortesanos burócratas electorales (que se aprestan a destruir las boletas electorales de 2006 y 2012 para eliminar las huellas de los fraudes) y del Congreso de la Unión se sumaran a la conspiración para retorcer las leyes y certificar su triunfo. Todos son cómplices de la subversión del orden constitucional. En ese sentido, carecerá de credibilidad social.

 

El peñato transcurrirá entre el rechazo, la desesperación, el descontento y el rencor de las mayorías, y como ocurrió con Carlos Salinas y Felipe Calderón, terminará hundido en la ignominia. Los primeros indicios señalan que no podrá subsanar su desprestigio primigenio. Sin preocuparse por las necesidades de la población, Carlos Salinas y Felipe Calderón quisieron limpiar su fraudulento ascenso con golpes escenográficos. El primero, con el asalto en contra de los caciques del corporativismo sindical Carlos Jonguitud y Joaquín Hernández Galicia, o la sustitución del bienestar por la limosna social. El asesinato de Luis Donaldo Colosio y el colapso de 1994 que heredó cavaron la tumba de su oprobio. Calderón, con el terrorismo de Estado hundió al país en un baño de sangre. La abyección de ambos fue producto de su forma de gobernar: déspotas extremos hasta el crimen despiadado en la política; inescrupulosos frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas secundarias; genocidas neoliberales en lo económico.

 

La célebre máxima del despotismo ilustrado, endosada a Federico II de Prusia, era: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Ellos, considerados como “benévolos”, aplicaron sus reformas sin consultar a sus súbditos, contra su voluntad y sus intereses. No aceptaron la libertad política señalada por la ilustración, una de las razones que llevó a la burguesía instruida, que había apoyado los cambios de los reyes, a luchar revolucionariamente en contra de ellos para apoderarse del poder. Actualmente, bajo el neoliberalismo, los capitalistas ocupan el lugar social de los absolutistas.

 

Dice Carlos H Preciado Domènech, magistrado de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, España: la dictadura de mercado ha reconvertido ese aserto en “‘todo para los mercados pero sin el pueblo’, lo cual evidencia la pérdida de legitimidad en el contexto neoliberal del pueblo como sujeto titular de la soberanía, pues soberano –aquí y hoy– es sólo quien goza del dominio del mercado”. Ésa es también la divisa de nuestros déspotas iletrados.

 

Enrique Peña asume lo peor de Carlos Salinas, Felipe Calderón y demás neoliberales. No se preocupa por construirse un consenso, aunque sea artificial. En realidad no necesita el respaldo popular. Tiene el de los grupos de poder: la nobleza que fabricó su candidatura, apoyó ilegalmente su campaña y lo entronizó (apenas  una centena de oligarcas internos: Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, Alberto Bailleres, José A Fernández, Germán Larrea, Lorenzo Zambrano, Ricardo M Bringas, Carlos Fernández, Francisco A Coppel, Claudio X González, Roberto Hernández, Jerónimo Arango y demás), el capital trasnacional, otros grupos de la derecha, como la Iglesia Católica, o los aparatos represivos del Estado. Enrique Peña no es el reformador que se presume. Ellos lo impusieron, para continuar su proyecto político y administrar su visión particular de desarrollo, como el demoledor de los escombros que aún quedan del viejo proyecto político, que obstaculizan el “libre mercado”, la rampante acumulación y la reproducción ampliada del capital neoliberal. El consenso de Enrique Peña será con ellos.

 

Ricardo Salinas y sus pares braman: “¡mercado libre!”. Salinas Pliego exige eliminar “el obstáculo número uno para cualquier empresario”: las asfixiantes “regulaciones” que les obligan a darles “la vuelta, eso es un hecho”. Reclama la baja de impuestos que los “sofocan: el paralelo [sic], sobre nómina, a la pensión, a la vivienda y otra serie de cargas” que les impiden “crear 1 millón de empleos” [sic]. Demanda reducir el gasto público y la deuda estatal, que podrían orillar al aumento de los gravámenes. Reclama: “hay que pensar en los empresarios [que] están tratando de maximizar las ganancias” (www.cnnexpansion.com/eco nomia/2012/11/13/la-regulacion-sofoca-salinas-pliego). El último punto es el objeto fundamental de la contrarrevolución neoliberal autóctona y global.

 

“¿Qué significa exactamente un ?mercado libre’?”, se pregunta el politólogo español Juan Carlos Monedero. Y dice a continuación: “los economistas clásicos [como Adam Smith, el inventor de la mítica “mano invisible”, agregado mío] definían al mercado libre como aquel protegido por el Estado con leyes antimonopolios, que evitaba los fraudes empresariales, el comercio bajo información privilegiada y el abuso bancario”. Ésa es la percepción de Salinas Pliego y los de su ralea? Obviamente no. Como agrega Monedero, su “lectura [es] otra. Se trata de mercados libres para que los predadores exploten a sus víctimas, sin regulación pública ni policías económicos; mercados libres como los construidos en los últimos 30 años. [Se trata de] una libertad de mercado entendida como ‘neutralización de la vigilancia pública’, que contrastan con las propuestas de los economistas clásicos a favor de mercados libres en el sentido de emancipados de rentas e intereses económicos; libres de los costos cargados por el rentista y del lastre económico de la tramposa formación monopólica de precios; libres de la renta agraria y del interés pagado a banqueros y otros institutos financieros; y libres de unos impuestos que no sirven sino para sostener a una oligarquía”.

 

A decir verdad, los Salinas Pliego no desean anular completamente al Estado ni pretenden un “mercado libre” absoluto. Ésas son ocurrencias de los economistas-talibán de Chicago. Saben que en la jungla librecambista pueden ser devorados por las bestias capitalistas más fuertes. ¿Qué fue de Roberto Hernández (de Banamex) y aristócratas financieros; de Carlos Fernández, María Asunción Aramburuzabala y Valentín Diez Morodo, cuyo oligopolio, Cervecería Modelo, fue tragado por Anheuser Busch InBev; Comercial Mexicana por Costco; Aurrerá por Walt-Mart; o Consorcio Comex, por Sherwin-Williams? Sólo les gusta un simpático “libre mercado” de ensueño: de laissez faire, laissez passer (“dejad hacer, dejad pasar”) lo que se les pegue la gana, sin ser molestados, protegidos, sin competidores o con jugadores con las manos atadas, en un terreno de juego inclinado a su favor. Salinas Pliego y Azcárraga quieren depredar el coto de Carlos Slim, que el gobierno lo mantenga atado de manos e impida que éste, como una zorra, entre a su gallinero. Asimismo, bajo determinadas circunstancias, los seducen las “medidas socialistas”. Por ejemplo, socializar sus pérdidas: les fascina escuchar las palabras “intervención pública” cuando se trata del “traslado coactivo desde el Estado a los ciudadanos de los costos de las crisis”. No le hacen gestos a la “nacionalización y regulación colectiva” cuando se les financia en momentos críticos, se gestiona el rescate de sus empresas y se impide que pierdan sus capitales.

 

Además, ¿de qué se quejan los oligarcas? Sus negocios con los gobiernos priístas y panistas han acrecentado sus fortunas, ensombrecidas por el tráfico de influencias, la información privilegiada, los contratos directos o con dudosas subastas, la corrupción, la manipulación arbitraria de costos, el uso de materiales de dudosa calidad, la entrega de trabajos cuestionables. En un país serio, con gobernantes  responsables y un estado de derecho, más de uno estaría tras las rejas. Tributan simbólicamente, como si fueran miserables. Son subsidiados. Manipulan precios. Engañan a los consumidores. Conspiran. Linchan a los oponentes. Imponen ejecutivos y legisladores. Depredan y saquean los bienes nacionales. Violan las leyes. Cometen las tropelías que quieren para defender sus intereses político-económicos. Nadie perturba sus sueños. Los matones de Salinas Pliego asaltaron y se robaron el canal 40 sin que fueran sancionados. A su ilegal maridaje con Azcárraga, Felipe Calderón le acaba de otorgar otro jugoso negocio: Iusacell manejará 37 redes metropolitanas y cada mes recibirán 10.7 millones del presupuesto, 128.8 millones de pesos anuales, casi 644 millones en los próximos 5 años. Slim percibirá 334.8 mil pesos, 4.2 millones y 20.9 millones, respectivamente.

 

 

Sus declaraciones son simples recordatorios a Enrique Peña de sus compromisos asumidos ante ellos.

 

Sólo los cándidos o los dementes pueden imaginar que Peña instaurará el imperio de las leyes.

 

Sus declaraciones relativas de que forma parte de la renovación generacional de las elites que “modernizarán” al país, o que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha reformado y abandonado sus atavismos y sus viejas prácticas antidemocráticas, entre otras muchas, son simples ocurrencias que ni él ni su partido ni nadie en su sano juicio compra. Lo único cierto es la relativa juventud de los peñistas y el cambio ideológico del PRI, pero es una camada a golpes de hacha en la tradición despótica priísta. Por ello no se incomoda por departir con los dinosaurios, como Manlio Fabio o Emilio Gamboa. Todos abandonaron la retórica huera del “nacionalismo revolucionario”, proceso iniciado por Miguel de la Madrid. Ahora son contrarrevolucionarios desnacionalizados, cruzados neoliberales, de extrema derecha. Su “modernidad” es neoporfirista. El resto es un biológico y mimético cambio en la piel del dinosaurio. Su campaña electoral, la praxis legislativa del PRI, la postración de éste ante Enrique Peña, el proyecto político oligárquico que abrazan, su postración de ambos ante los hombres de presa, su relación con la sociedad, volvieron bruscamente a la población a su infausta realidad: “cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Todo fue un desvarío. La alternancia fue una quimera dentro de la matriz despótica.

 

Agrega Preciado Domènech: “la Constitución es la expresión directa de la voluntad popular, que como voluntad soberana da vida a la norma suprema del ordenamiento jurídico, marco básico de la convivencia entre opciones políticas de la más diversa índole. Toda reforma de la misma debería ir precedida de un debate racional, democrático y participativo en que el pueblo, en todas sus expresiones, tenga la ocasión de informarse, debatir, proponer y, finalmente, ratificar o no dicha reforma”.

 

Los “modernos” Enrique Peña, Felipe Calderón y sus respectivos partidos políticos se pasan por el arco del triunfo la Constitución para imponer, violentando las normas legislativas y leyes secundarias, la contrarreforma neoliberal laboral, que destaza fríamente a los asalariados, impone los intereses empresariales y salvaguarda los impunes intereses de los Romero Deschapms, Gordillo, Flores Morales y demás hampones. Propone una política de seguridad que concentrará los poderes en el secretario de Gobernación, al viejo estilo despótico priísta. Promueve una iniciativa en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que oscurecerá la vigilancia de los servidores públicos para alegría de los próximos Yarrington, Moreira, Montiel, Marín, Ruiz. Regresará la regla de protección de las espaldas de los súbditos leales y la guillotina para los desleales. Reitera su intención de fortalecer la rapiña empresarial en la energía o las telecomunicaciones. Los nuevos siervos de la corte protegerán la mafiosa relación de la elite político-empresarial. La ratificación de Peña de su “compromiso de seguir trabajando a favor del libre comercio y la globalización”, la disciplina y la contrarreforma fiscal, lo muestran como un “joven” política e ideológicamente senil, identificado con el neoliberalismo, el proyecto político local y del “Consenso de Washington que estalló en 2008 y que sigue realmente implosionando en todas partes”, como dijo la presidenta progresista de Argentina, Cristina Fernández.

 

En el plano político, la única manera de superar el desastre es aplicar la misma receta empleada por la burguesía en contra de los déspotas feudales.

 

Nada nuevo bajo el sol en la dialéctica de la historia.

 

*Economista

 

 

 

 

 

 Fuente: Contralínea 312 / Noviembre de 2012