A Juan Uriel Sandoval Díaz y Juan Francisco Kuykendall, constructores de democracia

 

Invitamos a luchar por la proscripción de todas las armas en contra de manifestantes, incluso las llamadas eufemísticamente “poco letales”. También nos pronunciamos por el cese de la criminalización de las protestas sociales y por la derogación del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal y sus correlativos a nivel federal y de las demás entidades federativas; exigimos la libertad absolutoria de todos los procesados, la reparación integral de daños y la sanción a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en torno al 1 de diciembre de 2012.

 

Las armas “poco letales” sí matan, sí mutilan y sí producen lesiones graves, prueba de ello son los heridos del 1 de diciembre pasado. De ellos, Juan Francisco Kuykendall, de 63 años, integrante de la Otra Campaña y director de teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes, permanece en estado crítico por los traumatismos craneoencefálicos y exposición de masa encefálica, y quien a 2 meses de los acontecimientos aún no recupera la conciencia y sólo responde a algunos estímulos. De la misma manera, Juan Uriel Sandoval Díaz, de 22 años, miembro del Consejo Estudiantil de Lucha, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, está en proceso de recuperación ante la pérdida del ojo derecho, múltiples fracturas en la órbita del ojo y del tabique nasal.

 

El objetivo de las armas “poco letales” no sólo es dispersar a los manifestantes, es causar miedo, dar un escarmiento punitivo (es un “correctivo público disciplinario”) que se aplica arbitrariamente para disuadir el derecho a la manifestación y por lo tanto es un rotundo “no” al diálogo entre gobernantes y gobernados. Y es gravísimo, porque envía un mensaje negativo a todo aquel que quiere manifestarse.

 

Pero las del 1 de diciembre no han sido las únicas víctimas de “armas no letales” en México: también recordamos a Javier Cortés y Ollín Alexis Benhumea, de 14 y 20 años de edad, respectivamente. Dos jóvenes muertos por disparos de rifles de gas lacrimógeno el 4 de mayo de 2006, durante la represión policial contra el pueblo de San Salvador Atenco, lanzada por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el entonces presidente de la República, Vicente Fox. Y cuya responsabilidad de autoría ambos ya han asumido públicamente.

 

Estos dos hechos se relacionan y se tocan en el pasado y presente de Peña Nieto: su responsabilidad sobre Atenco (reconocida en la célebre conferencia en la Universidad Iberoamericana, que dio origen al movimiento Yo Soy 132, en la que Peña Nieto afirmó que el operativo fue “conforme a derecho y respetando los derechos humanos” y que derivó en una negativa para dialogar con los jóvenes del Yo Soy 132 cuando era candidato) y su toma de posesión con un operativo espectacular (preparado y armado premeditadamente con “armas poco letales” para evitar que algún manifestante se acercara a la sede del Congreso de la Unión en San Lázaro y luego al Palacio Nacional) fueron los antecedentes de una protesta que se tornó violenta ante el cierre de espacio democráticos.

 

Es decir, mientras el 1 de diciembre en los actos oficiales en Palacio Nacional los selectos invitados, los más influyentes de los influyentes y cercanos al poder vestían sus mejores galas y tomaban las mejores bebidas y comidas, afuera, manifestantes con añejos y actuales agravios pedían ser escuchados, al tiempo que se les violentaba con vallas de acero colocadas en las inmediaciones de San Lázaro y el Zócalo.

 

La conjura de los ricos y el desprecio de los pobres derechos humanos ignorados, negados, convertidos en mercancías o en maquillaje de discursos; mientras, la violencia estructural del Estado mexicano desembocaba en actos violentos que fueron acallados con rifles de gases o balas de goma por parte de las fuerzas federales, a lo que se sumaron las detenciones arbitrarias por parte de la “seguridad pública” capitalina. Cientos de personas golpeadas, vejadas; decenas de intoxicados y lesionados, cuatro de ellos, graves; pero, sobre todo, una democracia que sólo convida a los más influyentes, mientras la prole mira sólo en la televisión la majestuosidad de la recepción en el Palacio Nacional y condena por presunción a los “vándalos” y “desadaptados”.

 

Después, a priori,vendrán el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y el subsecretario de Planeación y Protección Institucional, Mondragón y Kalb, a decir que no se usaron balas de goma, y que tanto Uriel como Kuykendall fueron lesionados por sus mismos compañeros, para después matizar –ante la contundencia de las evidencias– que “se va a investigar” a quienes las usaron. Como si los policías federales hubieran puesto de su salario para llevar por iniciativa propia “armas poco letales” sólo por si acaso, es decir, como si las armas fueran de su propiedad, y además las hubieran usado sin consentimiento alguno. Causaría risa si el hecho no fuera tan grave.

 

Ha quedado demostrada públicamente la responsabilidad de las fuerzas federales sobre la base de los siguientes hechos:

 

1. Los videos tomados ese día por diversos medios de comunicación y personas muestran a los policías portando y disparando este tipo de armas, incluso se aprecia el momento exacto en el que fue lesionado Kuy y el momento inmediato posterior a la agresión contra Uriel, así como a múltiples manifestantes.

 

2. Existen varias fotografías y testimonios de personas que presentan el tatuaje típico provocado por las balas de goma en brazos o tórax.

 

3. Se recuperaron del lugar varias balas de goma disparadas, así como cartuchos de lata de aluminio de gas lacrimógeno también disparados.

 

4. Al realizar la reconstrucción de los hechos con algunos testigos presenciales y el propio Uriel, y con apoyo en los videos que se tomaron ese día, se pudo apreciar que los policías federales dispararon directamente contra los manifestantes, y que Uriel fue alcanzado por una bala de goma a una distancia aproximada de 15 metros, y Kuy, por el disparo de una lata de gas lacrimógeno a menos de 10 metros.

 

5. De la cirugía, y luego de exámenes de patología practicados a Uriel, no se recuperó ningún cuerpo extraño o restos de vidrios, piedras, pólvora o ningún otro material, por lo que el mecanismo de lesión es totalmente compatible al que presentan otras personas que han sido lesionadas por balas de goma.

 

6. Se han dado múltiples casos en el mundo (sobre todo en Europa) y han generado campañas como “No a las balas de goma” y “Ojo con tu ojo”, puesto que ésta es la lesión más temida respecto de los rifles de gas lacrimógeno: su letalidad es mayor, puesto que la fuerza de contusión es más grande, de tal manera que puede producir fracturas en los huesos de la cara o cráneo, incluso exposición de masa encefálica, y que provee un pronóstico muy malo para la calidad de vida de quienes la padecieran.

 

7. Además, agentes de las fuerzas federales violaron todos los protocolos al respecto: tales armas nunca deben ser disparadas a la cabeza o a regiones de órganos vitales, ni mucho menos dispararse a menos de 30 metros de distancia hacia las personas, porque por ello se producen las lesiones graves.

 

Asimismo, es urgente que se sancione a los responsables y se investiguen las cadenas de mando; puesto que, de acuerdo con los protocolos de seguridad, cuando hay un acto público que encabece el presidente de la República, es el Estado Mayor Presidencial quien está a cargo, y de allí para abajo en la cadena, es decir, Seguridad Pública federal, del Distrito Federal y el resto de las fuerzas.

 

Es urgente aunque suene absurdo o ingenuo. Ninguna democracia se puede jactar de serlo si no tiene la capacidad de recibir a sus manifestantes, escuchar sus reclamos y hacer mesas de negociación, y en su lugar lleva al enfrentamiento del pueblo uniformado con el pueblo manifiesto, o como diría la retractada hija de Peña Nieto, a la prole con la prole.

 

Es insultante que unos cuantos influyentes de negocios hagan un desayuno en un restaurante carísimo y hagan asistir al presidente y sus colaboradores para que les atiendan la demanda de sus privilegios y hagan negocios, mientras los constructores de todo, los del trabajo diario, los que reclaman derechos y no privilegios sean recibidos con murallas y policías, toletes, macanas, escudos, represión y “armas no letales”.

 

A sumarse a la campaña “¡Las balas, ni de goma! ¡Las balas a la goma!”.

 

Colabora con Uriel: cuenta en Banorte 054171140, a nombre de María Leonor Díaz Pérez; colabora con Kuykendall: cuenta en Bancomer 2824024214, a nombre de Elva Leticia Palma Pastrana; colabora con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos: cuenta en Banamex 09486215698, IBAN BNMXMXM-MN y CLABE 00 21 80 09 48 62 15 69 87.

 

*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos