A propuesta del diputado local Napoleón Gómez Pérez, la Comisión de Seguridad Pública y Justicia del Congreso del Estado presentó un dictamen en donde se hace un exhorto a la procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para que los agentes de la PFP comisionados en Zimapán, se limiten a cumplir con las instrucciones de seguridad y cumplan en todo momento las garantías individuales

La presencia de los agentes policiacos en la región no debe ser motivo de incertidumbre y desconcierto, señala el documento que fue presentado desde la tribuna por el diputado José Almaquio García Cravioto (PRI) y aprobado por unanimidad en el pleno legislativo.

Napoleón Gómez Pérez, también desde el estrado, señaló que es necesario que la gente en Zimapán tenga garantizada su integridad y sus derechos ciudadanos, después de denunciar que la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Zimapán genera un ambiente de constante tensión.

Sin embargo, para mucha gente de la región este exhorto no es suficiente ante los abusos cometidos por elementos de la PFP y la policía estatal en contra de los habitantes de una amplia zona de la región, en su mayoría indígena.

Represión, golpes, extorsiones, robos y cateos ilegales, son sólo algunas de las quejas de un amplio sector de la población de este municipio y de los aledaños como Cardonal, Jacala, Nicolás Flores y Tasquillo.

Una costilla rota

El delegado municipal de Camposanto del Oro, Agustín Torres Ramírez, relata a Contralínea su amarga experiencia, en la que salió con una costilla rota. Entrevistado en su casa, en esta comunidad del Parque Nacional Los Mármoles, recuerda que un martes en la madrugada salieron de su casa su hijo y él en dos camiones cargados de mármol.

En Las Trancas, sobre la carretera México-Tamazunchale, su hijo fue detenido en el retén de la PFP, que desde hace ya varias semanas opera en ese lugar.

“Con exceso de fuerza, los policías lo arrinconaban al camión, lo pegaron al carro y lo empujaban. Para entonces me pararon también y les dije que no éramos delincuentes, que mi hijo estaba cooperando, que no se resistió, pero los señores eran muy agresivos. Se me fueron encima insultándome con maldiciones, y uno ordenó que dejaran ir a mi hijo”.

Mi hijo se fue y a mi me pasaron para la parte trasera del camión. Después me preguntaron cuántos hijos tenía, a lo que les respondí que eso qué tenía que ver, ya que me habían parado para verificar que no trajera armas ni drogas. Les dije que hicieran su trabajo nada más. Me respondieron en el mismo tono agresivo, y uno ya me tenía con una mano doblada hacia atrás y otro con las manos en la cabeza, mientras el otro me encañonaba con el arma, incluso corto cartucho, detalla.

Cuando sentí que me dieron un golpe en las costillas, no sé con qué fue, yo creo que fue con su arma, porque me dolió bastante y apenas me iba recuperando del primero cuando me dieron el segundo. Ya me identifiqué y les informe que era yo originario de la comunidad de Camposanto del Oro, y que me desempeñaba como delegado municipal.

Entonces uno contestó que todos los delegados eran ratas, le dije que en mi caso no y que ya me había identificado y que si querían seguirme golpeando lo siguieran haciendo. Y así siguieron golpeándome en las costillas, en la espalda y en la cabeza, nunca en la cara.

Entonces les dije que fueran hombrecitos, que por lo menos se descubrieran la cara, porque traían pasamontañas. Después me dejaron ir pero antes me amenazaron que si me quejaba me iba a arrepentir, siempre con palabras obscenas, para esto me sacaron una foto.

Éste es sólo uno de los casos que se pudo documentar, ya que existen varios señalamientos en el mismo sentido de este gremio, denunciando que han sufrido ultrajes, extorsiones y robos.

Día de San Pedro

Para los policías federales responsables del retén en la comunidad de Las Trancas el día de San Pedro fue “muy productivo”, porque la afluencia vehicular en esa carretera aumentó considerablemente gracias a los festejos de una de las fiestas patronales más importantes de la región, la de San Pedro, celebrada el 29 de junio.

Habitantes de las comunidades de Durango, La estancia, Los Duraznos, Maguey Verde, Cerro Colorado, Jaguey, Pelillos, Los Mármoles, San José del Oro y Camposanto del Oro, entre otras, se trasladaron durante la tarde del 29 de junio a la comunidad de San Pedro, en donde se celebraba la fiesta en honor al santo patrón.

Tuvieron que pasar por la aduana provisional de la PFP, instalada sobre la carretera federal, a la altura de la comunidad de Trancas y a donde se exigió toda clase de documentos a los automovilistas y en especial a los propietarios de vehículos extranjeros y, para pasar, el pago en efectivo o en especie.

De este hecho dio cuenta Maricela Fuentes, de la comunidad de Maguey Verde, quién después de más 45 minutos de retención tuvo que pagar 200 pesos a los federales para poder pasar.

Describió que la tarde de ese día salió a bordo de un vehículo de procedencia extranjera, pero con todos los documentos en regla, acompañada de su cuñada y tres niños, pero al llegar al retén fueron obligados a bajar para que el carro fuera revisado minuciosamente por los policías.

Aunque se presentaron todos los documentos, no los dejaron partir bajo el argumento de que sus papeles no estaban en regla, por lo que la amenazaron con de que una grúa se llevaría su vehículo, cosa que no sucedió.

Cateos a casas

En la comunidad de La Ruda, a unos 6 kilómetros de la cabecera del municipio de Zimapán, Braulio Pio y María del Carmen Fuentes fueron sorprendidos a las tres de la mañana por un comando de, por lo menos, 10 policías federales fuertemente armados.

Bajo el argumento de que el radar marcaba que en esa casa se ocultaba mucha droga, los uniformados, sin mostrar ningún documento legal, revisaron toda la casa, incluso hasta los pequeños recipientes de la cocina.

Los hermanos Antonio y Ernestino Leal, vecinos de Braulio Pio y María del Carmen Fuentes, informaron que antes de visitar a la pareja, los uniformados visitaron su casa, pero no intentaron entrar.

Recordaron que esa madrugada los perros delataron la presencia de los uniformados en el patio de su casa. Eran como unos 10, vestían uniformes que nada más decían Policía Federal, gafas y algunos con pasamontañas y fuertemente armados. Sólo se acercaron tres, mientras los demás se quedaron alrededor de la casa, ocultos tras los árboles.

Sólo les hicieron algunas preguntas, sobre su hermano (un migrante productor de tortillas en Estados Unidos y propietario de la casa que catearon) y sobre la religión que profesaban, para posteriormente pasar a la casa de los vecinos, quienes aún dormían.

Sobre la casa cateada los vecinos sólo informaron que esa madrugada escucharon que tocaron varias veces la puerta del zaguán y después se escucharon ruidos de los cristales quebrados y los de los golpes en las puertas, hasta el día siguiente que encontraron todo revuelto y algunas puertas abiertas. Según se supo, explican, los policías buscaban armas y droga, pero no encontraron nada, porque en La Ruda no hay nada de eso, concluyeron los hermanos Leal.

Fuera la PFP

La gente de Sierra Gorda y Zimapán se sienten inseguras ante los policías. Por eso es extraño para muchos que en medio de la peor crisis de inseguridad en el país, en Zimapán se pida la salida de la PFP de la zona.

A esta percepción ciudadana han contribuido los gobiernos federal y estatal a tal grado que en un policía, un soldado, una patrulla o un pelotón, la ciudadanía ve a la empresa española Befesa, dueña del confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos que se construyó en la comunidad de Botiña, porque las corporaciones policiacas han sido utilizadas para proteger los intereses de este consorcio español.

Basta recordar, por ejemplo, que los tráileres cargados con desechos tóxicos y peligrosos que intentan cruzar la ciudad son escoltados hasta con 20 elementos de la PFP, o que en Zimapán se hospedan por lo menos 80 elementos de esta corporación desde hace 10 meses en el hotel de cinco estrellas del lugar, con gastos pagados, al 50 por ciento, entre el gobierno federal y la empresa.

Pero el problema mayor para la imagen de estas instituciones es que, por lo menos, cuatro de cada cinco ciudadanos zimapenses guarda en su mente una historia de represión, extorsión o robo por parte de elementos de la PFP o de la Fuerza de Tarea, y como referencia se puede citar el 2 de diciembre de 2007, en la que casi todo el pueblo (hombres, mujeres y niños) fue reprimido brutalmente.