El exabogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Néstor García Reza, es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito por parte de la Secretaría de la Función Pública, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se especializa en indagar delitos de lavado de dinero.

 

El exfuncionario petrolero también es sujeto de investigaciones por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), adscrito a la Secretaría de Gobernación, por la Procuraduría General de la República (PGR), y por la propia empresa petrolera paraestatal, porque después de trabajar por más de 6 años como responsable de la Oficina del Abogado General de Pemex, lo que le dio acceso a información confidencial y “sensible” de la petrolera, ahora sirve a intereses privados para supuestamente articular denuncias administrativas y penales en contra de funcionarios de la paraestatal, como una forma de presión para lograr contratos leoninos en perjuicio del presupuesto público.

 

Las indagatorias oficiales vinculan al abogado García Reza con un grupo de empresarios transportistas de productos petrolíferos agremiados en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que negocian la renovación de un convenio marco, firmado la última ocasión el 28 de diciembre de 2008 y que concluye a finales de 2013, para el transporte de combustibles propiedad de Pemex.

 

 

 

El exjurídico general de la paraestatal asesora a empresarios transportistas en las demandas administrativas que han hecho ante la Secretaría de la Función Pública por presuntos incumplimientos de Pemex Refinación en dicho convenio, así como una denuncia penal ante la PGR en contra del director corporativo de Operaciones de Pemex, ingeniero Carlos Murrieta Cummings, por supuestos actos de corrupción. Esta última fue desechada por el Ministerio Público federal por “falta de elementos” y se mandó al archivo.

 

Pero tal vez lo más delicado que señala ese órgano de seguridad nacional en contra de García Reza es una supuesta participación en la asesoría de defensa del líder de una de las principales organizaciones dedicadas al robo de combustibles en el Norte del país, Fabián Rodríguez Moreno, vinculado al cártel del narcotráfico denominado Los Zetas, con operación principal en el Noroeste y el Golfo de México.

 

Según el Cisen, Rodríguez Moreno –capturado a finales del año pasado–, dirigía la más importante banda delincuencial encargada de la compra, almacenamiento, trasiego, distribución y comercialización de productos refinados que roban de los ductos de Pemex en el Noroeste de México.

 

 

Entrevistado en un restaurante de la zona de Polanco, en el Distrito Federal, el abogado José Néstor García Reza niega los hechos que le imputan, y asegura que nunca ha tenido contacto con el jefe de esa banda de robo de combustibles, aunque sí reconoce asesorar a varias empresas transportistas afiliadas a la Canacar que fueron utilizadas por el crimen organizado para transportar combustibles.

 

—¿Asesoraste o participaste directamente en las demandas de la Canacar en contra de Pemex?

 

—La Canacar me llamó para demandar a Pemex, lo cual me pareció de lo más sencillo, porque han incumplido el convenio que tienen con los transportistas y eso es muy fácil de probar. Les expliqué lo fácil que sería y dije cuál sería la estrategia a seguir, pero no llegamos a un acuerdo económico y no se concretó mi participación.

 

—¿Pero sí conoces a los transportistas demandantes y los asesoras?

 

—Platico con ellos, son mis amigos. Pero no llegamos a un acuerdo. Yo sí quería que me contratara el Grupo Hank: necesito dinero. Imagínate trabajar para ellos. Pero no se concretó.

 

—¿Por qué te vinculan con Fabián Rodríguez Moreno [jefe de la banda de robo de combustibles]?

 

—No lo sé. Es la primera noticia que tengo de eso. Yo ni lo conozco.

 

—¿Pero Rodríguez Moreno tenía permisos otorgados por Pemex a empresas de la Canacar, para el transporte de combustibles?

 

—Te repito: no lo sé. No sé quién es esa persona. No la conozco. Tampoco sé cómo me vinculan con él.

 

—¿Tienes algún conflicto de interés o moral por asesorar a empresas privadas en las demandas en contra de Pemex?

 

—Pues no. Ya pasó más de 1 año que salí de Pemex, a finales de 2010. Y me tengo que ganar la vida, soy abogado y eso es lo que sé hacer.

 

—¿Estás tranquilo por las investigaciones en tu contra?

 

—Pues no. Me preocupan mucho. Estoy nervioso. Me vayan a querer hacer lo mismo que a Elba Esther [Gordillo].

 

—Pero a ella la acusaron por lavado de dinero…

 

—Pues sí, pero así me siento.

 

—¿Entonces tampoco defiendes legalmente a la banda que robaba combustibles a Pemex?

 

—No, para nada.

 

—Sin embargo hay acusaciones en tu contra que presentó en la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] el despacho de abogados Díaz, Reus y Targ, contratado por Pemex. ¿Qué opinas?

 

—Sé que hay una denuncia general en la PGR por el caso de Comproca [Sunkyong-Siemens] para quien resulte responsable. No es contra mí personalmente. Bueno, al menos eso es lo que sé.

 

—¿Comproca es un caso muy delicado donde perdió mucho dinero Pemex?

 

—Sí. El arbitraje salió desfavorable para Pemex.

 

—¿Cuánto dinero involucra el fallo en contra de Pemex?

 

—Son como 350 millones de dólares.

 

—¿Tú tienes responsabilidad en ese litigio?

 

—Pues no. Ése es un caso que se llevaba en el área jurídica cuando yo estuve allí, pero no es un asunto personal. Se resolvió el arbitraje hace como 1 año y medio.

 

—Pero tú eras el abogado general y el gobierno investiga posibles colusiones de abogados de Pemex para perder el caso.

 

—No. Eso no ocurrió. En mis tiempos [6 años] sólo se manejó el arbitraje, nada adicional.

 

—¿Pero el arbitraje se perdió hace 1 año y medio?

 

—Sí. El arbitraje internacional fue desfavorable para Pemex.

 

—¿Y Pemex sigue defendiéndose en tribunales?

 

—Sí. Está dando patadas de ahogado para no pagar.

 

—¿En tribunales mexicanos?

 

—Sí. Pelea la nulidad en tribunales mexicanos, y sé que en Estados Unidos Pemex presentó algunas denuncias.

 

—¿La tiene difícil Pemex?

 

—Sí, porque ya perdió.

 

La administración de Juan José Suárez Coppel en el último tramo del gobierno de Felipe Calderón, le heredó al actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, un fallo en su contra de la Corte Internacional de Comercio, con sede en París, Francia, por 350 millones de dólares, promovido por el consorcio Comproca, integrado por la empresa coreana Sunkyong y la alemana Siemens, encargadas de la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, y que tuvo un costo original por 650 millones de dólares.

 

Aunque esta contratación se hizo durante el gobierno del priísta Ernesto Zedillo, fue hasta el gobierno de Vicente Fox cuando se concluyeron los trabajos. Un litigio muy complicado y en el que intervinieron muchos funcionarios, pero que según fuentes petroleras se trató de un megafraude orquestado por servidores públicos en colusión con las empresas privadas.

 

 

En el expediente elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con datos de la Secretaría de la Función Pública, se afirma que, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales en el periodo comprendido entre 2005 y 2010 –lapso en el que se desempeñó como abogado general de Pemex–, Néstor García Reza (quien formó parte del equipo del panista César Nava cuando éste ocupó también la Oficina del Abogado General de Pemex en el gobierno de Vicente Fox), tuvo diferencias entre sus ingresos y sus gastos por cerca de 6 millones de pesos.

 

Se explica que los ingresos que tuvo García Reza de fuentes no identificadas son: en 2006, por 746 mil 605 pesos; en 2007, por 992 mil 662 pesos; en 2008, por 2 millones 514 mil 500 pesos; en 2009, por 390 mil 202 pesos; y para el ejercicio 2010, la diferencia fue por 1 millón 77 mil 964 pesos.

 

La información oficial destaca que el abogado adquirió tres predios en el periodo comprendido entre 2005 y 2008. Dos de éstos fueron en operaciones de contado y uno más en pagos a plazos. El valor estimado de dichas propiedades asciende a 6 millones 200 mil pesos.

 

De acuerdo con lo declarado a la Función Pública, realizó gastos en efectivo en un lapso de 5 años (2006-2010) por un total de 26 millones 677 mil 594.5 pesos.

 

Según su declaración de modificación en 2009, se afirma que, de 2005 y hasta 2007, Néstor García Reza obtuvo un préstamo de su padre por 350 mil dólares en efectivo, mismo que le fue condonado en 2007. Sin embargo, las autoridades fiscales documentaron que su padre, José Pablo García Mondragón (finado), de profesión médico cirujano oftalmólogo, obtuvo ingresos por 527 mil 679 pesos durante 2005 y 2007, cifra que no alcanza a cubrir el préstamo que supuestamente le hizo al exabogado general de Pemex.

 

“Es altamente probable que el abogado García Reza haya utilizado a su padre para justificar ingresos extranómina, aún cuando éste ya estaba finado”, por lo cual “el abogado podría ser objeto de sanciones de carácter penal por enriquecimiento ilícito, enmarcadas en el artículo 224 del Código Penal Federal”, precisan los documentos.

 

 

“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”

 

En el ejercicio 2010, último año de su gestión en el área jurídica de Pemex, García Reza consigna haber adquirido, el 22 de julio de 2009, un crédito hipotecario por 1 millón 150 mil pesos, al reportar un saldo al 31 de diciembre de 2009 de 1 peso, cifra que no corresponde al monto de pagos realizados, que asciende a 52 mil 188 pesos.

 

En un comparativo patrimonial-fiscal que hizo el gobierno federal sobre las cuentas del exabogado general de Pemex, éste omitió información proveniente de los ingresos percibidos, toda vez que las declaraciones fiscales, investigadas por la UIF, arrojaron cantidades por arriba de lo declarado en el rubro patrimonial.

 

Por ello, se explica en la información oficial, “es importante realizar un análisis financiero de acuerdo con lo que el actor en estudio ha declarado ante la Secretaría de la Función Pública, utilizando el método de valor neto, con la finalidad de documentar y precisar las irregularidades financieras en las que incurre el exabogado general”.

 

La información contra García Reza involucra también a su familia, la cual habría sido beneficiada por el supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario petrolero.

 

En la información financiera se explica que la esposa de Néstor García Reza, María del Carmen Lozano Véliz, no realiza actividades laborales, lo que pone en duda la adquisición de contado que supuestamente hizo de un terreno ubicado en Mártires Irlandeses, con valor de 1 millón 750 mil pesos.

 

En su declaración patrimonial de 2009, el exabogado general de Pemex no manifestó la adquisición del automóvil marca Cadillac Escalade, el cual se localizó dentro del domicilio declarado en 2009, ubicado en la calle de Inglaterra 29, Parque de San Andrés, en Coyoacán. El costo aproximado del vehículo es de unos 900 mil pesos.

 

Otra propiedad que se presume pertenece a García Reza y que no fue declarada es el departamento ubicado en Avenida Pacífico 282, colonia Los Reyes, Coyoacán. El condominio tiene una línea telefónica a nombre de José Néstor García Reza.

 

En 2009, el abogado manifestó en su declaración una inversión como accionista en el Club Campestre de la Ciudad de México, por 480 mil pesos.

 

 

Derivado de la exploración documental, las autoridades identificaron una sociedad denominada Comercializadora Reza Rodríguez, localizada en Nuevo León y dada de alta el 7 de septiembre de 2007 ante el Registro Público de la Propiedad, con objeto social para la comisión, representación, distribución y comercialización de toda clase de bienes y servicios existentes en el comercio, en donde el exbogado general de Pemex funge como accionista mayoritario (30 mil pesos) y apoderado; su cónyuge figura como comisario, y Marco Rodríguez Reyes, como socio (20 mil pesos) y administrador. De esta sociedad no se declararon al fisco los dividendos.

 

Otra adquisición de un departamento en la calle de Francia, en el puerto de Acapulco, sigue en investigación.

 

Los vehículos que el jurista declaró ante la Función Pública son un Ford Mustang 1994, con valor de 98.3 mil pesos; una camioneta Nissan Murano adquirida a crédito; una Ford Expedition adquirida por sistema de reembolso a Pemex, por 329.4 mil pesos; un BMW 525 adquirido por sistema de reembolso a Pemex, por 605.9 mil pesos; y una Volkswagen Touareg, por sistema de reembolso y efectivo, por 663.8 mil pesos. Se identificó sin declarar la camioneta Cadillac, por 900 mil pesos.

 

Los inmuebles declarados por el exabogado petrolero investigado por enriquecimiento ilícito son cinco y dos más que no declaró:

 

1. Casa ubicada en calle Grama 135, colonia El Rosario, delegación Coyoacán, Distrito Federal. Adquirida a crédito y contado, por 435 mil 900 pesos.

 

2. Casa ubicada en calle Inglaterra 69, colonia Parque San Andrés, delegación Coyoacán, Distrito Federal. Adquirida de contado, por 3 millones 150 mil pesos.

 

3. Terreno ubicado en calle Mártires Irlandeses 136, colonia Parque de San Andrés, delegación Coyoacán, Distrito Federal. Adquirido de contado, por 1 millón 750 mil pesos.

 

4. Casa ubicada en calle Mártires Irlandeses 138, colonia Parque San Andrés, delegación Coyoacán, Distrito Federal. Adquirida a crédito, por 1 millón 300 mil pesos.

 

5. Departamento ubicado en calle Francia 2815, interior 2002, colonia fraccionamiento Costa Azul, Acapulco, Guerrero. Adquirido a crédito, por 4 millones 800 mil pesos.

 

Las dos propiedades no declaradas son:

 

1. Casa ubicada en la calle Pacífico 301, Pueblo de los Reyes, Coyoacán.

2. Casa ubicada en División del Norte 2748, Parque San Andrés, Coyoacán.

 

Además, información de autoridades migratorias, dependiente de la Secretaría de Gobernación, identifica que el exabogado general de Pemex realizó cinco salidas internacionales en 2012, cuando tenía poco más de 1 año de haber dejado su puesto en la paraestatal petrolera.

 

En abril del año pasado, García Reza viajó a París, Francia; en agosto registró salidas a Washington y Nueva Jersey, Estados Unidos; en septiembre hizo un vuelo a Toronto, Canadá, y en diciembre un vuelo a Las Vegas, Estados Unidos. Las entradas al país registradas corresponden a vuelos de regreso de Houston y Las Vegas, Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 333 / mayo 2013