Según especialistas y expertos en temas de seguridad pública, Felipe Calderón es un político en toda la extensión de la palabra, pero lamentablemente también confirman que no es un estratega, por ello la crisis que envuelve al país parece no tener remedio, pues nadie en el gabinete tiene la capacidad de mejorar las cosas. Para empezar, convertir al narcotráfico en un tema, precisamente, de seguridad pública y extenderlo al ámbito de la población civil, se transformó en la principal amenaza de su gobierno. Es claro que al gobierno calderonista le ha faltado coordinación entre las instituciones de seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia en México, en donde cada cual hace lo que quiere y atiende a intereses distintos.

Un trabajo de la reportera Nydia Egremy y publicado en la última edición de la revista Contraínea, aborda todas las aristas del problema que convertirán al gobierno de Felipe Calderón en una administración fallida. Lo más grave es el reconocimiento de los propios colaboradores de su gestión. La pregunta obligada es si ellos lo saben porque, con todas sus consecuencias, siguen adelante con la misma errada y riesgosa estrategia: atacar de frente al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a los grupos de poder, muchos de ellos políticos y económicos, vinculados con estos flagelos.

En un estudio del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC (Casede), en donde participa el priista Jorge Tello Peón, actual consejero de la Presidencia en seguridad nacional, se establece, por primera vez en muchos años, que el Estado mexicano ha perdido control territorial al improvsar una supuesta “guerra” contra el crimen organizado, lo que contradice la versión presidencial de que el gobierno manda en todos los rincones del país.

Al parecer y dados los recursos, “Felipe Calderón no sabía lo que le esperaba”, señala el experto Sergio Aguayo. Como se ha consignado anterioremente en esta columna, de acuerdo con especialistas del centro de análisis estadounidense Stratfor, con sede en Washington, la “lucha” desordenada y errática de Calderón ha generado una peligrosa atomización de la violencia y de los territorios que controla el narcotráfico.

Aún más, ha generado un estratificación del negocio en donde las franquicias del crimen cuentan con proveedores de servicios con quienes subcontratan la necesidad de mantener a raya a la autoridad, en donde los sicarios se adhieren al mejor postor. Ahora, después de esa atomización, la integración que se avizora, otra vez, en dos grandes grupos, tendrá como resultado un claro fortalecimiento de las estructuras del crimen organizado.

Las confesiones de Tello Peón

El propio asesor presidencial en seguridad y exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón, en un texto autocrítico y preocupantemente asegura que “las estructuras institucionales como las ´históricas´ han perdido control territorial en México… Antes por lo menos se sabía quiénes eran (los que controlaban ciertas regiones del país)”.

Los golpes mediáticos y políticos de Calderón tampoco se han aplicado de la mejor manera: todo el cúmulo de información que fluye sobre la seguridad, el crimen, la violencia y la impunidad ha generado en la población la sensación de riesgo en su seguridad personal, miedo, confusión, enojo y frustración. Se confirma, entonces, la hipótesis de que el narcotráfico pasó de ser un problema de seguridad nacional a un problema de seguridad pública. ¿Tenía la población civil que verse sometida por esta batalla que las autoridades tenían que dar en el ámbito de la estrategia y la inteligencia? Esta ha sido la gran apuesta de Calderón y ahora dice que pasará a segundo término preocupado por el desempleo y el claro estancamiento de la economía nacional.

Este domingo 24 de enero, la primera página del diario Excélsior informó que las ocho organizaciones de narcotraficantes se están agrupando en dos grandes carteles y claramente fortalecidos. Así deja el país el presidente Felipe Calderón y su declaratoria de guerra fallida contra el crimen organizado.

En el reportaje de portada de la revista Contralínea, firmado por Nydia Egremy bajo el título Crimen organizado controla territorios: Tello Peón, se publica el texto “La seguridad pública en México. Síntesis social” –escrito para el Atlas de la seguridad y defensa de México, primera publicación del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia–, en el que se acepta que el entorno social de la población es “cada día más violento”, lo que ha generado un ánimo nacional de ansiedad y angustia. Y el ciudadano promedio comienza hacer oír su grito, que es mezcla de ansiedad, reclamo y preocupación”.

En ese trabajo Aguayo Quezada considera que si en la guerra al crimen organizado “el Estado salió de su catatonia” y lanzó la primera ofensiva, también se trató de una decisión improvisada. “Felipe Calderón no tenía idea de lo que le esperaba”. En su contribución ¿quién gana la guerra contra el narcotráfico? Aguayo cita una entrevista que el mandatario federal sostuvo con el director del diario madrileño El País, el 15 de junio de 2008, donde expresó: “Cuando llegué a la Presidencia, el alcance del narco era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave, pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes y había que sanarlo a como diera lugar”.

A tal confesión, el profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México lanza la pregunta: “¿Diagnosticó bien la dolencia o provocó una metástasis?” Aprecia que ésta es una batalla en la cual la calidad de la información “es vital”, pues el crimen organizado “la tiene y de primera”, mientras que el gobierno y la sociedad están generándola.

Al comparar los resultados de los primeros 18 meses de gobierno de Calderón con el mismo periodo de sus antecesores, el analista observa cómo se dispara el número de detenidos y la cantidad de decomisos de droga, dinero, armas y aeronaves. Además, destaca la reducción “notable” en la cifra de deserciones del Ejército Mexicano que, dice, alimentan las filas del sicariato: en 2006 botaron el uniforme 20 mil 536 militares; en 2007 fueron 15 mil 665.

Las malas noticias, dice el investigador, es que las cifras empequeñecen al contrastarlas con lo que se sabe sobre el dinero que se mueve en el negocio de la droga. Asegura que con un criterio muy conservador, en el primer año de gobierno “el valor de lo decomisado representa una merma para los cárteles de sólo el 6 por ciento del dinero que mueven”. Explica que el impacto sobre el trasiego de armas “es todavía más insignificante”, pues sólo se capturó 1.4 por ciento del total del arsenal que, se estima, ingresó al país en los primeros 18 meses de este gobierno.

El pasado 21 de diciembre, reportamos en este espacio que la suma de el clima de violencia y los enfrentamientos entre el gobierno mexicano y las organizaciones criminales que encabezan la guerra por el control de los territorios del narcotráfico ya tiene números. Una estimación de los analistas de la organización World-Check, dedicada a desarrollar inteligencia contra el crimen organizado en el mundo, señala que las autoridades estadounidenses en el servicio de Aduanas y Migración, habrían descubierto en la frontera entre México y Estados Unidos al menos el movimiento de mil millones de dólares, tomando en cuenta que entre marzo y septiembre de 2009 solo se han incautado 40 millones, lo que fácilmente duplica la cantidad reportada oficialmente el año pasado.

Los analistas de World-Check aseguran que este monto sólo es una pequeña muestra de las cantidades reales que está retirando el Departamento de Aduanas de Estados Unidos y que el traslado de valores fácilmente podría llegar a los mil millones de dólares, si se toma en cuenta el creciente movimiento registrado en efectivo a través de casas de cambio y centro cambiarios.

McCaffrey, exzar antidrogas de EU

Barry R McCaffrey, exjefe de la Oficina de la Casa Blanca para el Control de Drogas y comandante del Comando Sur, en su trabajo para el Casede, titulado “El desafío mexicano: corrupción, crímenes y drogas”, explica que las fuerzas armadas se utilizan cada vez más por el gobierno federal “debido a las deficiencias en los organismos encargados de hacer cumplir la ley civil”, aunque reconoce que la administración de Calderón “tomó el poder con una débil legitimidad política” en una controvertida elección.

Desde su perspectiva, el gasto propuesto por el gobierno estadunidense para respaldar a México “es irrelevante” comparado con lo que ha gastado en Irak y Afganistán (que han consumido 700 mil millones de dólares con un saldo de 36 mil soldados muertos y heridos). McCaffrey enfatiza que lo que Estados Unidos se juega en México es enorme “y no se puede permitir tener un narco-Estado como vecino”. Además, plantea un difícil escenario para la seguridad nacional de su país, que la administración de Barack Obama debe impedir, pues “en menos de ocho años”, los violentos y beligerantes cárteles criminales de droga podrían abrumar a las instituciones de Estado y establecer un control de facto en amplias regiones del norte del país.

Otro investigador, Luis Herrera Lasso, en su trabajo “Inteligencia y seguridad nacional”, sostiene que con frecuencia se dice que la inteligencia y la prostitución son las profesiones más antiguas de la historia, aunque lo que se dice menos es que, a pesar de las continuas críticas que ambas profesiones reciben, sus servicios son ampliamente utilizados y apreciados por sus usuarios. Rechaza la versión de que los servicios de inteligencia se conocen más por sus fracasos que por sus aciertos, y opina que la misión fundamental de la inteligencia es evitar que se concreten amenazas que comprometan la tranquilidad social, la estabilidad y la gobernabilidad.

El fundador y director del Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos describe el sigilo, discreción y secretismo de las tareas de inteligencia como su “principal atributo”, pues una condición para desactivar cualquier amenaza a la seguridad nacional es el elemento sorpresa. “Hacer públicas las investigaciones de inteligencia anularía sus resultados”, explica Herrera Lasso al señalar que, frente a la sociedad, esto siempre ha sido y será una ventana de vulnerabilidad.

El amplio documento aborda el abandono de las fronteras norte y sur, donde prevalecen el subdesarrollo económico, la pobreza, el éxodo migratorio, el deterioro ambiental y, sobre todo, la pérdida de vidas ligadas a la inseguridad. Abelardo Rodríguez refiere que esto es ejemplo de políticas públicas endebles para construir un Estado responsable con su sociedad, territorio y fronteras, porque sus instituciones resultan vulnerables para hacer frente a amenazas internas y externas.

Para Rodríguez, la inexistencia del Estado nacional en amplias regiones del país está en el fondo de la impunidad y la corrupción, pues “el gobierno mexicano extravió la posibilidad de anticipar problemas”, como cita en su examen “México: ausencia de una política de Estado en la seguridad nacional”. También llama la atención a la “guerra total” contra el narcotráfico que emprendió el gobierno de Felipe Calderón con un aparato no reformado del todo y que, “en algunos casos, suele ser disfuncional” y a veces se encuentra inconexo de la inteligencia, la seguridad pública, la seguridad nacional, la defensa y la política exterior.

El profesor investigador del departamento de Estudios del Pacífico en el Centro de Estudios del Norte de la Universidad de Guadalajara sospecha de las verdaderas motivaciones de esa “guerra total” sin un diagnóstico integral. “Hay algo que no cuadra” entre el país que recibió el presidente y lo que ha intentado ejecutar, ya que la debilidad institucional del Estado en su conjunto es evidente, manifiesta, pues además de estar desarticulada, la estrategia actual no es integral, debido a que se centra en el combate al tráfico ilegal de drogas. No despliega esfuerzos similares en el decomiso de armas y de dinero, en el consumo de droga y las adicciones.

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