Con un presupuesto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos anuales y una voluminosa nómina de 3 mil 500 empleados de confianza, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es operado por 39 personas con los cargos más importantes en su estructura, que van desde el director general, directores y coordinadores, quienes percibes salarios mensuales entre los 160 mil y 200 mil pesos, más un bono por riesgo adicional equivalente al 30 por ciento.

 

A pesar del enorme gasto que representa para las finanzas públicas ese órgano de seguridad nacional, en los últimos 12 años, periodo en el que el Partido Acción Nacional ocupó la Presidencia de la República, se convirtió en una institución gris en su desempeño y un barril sin fondo en su gasto público.

 

La opacidad de este órgano de inteligencia llegó al absurdo de que desde su creación, el 13 de febrero de 1989, los mexicanos no habíamos podido conocer quiénes son los funcionarios que ocupan los 39 cargos más importantes en la estructura directiva y mucho menos el salario que perciben, a pesar de que éste proviene de recursos públicos.

 

Por ser un ente de seguridad nacional, adscrito a la Secretaría de Gobernación, los 3 mil 500 trabajadores del Cisen son de confianza, no hay sindicato y tampoco personal operativo.

 

En las dos últimas administración federales, con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) como presidentes, el Cisen prácticamente fue desmantelado en su función primordial de salvaguardar la seguridad del Estado y se convirtió en un centro de espionaje telefónico, vigilancia a opositores políticos y organizador de festejos, fiestas y cumpleaños.

 

Debido a que dos secretarías de Estado, Función Pública y Hacienda y Crédito Público, son las responsables de aprobar el presupuesto del Cisen, la estructura de éste se mueve sin organización ni control, lo que deriva en una descomposición y desorden hacia su interior.

 

Actualmente, el Cisen recluta y selecciona a personal que carece de un perfil adecuado para el puesto que debe desempeñar. Con un estancamiento de 12 años, este Centro acumula personal anquilosado, que por muchos años no recibió capacitación alguna y tampoco realiza las funciones inherentes a su responsabilidad.

 

En los exámenes de control de confianza que se aplica al personal, de cada 10 trabajadores sólo aprueban dos, aunque en sus informes oficiales el Cisen asegure que todos sus empleados son confiables, sin importar la eficiencia y eficacia en su desempeño. 

 

Por ejemplo, en el último año del gobierno de Felipe Calderón, el titular del Cisen, doctor Jaime Domingo López Buitrón, designó a sus amigos Alejandro Razo Corona como coordinador de Inteligencia y a Alejandra Lamont Cortázar como oficial mayor, con el propósito de tener un control total y manejo arbitrario de los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de ese órgano de inteligencia. Sin importar que ninguno de los dos contara con experiencia para ejercer responsabilidades de seguridad nacional.

 

López Buitrón es amigo desde la infancia de Razo Corona y Lamont Cortázar fue su alumna e incondicional. Los tres exfuncionarios, que controlaban para fines personales al Cisen, habían trabajado juntos en la Secretaría del Trabajo. Razo Corona, como coordinador general de Empleo, y Lamont Cortázar, como coordinadora de asesores del subsecretario de Empleo, Jaime Domingo López Buitrón.

 

Sin experiencia en seguridad nacional, López Buitrón ingresó por primera vez como director general del Cisen el 13 de octubre de 2005 y salió el 9 de enero de 2007. La segunda ocasión entró el 23 de noviembre de 2011 hasta el último día de gobierno de Calderón Hinojosa.

 

En los 6 meses de la actual administración, el nuevo director general, Eugenio Ímaz Gispert –también sin experiencia en la seguridad nacional–, ha iniciado la remoción de funcionarios calderonistas, pero algunos se han agazapado en sus puestos y esperan no ser descubiertos, como la exsecretaria particular de López Buitrón, Angélica López Cuevas, quien hasta hoy ocupa una dirección general en la Coordinación General de Inteligencia, sin importar su nula formación académica compatible con temas de seguridad nacional, pues sus estudios abarcan sólo áreas de terapia del lenguaje.

 

El esposo de la funcionaria López Cuevas, Luis Acosta Canssina, también  trabaja en el Cisen como director de Asuntos Internacionales, con un salario bruto superior a los 170 mil pesos mensuales.

 

Otros dos directivos del Centro que vienen de gobiernos panistas y son leales al exdirector López Buitrón son Víctor Emilio Corzo Cabañas, actual coordinador general Jurídico, quien tiene un salario mensual bruto de 161 mil 259.71 pesos, y José Luis Calderón Arozqueta, responsable de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, con un ingreso bruto por 171 mil 901.34 pesos.

 

Otro ejemplo de negligencia es el propio titular del Órgano Interno de Control, Jesús Meza Zapata, con más de 15 años en esa institución de seguridad nacional, quien se ha adecuado muy bien a cada director general, a quienes nunca cuestiona y siempre está dispuesto a servir: “como usted diga señor director”. Sin asumir las funciones reales de un contralor que debe auditar y vigilar el buen desempeño de los servidores públicos y el eficaz uso de los recursos públicos, Meza Zapata percibe un salario bruto de 171 mil 901.34 pesos mensuales.

 

En los mandos de las áreas que manejan la administración de personal, recursos humanos, materiales y financieros es conocido por los trabajadores que los titulares no cuentan con las atribuciones académicas necesarias ni con la experiencia para esos puestos. Algunos directivos carecen de títulos de licenciatura y tampoco cubren los perfiles exigidos para esas responsabilidades.

 

El único mérito de los nuevos administradores del Cisen, comentan los empleados, es que son oriundos de Hidalgo, de donde proviene el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

 

 

Los trabajadores del Cisen recuerdan festivamente los últimos 12 años de gobiernos panistas, cuando las fiestas y reuniones sociales eran constantes en las instalaciones del Centro y todos disfrutaban y se divertían a costa del erario, mientras que la seguridad nacional cada día se ponía en peligro.

 

Fue 2012, último año de la administración anterior, cuando el director general López Buitrón realizó más festejos y eventos como reconocimientos, comidas, desayunos y reuniones de “trabajo” en las instalaciones responsables de la seguridad nacional del país. Para ello se adaptó un amplio espacio conocido por los trabajadores del Cisen como “El Palomar”, en donde se invirtió mucho dinero público para condicionarlo como una hacienda de campo.

 

Cuando se acercaba el fin del sexenio, en octubre de 2012, el entonces director general del Cisen decidió mudar los festejos a Querétaro, a donde se trasladó un selecto equipo directivo de 50 personas para “planear” y “seleccionar”, según explicaron los organizadores, la información que sería entregada a la siguiente administración priísta, pues era indispensable guardar archivos y destruir otros que pudieran comprometer a los funcionarios salientes de todo el gobierno federal panista.

 

Otro gran festejo que recuerdan con júbilo los empleados burócratas del Cisen ocurrió en agosto de 2012, con motivo del cumpleaños de Jaime Domingo López Buitrón. Para esa celebración, al director general del Centro le pareció justo dejar por primera vez de usar fondos públicos y que los trabajadores de mandos medios y superiores aportaran entre 500 y 1 mil 500 pesos para la gran cena que se realizó en el lujoso hotel Four Seasons. Al festejo asistieron 100 “invitados especiales”, entre quienes se encontraba el ahora secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, en ese entonces titular de la Secretaría de Hacienda.

 

 

En el organigrama del Cisen destacan 39 servidores públicos responsables de la seguridad nacional del país. Por primera vez en 23 años de su constitución, tuvimos acceso a dicha información que las diversas entidades públicas, incluido el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, habían negado sistemáticamente a la población.

 

Lo mismo sucede con los salarios que perciben esos 39 funcionarios, quienes además por la importante responsabilidad que desarrollan y el riesgo que su profesión conlleva, se les asigna un 30 por ciento adicional del ingreso que reciben: el bono de riesgo.

 

En la Dirección General está Eugenio Ímaz Gispert, con un ingreso bruto mensual de 199 mil 591.47 pesos, más el 30 por ciento por su bono de riesgo, lo que elevaría su ingreso a unos 260 mil pesos por mes.

 

La Secretaría General del Cisen, todavía vacante, tiene asignada una percepción mensual por 193 mil 755.52 pesos, más el bono por riesgo.

 

El titular del Órgano Interno de Control es Jesús Meza Zapata, con un salario de 171 mil 901.34 pesos; la jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano es Frida Martínez Zamora, con un salario de 189 mil 944.30 pesos.

 

En la estructura del Cisen hay siete coordinaciones generales, cinco de las cuales tienen un salario mensual asignado por 189 mil 944.30 pesos, más un bono de riesgo correspondiente al 30 por ciento al mes:

 

1. Inteligencia, Gerardo García Benavente.

2. Contrainteligencia, Daniel Santos Gutiérrez Córdoba.

3. Operaciones, Édgar Guillermo Ramos Masseto.

4. Desarrollo Tecnológico, Gerardo Gutiérrez Zarazúa.

5. Vinculación Nacional e Internacional, Óscar Florentino Monroy Ramírez de Arellano.

 

En la sexta coordinación general, que es la Jurídica, está Víctor Emilio Corzo Cabañas, con un ingreso por mes de 161 mil 259.71 pesos. La séptima es la Coordinación General de Administración y Finanzas, con un salario mensual por 175 mil 828.63 pesos.

 

Después siguen 26 direcciones, una Subcoordinación y la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional.

 

La Coordinación General de Inteligencia cuenta bajo su mando con cuatro direcciones: Investigación, a cargo de Conrado Alfredo García García, con un salario mensual 192 mil 529.51 pesos; Análisis, que encabeza Mario Alejandro Vignettes del Olmo, 192 mil 529.51pesos; Red Nacional de Información, dirigida por Óscar Hugo Ortiz Milán, 171 mil 901.34 pesos; Información de Fuentes Abiertas, encabezada por Manuel Cossío Ramos, 171 mil 901.34 pesos.

 

El área de Inteligencia tiene un apartado especial para el delegado en el Estado de México, Rafael Osornio Sánchez, cargo que no aparece en el organigrama oficial directivo, pues en todos los estados de la República hay un delegado de ese órgano de seguridad nacional, pero en los documentos sólo aparece el responsable de esa área mexiquense, de donde es oriundo el actual presidente Enrique Peña Nieto.

 

La Coordinación General de Contrainteligencia tiene una estructura con cuatro direcciones: Contrainteligencia, que encabeza José Antonio Aguilar Reyes, 192 mil 529.51 pesos mensuales; Seguridad Institucional, a cargo de Jorge Alejandro Colín Elías, 192 mil 529.51 pesos; Información Técnica, dirigida por Alejandro Gabriel Mazín Serna, 192 mil 529.51 pesos; Atención a Grupos Subversivos, cuya directora es Jaqueline Emiliam Moreno Gómez, 171 mil 901.34 pesos.

 

La Coordinación General de Operaciones tiene tres direcciones bajo su mando: Atención al Terrorismo, al mando de Gerardo Téllez García, 192 mil 529.51 pesos; Atención a la Delincuencia Organizada, de Adriana Escobedo Garza, 192 mil 529.51 pesos; Atención a Instituciones Públicas, de Juan Antonio Guerrero Picazo, 171 mil 901.34 pesos.

 

La Coordinación General de Desarrollo Tecnológico tiene dos direcciones: Tecnologías de Información, que encabeza Raymundo Reyes Bravo, 171 mil 901.34 pesos, y Servicios Tecnológicos, dirigida por Raúl Antonio Villegas Lastra, 171 mil 901.34 pesos.

 

La Coordinación General de Vinculación Nacional e Internacional tiene una Subcoordinación y cuatro direcciones: Subcoordinación General de Planeación y Vinculación Institucional, de Luis Muñoz Ángeles, 192 mil 529.51 pesos, y las cuatro direcciones son Planeación y Documentación Organizacional, de Raúl Martínez García, 153 mil 483.34 pesos; Vinculación Institucional, de Nadia Cristina Tovar Cruz, 171 mil 901.34 pesos; Asuntos Internacionales, de Luis Acosta Cassina, 171 mil 901.34 pesos; Estudios Institucionales, vacante y un salario asignado por 192 mil 529.51 pesos.

 

La Coordinación General Jurídica cuenta con cuatro direcciones: Contencioso y Administrativo, que encabeza Cornelio Ernesto Vargas Rosas, 153 mil 483.34 pesos; Consultivo y Normatividad, dirigida por Teresita de Jesús Vargas Lemus, 153 mil 483.34 pesos; Acceso a la Información, al mando de Carla Alejandra Carrillo Hervert, 153 mil 483.34 pesos; Estudios y Proyectos, de Mario Montes Soto, 153 mil 483.34 pesos.

 

La Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano tiene como titular a Frida Martínez Zamora, quien percibe un ingreso por 189 mil 944.30 pesos. Esta cuenta con una Coordinación General de Administración y Finanzas, la cual tiene bajo su control cinco direcciones y una escuela de Inteligencia.

 

Las direcciones son: Programación y Presupuesto, cuyo titular es Jesús Francisco García Loredo, 171 mil 901.34 pesos; Recursos Materiales y Servicios Generales, que mantiene al frente a Gerardo de la Cruz Castro Estrada, 171 mil 901.34 pesos; Recursos Humanos, que dirige Roberto Olguín Pérez, 171 mil 901.34 pesos; Control de Confianza, encabezada por Luz del Carmen Díaz Galindo, 192 mil 529.51 pesos; Desarrollo Administrativo, dirigida por Lorena Dolores Ochoa Hermosillo, 171 mil 901.34 pesos.

 

La Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional está a cargo de José Luis Calderón Arozqueta, con un salario al mes por 171 mil 901.34 pesos.