Margarito Miranda Arias/José de Jesús Palacio Serrato*
El 10 de marzo de 2012, la menor Laura Alexa Pérez de León fue llevada por su madre al Internado Casa de Jesús, en Calzada Veracruz 400, en Pachuca, Hidalgo, para que recibiera orientación sicológica, debido a que en ese momento estaba enojada con ella y con su padre. Al cabo de 1 hora, su madre regresó por ella a la casa religiosa; no obstante, su hija había desaparecido. Más tarde los señores Alejandro Pérez y Laura Olivia de León, supieron que su hija había sido entregada a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Hidalgo.
La forma en que fue desprendida de su seno familiar indudablemente la privó de todos sus derechos humanos, debido a que su condición de menor la excluye de decidir sobre sí misma. Para justificar la retención de Alexa en la institución señalada anteriormente, se inició en contra de sus padres la averiguación previa 12/SP/322/2012 por el delito de “abandono de incapaz”.
El documento de la investigación de campo que se realizó a los padres de Alexa –con fecha del 27 de marzo de 2012, emitido por Trabajo Social de la Subprocuraduría de Atención a la Familia y a la Víctima– determinó que la familia es nuclear, que las condiciones de la casa en la que habitan son favorables y la situación económica es buena, ya que los ingresos económicos son suficientes para satisfacer necesidades básicas; además, se lee que las referencias vecinales de la familia son de personas tranquilas y amables.
No obstante, la revisión de varios documentos del expediente se observa que algunos han sido redactados muy a modo para desfavorecer a la familia Pérez Vilchis; por ejemplo, la ampliación de declaración de Laura Alexa –con fecha del 30 de marzo, en la que la menor acusa a su padre de violencia sexual– se aprecia alterada, se presume que aquella declaración le fue atribuida a la menor ya que se lee el nombre de otra persona que fue borrado para sobreponer el de Alexa.
Los señores Alejandro y Olivia han interpuesto varias quejas y denuncias por estos actos que les han agraviado y para recuperar a su hija, entre ellos la queja del 29 de marzo de 2012, ante la contraloría del DIF en Hidalgo, por las lesiones que presentaba Alexa mientras se encontraba bajo custodia del DIF; la presentación del caso de Alexa ante la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación el día 30 de marzo de 2012, bajo registro SEGOB/CI/INV/ 009/2012; también la queja vía internet en la página del gobierno de Hidalgo, en el apartado “escríbele a tu funcionario”, en contra de la agente del Ministerio Público Gabriela Martínez Lagarde, quien les pidió dinero a cambio de la entrega de la menor; dicha queja quedó registrada bajo el folio 18924, con fecha del 3 de abril de 2012.
El 25 de mayo de 2012 se presentó la denuncia penal contra agentes ministeriales de Hidalgo por abuso de autoridad, amenaza y robo, cometido en contra de Rubén Alejandro Pérez Vilchis, quien fue privado de su libertad en una camioneta; los que se presumen son agentes ministeriales lo golpearon y le exigieron retirar las denuncias presentadas. La averiguación previa quedó registrada con el número 12/DAP/268/2012.
Presentaron, además, quejas ante la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE) por irregularidades en la integración de la averiguación previa, negligencia, retraso y abuso de autoridad en contra de la directora del Centro de Atención a Víctimas (Cavi), Margarita Cabrera, y la queja a la Contraloría del DIF, vía internet, contra la abogada de esa institución que sugirió a la señora Laura Olivia de León Caballero que inculpara a su esposo a cambio de regresarle a su hija.
El aislamiento que ha sufrido Alexa y las lesiones que ha presentado han provocado miedo en sus padres, pues sospechan que su hija pudiera ser objeto de violencia sexual dentro del DIF, por lo que han solicitado al juez que lleva su causa que se actualicen los dictámenes de ginecología y proctología a su menor y que sea cambiada de la casa hogar a una federal; no obstante, su petición ha sido negada.
En los dictámenes sicológicos y ginecológicos practicados a Alexa y a sus padres el 30 de marzo de 2012, por parte de la sicóloga Adriana Ávila Rodríguez, se puede advertir que están redactados de manera poco científica, con un perfil sicoanalítico y proyectivo. El dictamen ginecológico practicado por el perito médico del Servicio Médico Forense, con fecha del 30 de marzo de 2012, ha referido que no existe ninguna lesión genital ni alteración de himen por encontrarse éste íntegro. Entre otros dictámenes se lee que valoran a Alexa con instrumentos no acordes a su edad, por ejemplo “los muñecos anatómicos” para detectar abuso, ya que se deben aplicar principalmente a menores de 10 años; sin embargo la menor con 14 años de edad fue estudiada bajo esta técnica.
Las fallas que han detectado algunos especialistas a los que se ha recurrido han advertido que todo el proceso está basado en interpretaciones subjetivas de la sicóloga y que se le aplican pruebas a una menor que aún bajo las consideraciones de su edad mental y de sus carencias de articulación lingüística requieren para su realización un uso adecuado del lenguaje, elemento del cual carecen. De los dictámenes presentados posteriormente el 18 de abril, y 7 y 8 de mayo del 2013, se advierte que fueron desarrollados de manera más estandarizada, a diferencia de los anteriores; sin embargo, siguen siendo contradictorios. Por otro lado, las valoraciones se realizan con datos divergentes: en los primeros dictámenes se establece que la niña cursa el primer año de primaria, mientras que el realizado el de 18 de marzo de 2013 se lee que Alexa cursa el primer año de secundaria. En el dictamen del 30 de marzo de 2012 la familia de Alexa se describe funcional, pero en los del 18 de abril y 7 y 8 de mayo se establece lo contrario.
Con respecto de los dictámenes médicos, tenemos que en el efectuado el día 30 de marzo de 2012, realizado a Alexa, se relata que la niña comenzó su vida sexual a los 12 años, que a esa edad “su padre verdadero la tocó”, que cursa el segundo año de secundaria con 14 años, con lenguaje congruente y concluye que presenta himen semilunar íntegro y sin lesiones externas.
La oscuridad de varios hechos y la lectura de probanzas abren la posibilidad de deducir que, por intentar acciones para recuperarla y por denunciar a varias personas del servicio público se ha criminalizado a los padres, al iniciarles procedimientos penales por los delitos de actos libidinosos y abandono, además de recibir amenazas, agresiones, secuestro e intimidación; las más recientes amenazas en contra de los padres de Alexa ocurrieron el 2 y 3 de junio de 2013, cuando desde el teléfono celular 527717227446 se lee: “Ya sabemos donde estás hijo de tu puta madre vamos a ir por ti…”, “Sigue chingando te vamos a matar a ti y a tu puta familia esta es la ultima sigue chingando” (sic).
Es claro que esas amenazas derivan de sus acciones para poder sacar a su hija de la casa hogar y de las denuncias que han interpuesto en contra de servidores públicos, a saber: la directora de los Cavi, Margarita Cabrera Román; el visitador general de la PGJE, Juventino Pérez Lamoine, así como agentes del Ministerio Público, sicólogas y casas de asistencia para menores manejadas por órdenes religiosas y el DIF Hidalgo.
Desgraciadamente, el caso de Alexa no es el único. Medios de comunicación han documentado que se han presentado otros en que se opera de la misma manera: los Cavi captan a menores con problemas intrafamiliares y los recluyen en las estancias del DIF. Simultáneamente el MP inicia procesos irregulares en contra de los padres, por maltrato, abandono, abuso sexual o prácticas libidinosas, en la mayoría de los casos para retirarles la custodia. Luego se les ofrece a los inculpados que paguen alrededor de 35 mil pesos para liberarlos y entregarles al o la menor.
La situación que manifiesta la familia de Alexa es un episodio que lacera profundamente los derechos humanos y que obliga a la sociedad a exigir del gobierno una amplia investigación por lo denunciado, a exigir garantías de seguridad a cada una de las víctimas de casos similares. Nos exige pedir que se investiguen penalmente los abusos que ha sufrido la menor y se haga pública, de viva voz de familiares y de las demás niñas cómo se encuentran dentro de la casa hogar. Alexa actualmente cuenta con 15 años de edad, según se desprende de su acta de nacimiento y, lleva más de 1 año retenida en la Casa de la Niña del DIF; no obstante, se desconoce su destino.
*Área de Orientación y Defensa Jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC
Fuente: Contralínea 340 / junio 2013
