En medio de la aguda crisis económica por la que atraviesa el país, la Comisión Federal de Electricidad comenzó la “cacería” de deudores, en la que promueve que se encarcele a jefes de familia por no pagar el consumo de energía, y que en diversas entidades se criminalice la protesta social en contra de los altos precios del servicio

Los pobladores de Candelaria, en el estado de Campeche, dedicados en su mayoría a la agricultura, silvicultura, pesca, crianza de animales y pequeño comercio, se manifestaron por los altos cobros de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); de 50 pesos bimestrales en un periodo de seis meses, pasó a 4 mil y 5 mil pesos en promedio bimestral, enteramente desproporcional a sus ingresos familiares y al salario mínimo en la región que es de 49.50 pesos diarios.

Para cubrir el consumo, echaron mano del dinero destinado a los alimentos, el agua, gas y medicamentos, pero al poco tiempo no hubo dinero que alcanzara a cubrir los graduales aumentos en las tarifas, así que ante la CFE se declararon en mora de pagos, por lo cual fueron procesados y encarcelados.

En agosto de 2006, las familias de 30 comunidades se agruparon en el frente denominado “Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica”. Primero, expusieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno su problemática, y demandaron un reajuste a las tarifas, problemática que en el Congreso de la Unión han planteado en diversas ocasiones diputados federales de entidades del norte del país.

Con el lema “¡No a la privatización de la energía eléctrica!” y en demanda de “tarifas justas”, las familias de Candelaria organizaron manifestaciones, plantones, mítines, encuentros y foros en otras entidades. Infructuosamente esperaron una solución del gobierno.

La respuesta fue la represión y el encarcelamiento de varios de ellos, las primeras presas de una “cacería” de deudores que la CFE hoy extiende a, por lo menos, sietes estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua, que a excepción de Querétaro, se trata de las entidades que, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social, concentran los municipios y comunidades en mayor depauperación de todo el país.

Pobreza criminal

Ubicado a 239 kilómetros al sureste de la capital de Campeche, Candelaria es el segundo municipio con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la entidad, sólo por debajo de Calakmul, su vecino del Este. Con cerca del 20 por ciento de su población analfabeta, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio encabeza también los índices de desempleo en la región.

Antaño terruño de fincas chicleras que sucumbieron junto con su principal activo, en Candelaria, la mayoría de sus 37 mil residentes –herencia del emporio que creó la The Campeche Timber & Fruit Company– cohabita en cobachas, hacinados en dos o tres habitaciones que hacen las veces de dormitorio, cocina, comedor y estancia para familias de seis a ocho integrantes. Las mejores están construidas con block y piso de cemento o firme, aunque más del 20 por ciento aún tiene piso de tierra.

El principal bien con el que cuentan algunas familias es una televisión, un refrigerador, un ventilador y un radio. No hay lavadoras ni hornos. El consumo de energía eléctrica es relativamente bajo. Dos o tres focos son suficientes para alumbrar la vivienda, de hecho, sólo 4 mil 272 casas de las 6 mil 194 que hay en Candelaria dispone de energía eléctrica, según cifras oficiales del gobierno de Campeche.

En ese empobrecido municipio se registran los primeros casos de jefes de familia encarcelados por no poder pagar las altas tarifas de energía eléctrica de la CFE, las cuales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ubican entre las más caras del mundo.

A partir del 2004, millones de familias en todo el país vieron incrementados sus cobros en el consumo de electricidad sin un aumento significativo del consumo real, a raíz de las modificaciones a las tarifas zonales y a la reducción de los subsidios del gobierno federal. El ingeniero José Luis Apodaca, del Frente de Trabajadores de la Energía, aduce este incremento a una mera política gubernamental “de encarecimiento”.

Las detenciones

Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) acreditaron que en un operativo violento, el 9 de julio de 2008, personal de CFE inició los primeros cortes masivos de energía eléctrica en Candelaria: dejó sin luz a 12 familias. La comunidad se agrupó para exigir la reinstalación.

En septiembre, la CFE ordenó suspender la energía a los morosos, particularmente a los integrantes del movimiento “Resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica”. Los cortes iniciaron a las nueve de la mañana del 25 de septiembre, en un operativo en el que participaron 20 camionetas de la CFE y tres patrullas de la policía municipal. Se cortó el suministro a 60 familias.

Los colonos iniciaron protestas pacíficas ante las oficinas de la CFE, quejándose de que su condición económica les impedía cubrir los adeudos, que, según los cálculos de la CFE, llegaban en algunos casos a 30 mil pesos. Sara López y Joaquín Aguilar, voceros del movimiento, se reunieron con el jefe del Departamento Comercial de la CFE, Leovigildo Domínguez López, quién se comprometió a respetar al grupo e informar a las instancias correspondientes sobre la situación.

Sin embargo, ese mismo día el representante legal de la paraestatal, Joel Rafael Baeza Manzanero, presentó una demanda penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Escárcega, en contra los colonos, por el delito de “obstrucción de obra o servicio público y otros que resulten contra funcionarios federales”. Se integró en la averiguación previa AP/PGR/CAMP/ESC-I/103/2008 bajo los cargos de violación al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y al artículo 185 del Código Penal Federal, “por oposición a que se ejecute una obra o trabajo determinado”.

El pasado 25 de junio se consignó la averiguación. Con los elementos aportados por el ministerio público federal, en la causa penal 45/2009, el Juez Segundo de Distrito en Campeche, Mario Toraya, liberó órdenes de aprehensión en contra de 33 personas: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Andrés Aguilar López, Guadalupe Borjas Contreras, Filiberto Reyes y/o Rigoberto Reyes Aguayo, José Alberto Villafuerte García, Víctor Díaz Andrade, Octavio Solís Cortés, Elmer Castellanos Velazquez, Guadalupe Lizcano Gómez, Miguel Félix Acopa, Salatiel Concepción de la Cruz, Emilio García de la cruz, Eduardo Pérez Oy, María del Carmen Domínguez Guzmán.

Además de Turi Ramírez Domínguez, Nicolás Arcos Guzmán, Humberto Arcos Díaz, Abigail Canal López, Héctor Alejos Jiménez, Domingo Álvarez Silvano, Ricardo Uc Canal, José Cambranis, Luis Domínguez Bautista, Miguel Domínguez Martínez, Julia Baeza Cruz, María Elena Rosario Muñoz, Rodrigo Reyes Aguayo, Manuel Aguilar Compán, Miss Salas Rosas, Manuel Rodríguez, Juana Pech y Lourdes Félix Alejo.

La madrugada del 10 de julio se cumplieron cinco aprehensiones. La Policía Ministerial Federal detuvo en sus domicilios a Sara López, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos, Guadalupe Borjas y Guadalupe Lizcano.

Amnistía Internacional acreditó numerosas irregularidades durante las detenciones:

Al filo de las 5 de la mañana, Sara López escuchó fuertes golpes en la puerta de su casa. Minutos después, policías ministeriales rompieron las puertas e ingresaron a la vivienda. No se identificaron ni presentaron orden judicial alguna.

?¡Hijo de tu puta madre, cómo te llamas!” –increparon a Joaquín.

?¿A quién buscan? –preguntó Sara. Nosotros tenemos un abogado.

?¡A tu abogado también se lo va a llevar la chingada!

Sara fue obligada a cambiarse de ropa frente a los agentes. Luego encañonaron a su hijo y esposaron a Joaquín. En tanto, en los domicilios de Guadalupe Lizcano, Elmer Castellanos y Guadalupe Borja, ocurrían detenciones similares con violencia e insultos.

Sin informar a los familiares dónde los trasladarían, a Sara y Joaquín los metieron a una camioneta. El trayecto fue aderezado con golpes en la cabeza y cuello, amenazas, y el terror perenne de sentir el cañón de las armas en la cabeza.

Los cinco detenidos fueron trasladados a la delegación de la PGR en Campeche. Hasta las once de la mañana, a Sara le permitieron telefonear a sus hijos para informarles que los ingresarían al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén. Seis días después se les dictó auto de formal prisión por los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener una persona como rehén y obstrucción o impedimento de una obra o servicio público”.

La averiguación previa PGR/CAMP/ESC-I/103/2008, a la que tuvo acceso Contralínea, integra la declaración de los ocho testigos de la CFE, todos ellos trabajadores de la paraestatal. En su testimonio, cada uno simplemente ratifica lo que dijo el testigo que le precedió en su declaración.

Una declaración ilustrativa es la de Kermitt Leonardo Bacelis Patrón, jefe de oficina de la CFE en Candelaria, quien el 15 de octubre de 2008, dijo estar “de acuerdo con la denuncia y querella interpuesta por el licenciado Joel Baeza Manzanero (apoderado legal de CFE), y con el contenido de la comparecencia del licenciado Leovigildo Domínguez López, jefe del Departamento Comercial de la CFE en Candelaria”.

Ninguno de los testigos se refirió a hechos propios, sino a los declarados por su jefe directo y por el apoderado legal de la CFE. Al respecto, David Peña Rodríguez, de la Asociación de Abogados Democráticos, representante de los inculpados, denuncia que “los testigos indebidamente fueron orientados y aleccionados por el Ministerio Público de la Federación para encuadrar las denuncias y posteriormente liberar las órdenes de aprehensión”.

Ello, explica Peña, “es una acción irregular, violatoria y dolosa por parte del representante social federal, y constituye una grave violación a los principios procesales que rigen la integración de toda averiguación previa, y constituyen una violación procesal grave que vulnera los derechos humanos de los procesados”.

Al estilo Cisen

El 7 de noviembre de 2008, cuando se integraba la averiguación previa, el Ministerio Público giró un oficio al representante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Jorge Adalberto Sánchez Aparicio, para que sus agentes investigaran “el nombre o los nombres de las personas que aparecen en las placas fotográficas que obran en la presente indagatoria, emitidas por la perito K. Paloma Sánchez Cadena”, y también “el modus vivendi y modus operandi de dichas personas”.

La AFI entregó su informe el 28 de noviembre. Un legajo con el “perfil” de los inculpados: fotografías con pie de foto donde se asienta el nombre de la persona, domicilio, vínculos familiares y particularmente su pertenencia a movimientos sociales, destacándose como si su activismo fuese un delito.

La ficha de Sara López, indica: “Es cabeza visible del movimiento Resistencia Civil en Candelaria. Ligada al movimiento zapatista de Chiapas y con otros grupos izquierdistas del país. Su familia radicaba en Pedro Baranda, pero hace años se establecieron en Candelaria”.

La ficha de Joaquín Aguilar señala: “Es esposo de Sara López, operador del movimiento de R.C. y de Layda Sansores en su momento, así como de diferentes movimientos siempre que sean de izquierda o anarquistas. Trabaja en el reparto de agua purificada La Candelaria”.

De Guadalupe Borjas Gutiérrez: “Vecino de la Col. Independencia, dedicado a la compra-venta de borregos”.

Sobre Alfonso Borjas Gutiérrez, dice: “Hermano de Guadalupe Borjas, vecino de la Col. Independencia, relacionado con la misma familia. Trabaja en una carnicería de su propiedad”.

Sobre Rigoberto Reyes Aguayo, el perfil elaborado por la AFI indica que “fue uno de los primeros que se opuso al corte del servicio argumentando que no paga porque sus recibos llegan muy altos y considera injustos los cobros”.

Sobre Oscar Álvarez, “exalbañil, actualmente dedicado a la venta ambulante de aguas y comida, vecino de la Col. Independencia que se suma al movimiento por el costo de energía eléctrica”.

Otra: “Toñita, anciana, vecina de la colonia San Martín, vive a espaldas del cementerio. Es esposa del Caporal, un sujeto borracho y pendenciero muy hábil como jinete y como vaquero, pero disminuido por los años. Se suma al movimiento por lo que considera los altos costos de energía, tiene prácticamente tapado el medidor de su casa para evitar lecturas”.

De David Jiménez: “Vecino de la Col. San Isidro, pertenece a un grupo de la tercera edad, participa con frecuencia en este tipo de movimientos. Hace años fue gente de posibilidades, pero fue acabando con sus recursos y actualmente está en la pobreza. A su derecha Severiano Anguiano y a su izquierda un activo participante de izquierda pendiente de identificar, miembro de un grupo anarquista de tricicleteros. También se dedica a la venta de tacos y perros calientes. Es cotidianamente opositor a todo y con frecuencia (está) metido en movimientos de este tipo”.

Incluye la fotografía de otro vecino no identificado, de quien se cita: “Muy conocido porque está dedicado al reparto de tortillas y leche en motocicleta; participa en todo tipo de movimientos de izquierda. Va en su moto por buena parte de la ciudad de Candelaria y por una buena parte del municipio. (Está) muy identificado con movimientos de izquierda”.

De Severiano Anguiano: “Se ha sumado también a R.C. por el pago de energía que considera onerosa”.

De Abraham Ríos: “Exalbañil, actualmente microcomerciante, vende tamales en triciclo y tiene una tiendita Frutería y Abarrotes Ríos”.

De Cruz Hernández: “Pertenece a un grupo de senectos que protestan en contra de todo, apoyaron a Layda Sansores en su momento, después a Marcelino Mis; a veces están con Armando García, etc. Es de las personas que disparan contra todo lo que se mueve. Con razón o sin ella”.

El documento, que el Ministerio Público usó como informe en materia criminalística de campo fue validado por el juez segundo de distrito, sin que cumpliera con los lineamientos para este tipo de pruebas que exige acreditar la metodología empleada para las entrevistas, el protocolo de investigación seguido para obtener los resultados buscados, las fechas, horas y momentos en donde se desarrolló la investigación.

Carece también de las referencias mínimas para ubicar a las personas que le fueron “presentadas” en la placas fotográficas al agente investigador; omite hacer referencia a los medios a través de los cuales obtuvo la información que señala en cada pie de foto; el mecanismo utilizado para contrastar dicha información, así como la relevancia en términos de investigación de la pertenencia o filiación de una grupo o movimiento social.

Por lo anterior, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos calificarían el informe de la AFI, que sirvió de sustento principal a la PGR para consignar, como violatorio a la privacidad e intimidad de las personas, pero sobre todo, una violación flagrante y una intimidación a los derechos de libertad de reunión, libre manifestación y libre expresión de las ideas.

Castigar la pobreza

En sus declaraciones ministeriales, el 20 de noviembre de 2008, Sara López y Joaquín Aguilar mencionaron a ocho personas que podrían declarar como testigos y corroborar que el día de los hechos imputados por la CFE no se encontraban en el lugar identificado por los representantes de la paraestatal, es decir, que avalarían su dicho de ser inocentes de los cargos en su contra.

Ninguno de ellos fue llamado a declarar, en cambio, la PGR solicitó las órdenes de aprehensión contra los testigos de Sara y Joaquín. El juez segundo de distrito liberó las órdenes de aprehensión sin que se acreditara la imputación de algún delito.

De las 33 órdenes de aprehensión, 20 corresponden a la lista de “deudores” que la CFE presentó como prueba contra los colonos, a los que se les imputó el delito de adeudo del suministro de energía eléctrica.

La denuncia presentada por el apoderado legal de la CFE, Joel Rafael Baeza, cuya copia obra en poder de Contralínea, enlista el nombre del usuario, el domicilio y el número de medidor. Se especifica que dichos usuarios “se encuentran con adeudos de dos o más bimestres (recibos de pago)”.

El 16 de julio se les dictó auto de formal prisión por los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener a una persona como rehén y obstrucción de una obra o servicio público”; el juez consideró la oposición al corte de energía eléctrica como “obstrucción de una obra o servicio público”.

El abogado defensor apeló ante el tribunal de alzada, y éste resolvió retirar el delito de “privación ilegal de la libertad” a Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano “por falta de elementos”, pero confirmó el auto por ambos delitos para Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, identificados en el informe de la AFI como “cabecillas” del movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la CFE.

El 18 de septiembre se concedió la libertad bajo fianza a Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano. Aunque se trataba de las mismas imputaciones, de nuevo se negó la libertad a los demás.

David Peña, especialista en defensa de derechos humanos ante cortes nacionales e internacionales, dice que la actuación del Ministerio Público y del juez de distrito y del Tribunal Unitario, “es una clara muestra del uso político y faccioso de las acusaciones penales en contra de líderes y movimientos sociales, pues además de criminalizar la protesta social como una práctica reiterada de la PGR, ahora criminalizan también la pobreza de la gente que no tiene dinero para pagar la luz”.

En Candelaria, las familias que no pueden pagar el suministro de energía eléctrica ahora duermen en las banquetas o en el techo de sus casas, sólo así soportan las altas temperaturas que superan los 35 grados centígrados en épocas de calor. Lo que más les preocupa, explican algunas madres de familia, es el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales por no refrigerar lo alimentos, sobre todo en las casas aledañas al canal.

Litigante en varios casos contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso de las muertas de Juárez, Peña imputa al Estado mexicano las condiciones de riesgo de la población de Candelaria, pues, dice, “la responsabilidad del Estado de garantizar el servicio básico de energía eléctrica no sólo implica la obligación de contar con la infraestructura adecuada y garantizar el servicio mismo, sino la obligación de garantizar que esos servicios sean accesibles a la población de escasos recursos, considerando criterios de equidad y proporcionalidad”.

Sara, Joaquín y Guadalupe siguen presos en el Cereso de San Francisco Kobén. Joaquín explica que en reiteradas ocasiones pidieron a los representantes de la CFE llegar a un acuerdo en las tarifas que ellos pudieran pagar, en cambio, dice, los representantes de la CFE “fueron casa por casa metiéndole miedo a la gente. El objetivo era desbaratar la organización de la sociedad civil”.

Joaquín rechaza el cargo de secuestro que le imputa la CFE. “Secuestros son los que pasan en la tele, que piden un rescate”, explica. “Si nosotros estamos en esto no es por una terquedad, es porque queremos que estos abusos se acaben. Las autoridades dicen que no queremos el progreso para Candelaria, nosotros decimos que sí, pero queremos el progreso para todos, porque ahorita no podemos decir que lo que hay en nuestro país y aquí en Candelaria sea progreso, la mayoría estamos en la miseria”.

Contralínea solicitó una entrevista con el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, para saber su postura respecto de las actuaciones calificadas por los organismos internacionales como violatorias de los derechos humanos. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

El encarcelamiento de los primeros ciudadanos que protestaron contra las altas tarifas de la CFE no frenó el reclamo ciudadano, por el contrario, las manifestaciones se multiplican por todo el país. Ante la precaria situación económica, cada día cientos de familias se declaran en mora de sus pagos. La pobreza y desempleo hacen eco del reclamo que emergió desde el sureño poblado.

Protesta generalizada

Bajo el lema de “una tarifa justa y un mejor servicio”, docenas de comunidades y municipios de Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Querétaro y Chihuahua se han adherido a la “Resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica”. En mayo pasado, en una reunión en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, conformaron el Frente Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica.

En una de sus primeras acciones, en julio pasado bloquearon la carretera Panamericana a la altura de San Isidro, municipio de Pijijiapan, Chiapas. Reclamaron a la CFE tarifas justas y la excarcelación de los presos de Candelaria. La reacción de la CFE fue contundente: ordenó apagones en las comunidades que se declararon en resistencia en Campeche, Chiapas, Oaxaca y Querétaro.

El pasado 3 de noviembre, el Frente Nacional señaló que la movilización no es por la negativa a pagar el consumo de energía eléctrica, sino “para exigir tarifas justas y detener la entrega de la industria a grandes empresas trasnacionales”. Denunciaron hostigamiento judicial y nuevas acusaciones penales promovidas por la CFE. Aseguran que aunque la CFE recrudeció el acoso, las protestas “irán en aumento, medida que también aumentan las tarifas eléctricas en el país”. (ALP)

Criminalización de la protesta social

Para los organismos de derechos humanos, el encarcelamiento de los integrantes del movimiento “Resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica” es parte de la criminalización que el gobierno de Felipe Calderón ha hecho de la protesta social.

Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Consejo General de la Abogacía Española, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas coinciden que el activismo realizado por Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borjas y el resto de los integrantes del movimiento constituye una lucha por la defensa de los servicios básicos y por la defensa de los derechos humanos fundamentales.

Un mes antes de su detención, Sara participó en el encuentro “Agua, Energía y Alternativas Energéticas”, en Aguacaliente, Guerrero, donde fracasó la CFE en su intento de construir la presa La Parota. Allí expuso el origen de su activismo: “Estamos en resistencia por el mal servicio que da la CFE a nuestros pueblos; las tarifas son injustas e impagables. El servicio eléctrico es del pueblo, no es de los legisladores ni del gobierno. El no pagar tarifas injustas no es un fraude a la nación. No nos negamos al pago, pero hasta no tener una tarifa justa, tome los años que tome, no vamos a pagar…”

Los defensores de derechos humanos pugnan porque se reconozca a Sara, Joaquín y Guadalupe como “presos políticos”, pues consideran que “se les acusa de un delito que no cometieron y se les priva de su libertad por sus filiaciones sociales y de defensa de los derechos humanos”.

El Centro Tlachinollan envió un comunicado al juez Mario Toraya, en el que le manifiestan que: “Este Centro de Derechos Humanos ha conocido el trabajo comprometido de los detenidos, quienes junto con el pueblo de Candelaria y otros pueblos de varios estados del país han luchado por un tarifa eléctrica justa y por un servicio de calidad, sin embargo, han tenido como respuesta a sus peticiones la cerrazón gubernamental”.

El pasado 21 de julio la OMCT, desde Ginebra, envió una comunicación al gobierno mexicano en la que manifiesta su preocupación “en particular en cuanto al uso de la violencia durante las detenciones, y por la seguridad e integridad personal y por la situación jurídica de Sara López González, Guadalupe Lizcano Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Contreras y Guadalupe Borja, así como de los miembros de sus respectivas familias”, y solicita a las más altas autoridades estatales y federales que tomen las medidas más apropiadas para garantizar las mismas.

Como parte de su campaña del Caso MEX 210709/ MEX 210709.DESC, la OMCT pidió al gobierno mexicano, en el marco de las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México, la excarcelación de los cinco activistas, y que se les garantice “la seguridad y la integridad física y psicológica, incluyendo una adecuada y gratuita atención médica, así como la seguridad de los miembros de sus respectivas familias”.

El 16 de julio, Amnistía Internacional emitió también una “Acción urgente” por los “activistas detenidos por cargos falsos”. El dictamen que la organización, con sede en Washington, hace sobre el caso, indica: “Amnistía Internacional considera que los cargos son de motivación política y que los cinco activistas han sido detenidos arbitrariamente y pueden ser sometidos a un juicio injusto como represalia por liderar protestas pacíficas”.

Detalla que en varias ocasiones, “Amnistía Internacional ha documentado cómo, en México, se ha respondido a las protestas legítimas con cargos penales infundados o desproporcionados. En esos casos, el uso de cargos graves, como el secuestro, es en ocasiones la base de denuncias presentadas por funcionarios que, de hecho, han participado voluntariamente en negociaciones u otras iniciativas pacíficas con los movimientos de protesta. Más tarde, esa participación voluntaria se presenta en la denuncia como un caso de secuestro”.

Agrega que generalmente las investigaciones, los cargos, las detenciones y los juicios derivados de esas denuncias “suelen carecer de los elementos básicos de un juicio justo, como el acceso a abogados o la posibilidad real de rebatir la versión de los hechos presentada por el denunciante. A consecuencia de ello, estos procedimientos judiciales constituyen en ocasiones actos de acoso contra defensores de los derechos humanos y activistas sociales, a los que ponen en peligro de detención arbitraria, malos tratos y juicio injusto”.

Pero ni el gobierno mexicano, a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dio respuesta. Por el contrario, en las últimas semanas, la paraestatal que encabeza Alfredo Elías Ayub ha promovido la detención de otros deudores que le reclaman tarifas justas. En Alto Lucero, Veracruz, se encarceló a otros integrantes del mismo movimiento civil, y en Ixtepec, Oaxaca, se giraron cinco órdenes de aprehensión, lo mismo que en Chihuahua. (ALP)