Al gobierno de Marcelo Ebrard se le reconocen avances en materia de vialidad y prevención de accidentes vehiculares a causa de los retenes para aplicar el llamado “alcoholímetro” y el programa de transporte en bicicletas para el primer cuadro de la ciudad de México. Sin duda son dos grandes aciertos del jefe del gobierno capitalino.

En la Asamblea de Representantes, su líder la perredista Alejandra Barrales ha sido una política hábil dedicada a preparar la transición y la continuidad de un gobierno de izquierda en la capital del país, una de las metrópolis más grandes del mundo. Dice Barrales que al Distrito Federal están migrando mexicanos de otras regiones como Monterrey y Veracruz, en busca de un lugar seguro para ver crecer a sus hijos, lejos de los toques de queda y las balaceras en plazas públicas, centros comerciales, avenidas y parques. Es por ello – y así lo confirman los datos del sector inmobiliario –, que en la capital del país se han incrementado los precios de las casas habitación. Es la regla de la oferta y la demanda.

Así, a simple vista, todo parece estar bien en la Ciudad de México, pero para las mujeres la situación es distinta. En medio de la crisis de seguridad y violencia que vive todo el país, las autoridades del Distrito Federal presumen tener una ciudad distinta a otras que padecen la extrema violencia, como por ejemplo Ciudad Juárez. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en la Asamblea de Representantes para promover legislaciones efectivas y democráticas que buscan garantizar para las mujeres una vida libre de violencia, igualdad total o el respecto a la diversidad sexual, en la práctica las cosas son tan simples y fáciles como parecen.

Precisamente, en los spots de promoción del Quinto Informe de Labores del jefe del gobierno capitalino, se afirma que el Distrito Federal es una “ciudad segura”, en comparación con otras entidades del país.

No obstante, una investigación de las reporteras de Contralínea, Isabel Arguello y Flor Goche, que circula a partir de esta semana, hasta septiembre de este año se habían cometido al menos 473 homicidios dolosos de mujeres. Así, es un hecho que los feminicidios siguen lastimando a todo el país y parece que nadie puede frenarlos, además de que ya no sólo es un problema grave de Ciudad Juárez, sino que estos crímenes se presentan en todo el país y han llegado hasta ciudades “seguras” como la del Distrito Federal.

De acuerdo con la investigación periodística, de esos 473 asesinatos, sólo cinco casos han sido consignados a partir de la tipificación del delito de feminicidio en el Distrito Federal. Por ello, organizaciones de derechos humanos y de mujeres participan con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en la investigación de 45 de estos crímenes “que la autoridad ya investiga como feminicidios”

En el primer semestre de 2010 se registraron 67 homicidios dolosos de mujeres en el Distrito Federal; para este año sumaron 71 en el mismo periodo. A éstos, hay que añadir ocho casos que, de acuerdo con investigación hemerográfica realizada por Contralínea, ocurrieron durante agosto y los primeros días de septiembre pasados. Dos de éstos homicidios es el de Marcela Yarce Viveros, reportera fundadora de ese semanario, y Rocío González Trápaga, exreportera de Televisa, los cuales esta semana cumplen un mes sin que la autoridad tenga pistas claras sobre los responsables y mucho menos conocen el movil del crimen.

A partir de la entrada en vigor de la reforma por la que se tipifica el delito de feminicidio en el Distrito Federal, el 27 de julio pasado, los homicidios dolosos contra mujeres podrían consignarse como feminicididos, a pesar de que algunos medios de comunicación e impartidores de justicia los califiquen como “crímenes pasionales”, “venganzas” o “riñas”, lo que, a decir de María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), excluye el tema de violencia, de abuso de poder y de discriminación contra la mujer.

De acuerdo con Estrata Mendoza, el artículo 148 bis del Código Penal del Distrito Federal precisa “comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer”. Existen razones de género cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier clase, sean lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; datos que establezcan que se cometieron amenazas, acoso, violencia o lesiones en su contra; cuando su cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o cuando haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a su fallecimiento. Para que se clasifique un homicidio como feminicidio no es necesario que acredite todas las hipótesis del tipo penal: basta con una.

Desde la tipificación del feminicidio al día de hoy, solamente cinco hombres han sido consignados en el Distrito Federal por este delito: el primero fue Daniel Efraín Ruíz Mosqueira, quien asesinó a golpes a su hijastra de ocho años porque ésta se comía las uñas; Jesús Ruíz Sánchez asesinó a golpes a su esposa porque suponía que le era infiel; Jorge Antonio Meléndez Jiménez mató a puñaladas a su novia de 18 años, y Josué Alejandro Contreras Carrillo estranguló a su pareja con el bastón de seguridad del volante de su automóvil. La PGJDF no emitió información respecto de uno de los procesos.

A decir de la representante del OCNF, estos hechos pueden definirse como feminicidios domésticos, ya que fueron perpetrados por personas conocidas o cercanas a la víctima. Quien comete el delito de feminicidio se le impondrá una pena de 20 a 50 años de cárcel, que puede extenderse a 60 años en caso de que “entre el activo y la víctima” haya existido una “relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad”, establece el Código Penal del Distrito Federal.

En el reportaje de Arguello y Goche, Estrada Mendoza refiere que actualmente el OCNF colabora con la PGJDF en el análisis de 45 homicidios dolosos de mujeres ocurridos de enero a junio de 2011“que la autoridad ya está investigando como feminicidios”. Además, de lo que prevé la ley, los análisis del Observatorio –constituido por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres de todo el país– contemplan 17 variables para determinar si éstos deben considerarse como feminicidios.

En las solicitudes de información ante el OCNF, a través la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública –realizadas a autoridades federales y locales–, éste pidió conocer el número de homicidios dolosos de mujeres; de víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida; la edad, ocupación, estado civil, escolaridad, lugar de origen y nivel económico de la víctima; los actos violentos anteriores a su ejecución; la causa de muerte; la ubicación y la cantidad de heridas encontradas en el cuerpo; el lugar donde fue encontrado; el motivo del asesinato; el objeto o método empleado para tal fin; la relación víctima-victimario; y el estatus legal del caso y del homicida.

Pero es un hecho que en este problema la ausencia de registros sobre delitos de violencia genera un grave vacío legal que impide la impartición de justicia. En el Distrito Federal, por ejemplo, no existe un diagnóstico fidedigno de la situación de homicidios dolosos, feminicidios, desaparición, violencia sexual y, en general, de otros delitos de violencia contra mujeres, señala Estrada Mendoza.

Si bien el feminicidio se logró tipificar en esta entidad (a la fecha, el delito sólo está contemplado en las legislaciones de seis estados), fue imposible modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, de tal manera que ésta obligara a las autoridades capitalinas a llevar un registro de los delitos de violencia contra las mujeres, como ocurre en Veracruz, Morelos y Colima. Aquí vemos como todavía hay algunas resistencia en el Congreso local y en autoridades capitales para proteger plenamente a la mujer y otorgarle todos sus derechos constitucionales.

Las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad y Género, precedidas por los perredistas Julio César Moreno Rivera y Beatriz Rojas Martínez, consideran improcedente la reforma a la Ley de Acceso. Su argumento: la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió mediante controversia constitucional que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no puede legislar sobre la Ley Orgánica de la PGJDF, en que se establecen las funciones atribuibles en materia de feminicidios.

Alicia Virginia Téllez Sánchez, integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea, reconoce la importancia de reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, “no dejamos de lado la parte del procedimiento y del protocolo”, justifica e informa que la Comisión únicamente ha retomado los datos del OCNF sin que haya de por medio una investigación. La priísta califica como “mala” la labor de la PGJDF a cargo de Miguel Ángel Mancera en la atención a la víctima.

Protesta ante la Procuraduría capitalina

Ante la falta de resultados para esclarecer el feminicio de las dos compañeras periodistas Marcela Yarce y Rocío González Trapaga, ocurrido en el Distrito Federal el 1 de septiembre pasado, mujeres periodistas convocarán esta semana a un mitin frente la instalaciones de la Procuraduría capitalina, en donde esperan que su titular Miguel Angel Mancera les explique que han hecho para resolver este violento crimen que conmocionó al periodismo nacional. Hasta ahora las investigaciones han descartado que se tratara de un crimen pasional y la línea que más han fortalecido es el robo, pero la realidad es que no hay avance alguno y por ello reporteras y reporteros exigirán acelerar el trabajo de investigación y dar con los autores materiales e intelectuales del crimen.

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