Detrás de la licitación para el abasto de energéticos que requiere el país y que además implicó un ahorro muy significativo en recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex), hay una historia con oscuros pasajes que no terminan de aclararse.“Actualmente, México debe importar una fuerte cantidad de gas LP para poder cubrir la demanda del combustible en el mercado nacional”, señaló la paraestatal en un comunicado. Datos de la propia empresa indican que la producción anual promedio asciende a 184 mil barriles diarios, pero las ventas internas en 2010 fueron de 288 mil barriles diarios.

Para la compra de gas licuado propano (GLP), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) realizó por primera vez una subasta en reversa, con lo cual recibirá el suministro de 620 mil toneladas del energético entre abril de 2012 y marzo de 2013.

El procedimiento, según estimaciones de la empresa, le permitirá tener un ahorro de 100 millones de dólares en el periodo. No sólo es relevante el dato en sí mismo, sino porque anualmente se destina un volumen de recursos más elevado para subsidiar el precio del producto. Tan solo en 2010, el monto rebasó los 29 mil millones de pesos, y se calcula que este año terminará en 35 mil millones.

La empresa ganadora fue Petredec Ltd. (con matriz en Bermudas), compañía integrada en 1980 por una sociedad entre la brasileña Petrolane y la saudí Redec, con la finalidad de comercializar gas LP en Europa y el Atlántico, según señala en su sitio web.

Petrolane, según informa la misma empresa, se funda en 1991 como representante de fabricantes de equipos y servicios para la explotación de campos petroleros en la floreciente industria energética brasileña.

Redec es una empresa creada en 1966, propiedad en 60 por ciento del empresario Ghaith Rashad Pharaon, quien además es propietario de Attock Refinery Limited (ARL), establecida en Rawalpindi, Pakistán, la cual tiene una capacidad de refinación de 42 mil barriles por día, según lo reporta la misma compañía.

Pero quién es Ghaith R. Pharaon. Este empresario que se ha convertido directamente en socio de la principal empresa del Estado mexicano, es ampliamente conocido en los círculos policiales del mundo, sobre todo en el continente Americano. Por ejemplo, en Estados Unidos se mantuvo por varios años en la lista de los “delincuentes de cuello blanco más buscados” por el Buró de Investigaciones Federales (FBI), hasta 2008. Sin embargo, la justicia estadounidense negocia todo y ahora Pharaon ya no forma parte del selecto grupo de criminales lavadores de dinero.

Los cargos que pesaban sobre Pharaon fueron de crimen organizado vinculado con el emblemático caso del colapso por 20 mil millones de dólares del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), que se convirtió en el mayor fraude financiero de la historia mundial.

Otro caso en donde Pharaon estuvo involucrado y fue un personaje central, fue en la multicitada investigación de ilícitos y lavado de dinero que realizó una comisión del Congreso argentino, en la que concluyó que en 1987 fue recibido por el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, luego de prometer una inversión de 300 millones de dólares, para la construcción de un parque de diversiones tipo Disneyworld, operación que se convirtió en “una de las mayores operaciones de narcotráfico en América del sur”.

Ahora Pharaon dirige sus empresas y su imagen aparece en el sitio de Internet de Attock Refinery Limited, al lado de dos de sus herederos.

Pero esto a la desgastada empresa petrolera mexicana Pemex parece no importarle y ha decidido hacer negocios con este hombre que, por lo menos, ha sido investigado y enjuiciado por delitos graves que en México están tipificados pero que parece desvanecerse cuando se trata e obtener dinero.

Qué pensarán los directivos de Pemex, los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública y los ocupantes de la misma Presidencia de la República sobre el perfil empresarial y de inversión que tiene Pharaon. Pues simplemente parece oportuno para la enorme corrupción que envuelve al gobierno federal y que hasta ahora nadie ha podido frenar.

HRW acusa a Calderón

Aunque se trata de una organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos, y asegura que su financiamiento proviene de contribuciones de particulares y fundaciones de todo el mundo, Human Rights Watch tiene su sede principal en Nueva York, y sus “investigaciones” e informes apuntan principalmente a países pobres o a aquellos con los que Estados Unidos tiene conflicto permanente, por lo que para algunos observadores y dirigentes políticos, esta organización obedece y sigue los lineamientos que le marcan desde Washington.

De ser esto cierto, su informe sobre el fracaso de la “guerra” del presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico, formaría parte también de la campaña de desprestigio en contra de México que desde hace un año incrementó Estados Unidos por conducto de varios funcionarios gubernamentales para preparar el terreno, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, de una intervención militar en el país, al sustentar que el descontrol del crimen organizado y el incremento de la violencia ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Pero sea esa o no la intención de Human Rights Watch de desacreditar a las instituciones militares, policiales y políticas mexicanas, lo cierto es que dicho informe no tiene desperdicio y mucho de lo que ahí se expone ha sido ya publicado por la prensa nacional, además de que millones de compatriotas piensan lo mismo, sólo que Calderón y su gobierno, como siempre sucede, sólo hacen caso hasta que la crítica y la denuncia vienen del exterior.

Uno de los objetivos principales de las críticas que provienen de Estados Unidos, son las Fuerzas Armadas mexicanas, principalmente el Ejército, con el propósito desgastar su imagen y cuestionar su actuación controlada desde la Presidencia de la República. Los mexicanos podemos criticar y reprochar a militares y marinos las muertes de civiles inocentes en esta “guerra” absurda de Calderón, pero en el caso de un intento de intervención militar estadunidense, son esas mismas fuerzas armadas y nacionalistas las que tendrán que hacerle frente a cualquier invasión de Estados Unidos.

El informe de esta organización precisa que todo lo que ha hecho Calderón y su gabinete de papel para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, es un verdadero fracaso, pues lejos de exterminarlo o disminuirlo, va en aumento y ha generado la peor violencia de la que los mexicanos tengamos memoria.

“En vez de reducir la violencia, la ?guerra’ contra el narco ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”.

De inmediato, a Calderón se le ocurrió responder que la principal amenaza para los derechos humanos son los criminales que asesinan, secuestran y extorsionan. Una vez más, el presidente eleva a rango institucional al crimen organizado, y cree que los criminales deben realizar sus actividades delictivas defendiendo los derechos humanos. ¿Qué tal si alguien le explica a Calderón que es el Estado, por conducto del gobierno, el responsable de garantizar esos derechos universales?

El gobierno y el presidente sintieron tan dura la crítica de Human RightsWatch, que también el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, salió a declarar –pocas veces lo hace desde que Calderón lo hizo responsable de esta “guerra”–, y dijo que el Ejército enfrenta 5 mil 678 denuncias, de las cuales 2 mil 306 corresponden a cateos, 1 mil 844 a detenciones ilegales y 393 por ejercicio indebido del servicio público. Además, precisó ante senadores, sólo en este año la Defensa ha recibido 1 mil 187 denuncias contra militares, hay 167 indiciados, 89 procesados, nueve sentenciados y 11 prófugos.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la actual administración 276 militares resultaron muertos; 122 por agresiones con armas de fuego; 29 fueron ejecutados; 45 en accidentes aéreos; 52 en accidentes automovilísticos; 11 ahogados; uno deshidratado; cinco atropellados; cinco por accidentes con armas de fuego; tres por descargas eléctricas; dos por golpe de calor; y uno en accidente en sus instalaciones.

También efectivos militares pertenecientes al Ejército enfrentaron 1 mil 840 agresiones en lo que va del gobierno de Calderón. En esos hechos violentos, el Ejército dio muerte a 2 mil 137 agresores, 331 resultaron heridos y fueron detenidos 2 mil 78 personas.

En esos 1 mil 840 enfrentamientos entre militares y delincuentes, hubo 169 víctimas civiles ajenas a los hechos. En los cinco años del actual gobierno, 47 personas civiles resultaron muertas y 122 heridas. El año más violento para personas civiles –que nada tenían que ver con el crimen organizado–, fue 2010, cuando hubo 19 muertos y 61 heridos, mientras que en 2011, 12 personas fallecieron y 40 resultaron heridas. La relación año por año, de acuerdo con este informe de la Sedena, revela que ha sido creciente el incremento de muertos y heridos civiles ajenos a los hechos criminales.

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