Durante muchos años, periodistas y sociedad en general han solicitado transparencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre lo que tiene que ver con asuntos fiscales, pagos de impuestos, condonaciones, créditos y devoluciones, a fin de generar mayor confianza entre la población, principalmente en aquella que sí paga sus impuestos, en relación a que no hay favoritismos para beneficiar a unos cuantos, principalmente a los que más ganan y eluden sus obligaciones fiscales.

 

Es en este arranque del segundo año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el titular de Hacienda, Luis Videgaray, ordenó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) publicar las listas de empresas y personas que no pagan impuestos, que emiten facturas falsas y simulan operaciones. Esto ocurrió la semana pasada y de inmediato levantó, por un lado, una ola de protestas de aquellos que se sienten identificados como evasores y se quejan de haber sido vulnerados en su privacidad, y otros, la mayoría de los sociedad, que exigen también conocer a quienes las autoridades hacendarias han beneficiado con perdones fiscales y a unos más el gobierno le ha hecho devoluciones multimillonarias sin merecerlo.

 

Hasta ahora muy bien por esa acción de dar a conocer algunas listas de evasores, pero también coincido en que hace falta ampliar esa información, pues me inclino por considerar que es mejor proporcionar toda la información y que la sociedad sea la que decida qué es importante, pues al final de cuentas los servidores públicos son eso, trabajadores al servicio de los mexicanos y en consecuencia el resultado de su labor debe ser totalmente transparente.

 

En consecuencia lo hecho en los últimos días por el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, no satisface totalmente la obligación de transparencia de información y los mexicanos pide también que Hacienda publique el listado de aquellos a quienes perdonó el pago de impuestos y otros a quienes les ha hecho devoluciones de cientos de millones de pesos, pues de acuerdo con fuentes hacendarias se trata de recursos públicos que nunca debieron devolverse por la sencilla razón de que las empresas beneficiadas no pagaron dichos impuestos restituidos. Lo que convierte en algo más grave, que puede traducirse hasta en un delito de complicidad, este ocultamiento de información.

 

Entre la población ha brincado de inmediato la condonación de impuestos a la empresa Televisa por un monto de alrededor de 1 mil 400 millones de pesos, lo cual ocurrió apenas el año pasado, y todos nos enteramos porque al cotizar ese conglomerado mediático en Bolsa tiene la obligación de informar públicamente ese tipo de operaciones a sus accionistas.

 

Ahora la Secretaría de Hacienda dice que los “perdones fiscales” sólo se darán a conocer lo que se otorguen a partir de 2014, pero los ejecutados en  años anteriores simplemente se mantendrá ocultos, cuando ya sabemos que esa cuestionada práctica se realizó intensamente en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para beneficiar a empresarios amigos, familiares y simpatizantes políticos.

 

Por eso llama la atención que Luis Videgaray y su subalterno Aristóteles Núñez protejan las listas de empresarios beneficiados por las condonaciones fiscales otorgadas durante los gobiernos panistas, cuando el actual es un gobierno priista. ¿Por qué entonces mantener en la reserva esa información que reclama la sociedad? ¿A quién protegen en realidad las actuales autoridades hacendarias? 

 

Por ejemplo, en esta columna hemos explicado en distintos momentos cómo el SAT ha devuelto cada año miles de millones de pesos a grandes contribuyentes. Se trata de unos cuantos grupos empresariales que se aprovechan de los beneficios que otorga el Código Fiscal de la Federación y que, sin merecerlo, solicitan devoluciones por concepto de impuestos al valor agregado (IVA), sobre la renta (ISR), depósitos en efectivo (IDE), empresarial a tasa única (IETU) y derecho de trámite aduanal (DTA).

 

En ese terreno la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado informes correspondientes a cuentas públicas, desgraciadamente muy atrasadas, como la que hizo de 2011, en donde reportó que el gobierno de Felipe Calderón devolvió sólo en ese año 63 mil millones de pesos a 20 grandes contribuyentes. ¿Por qué no podemos conocer la lista de estas 20 grandes empresas? Tal vez porque parte de esa devolución fue ilegal y en ello se corrompieron algunos funcionarios de Hacienda que resultaron beneficiados mediante comisiones otorgadas por los mismos corporativos beneficiados.

 

Ese órgano de vigilancia y auditoría del Congreso tampoco identifica a las empresas y las protege de la crítica social. En sus informes la ASF sólo refiere los sectores productivos que más beneficios obtienen por la devolución de impuestos, tales como fabricación de camiones y tractocamiones; tiendas departamentales y supermercados; partes y refacciones nuevas para automóviles; alimentos; dirección de corporativos y empresas no financieras; producción de aves de corral; telefonía celular; almacenamiento con refrigeración; electrónica, y explotación, refinación y fundición de materiales no ferrosos.

 

Aunque el verdadero problema no es sólo dar a conocer los nombres de los corporativos que se aprovechan torciendo la Ley a su favor, sino investigar y determinar si esas grandes empresas tenían derecho a la devolución de impuestos.

 

Algunas fuentes hacendarias me han explicado que durante el gobierno de Calderón el fisco devolvió cada año miles de millones a grandes contribuyentes y el responsable de aprobar eso era el área de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, por lo que el gobierno de Peña Nieto, por conducto de su secretario Videgaray y de la misma Procuraduría General de la República, deben abrir una investigación, pues funcionarios de esa dependencia aseguran que en el sexenio pasado el gobierno de Calderón armó una red de corrupción que autorizaba la devolución de impuestos a grandes contribuyentes a cambio de comisiones de entre el 10 y 50 por ciento, lo que significaría sólo en 2011 sobornos por más de 20 mil millones de pesos a funcionarios federales.

 

Sabemos que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, ha solicitado al titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, información sobre devolución de IVA a grandes contribuyentes y condonación de créditos fiscales en el último año de gobierno de Calderón, pero dicha petición no ha prosperado y es el secretario Luis Videgaray quien se ha resistido a transparentar esta información que tiene un tufo a corrupción de altos vuelos.

 

Otra interrogante es que en el último tramo del gobierno de Felipe Calderón, el responsable de la hacienda pública fue José Antonio Meade, actual secretario de Relaciones Exteriores, quien debió estar enterado de las devoluciones multimillonarias a esas 20 grandes empresas, pero quien además es amigo muy cercano de Videgaray y esto lo convierte en un problema. Por lo pronto ya dijeron Hacienda y el SAT que esas listas de perdones fiscales y devoluciones no se harán públicas.

 

 

Ante la insistente negativa gubernamental por dar a conocer los beneficiados con el “perdón fiscal”, lo que revela una aplicación de la ley diferenciada entre iguales, las dos administraciones panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón) seguirán gozando de impunidad, pues la información sobre devolución de impuestos, condonaciones y perdones de créditos fiscales se mantendrá reservada para la opinión pública, con el propósito de evitar que los mexicanos se enteren de la facultad discrecional con que el gobierno federal aplica la ley para beneficiar a unos cuantos. Aunque transparentar esta información es una obligación para evitar que siga esa red de corrupción que devuelve impuestos y otorga perdones fiscales a cambio de beneficios económicos.

 

En este mismo espacio dimos a conocer hace ya algún tiempo como Agustín Carstens cuando ocupaba la Secretaría de Hacienda, durante el gobierno de Calderón y antes de ser nombrado gobernador del Banco de México, reconoció haber perdonado discrecionalmente cinco casos de evasión de impuestos que involucraban nueve causas penales.

 

Durante el gobierno de Calderón la Secretaría de Hacienda reconoció haber sobreseído cinco casos de evasión de impuestos entre julio de 2007 a junio de 2008. Con ello, se archivaron nueve causas penales abiertas en 2003, 2004 y 2006. Los empresarios privilegiados no se acogieron a ningún programa de la SHCP, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones– por la decisión discrecional del titular de la dependencia, Agustín Carstens.

 

Hasta ahora ha sido una facultad del secretario sobreseer, a discreción, expedientes abiertos por defraudación fiscal. Lo anterior lo conocimos al obtener respuesta a una solicitud de información (0000600143908) presentada a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Hacienda reconoció que presentó cinco solicitudes de sobreseimiento ante el Poder Judicial de la Federación para cerrar nueve causas penales.

 

Sin embargo, en el sexenio pasado la Secretaría declinó informar los montos de las irregularidades detectadas y el nombre de los beneficiados por la decisión del entonces secretario Carstens. La negativa iba acompañada de la frase “inexistencia de la información solicitada”.

 

El primer sobreseimiento de expediente abierto por fraude fiscal tuvo lugar el 27 de julio de 2007. Con él se cerró una causa abierta el 11 de marzo de 2004; el segundo sobreseimiento se concretó el 4 de septiembre de 2007. También involucraba una causa penal, la cual se archivó. El caso databa del 10 de enero de 2006. En ese mismo mes, pero el día 21, se concretó el tercer sobreseimiento solicitado por la administración de Agustín Carstens. Se cerraron dos causas abiertas el 2 de julio de 2003. El cuarto sobreseimiento se concedió el 13 de noviembre de 2007. Involucraba una sola causa penal que databa del 11 de septiembre de 2006.

 

Las cuatro causas penales involucradas en el quinto caso se sobreseyeron de la siguiente manera: una el 6 de junio de 2008, dos el 16 de junio de 2008 y la última el 27 de junio de 2008. La primera y la última causas habían sido abiertas el 12 de junio de 2003, mientras que las segunda y tercera, el 16 de noviembre de 2004.

 

Así, en año y medio de gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda concedió cinco sobreseimientos que involucraban a nueve personas. Sumados a los nueve que ocurrieron a lo largo de todo el sexenio de Vicente Fox, el panismo en el poder perdonó de manera discrecional a 14 grandes corporativos y, al menos, a 18 personas. A pesar de que esto ocurrió hace cinco y seis años, hasta ahora se desconoce quiénes fueron los beneficiados, a quienes se sumarían los correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

 

Por eso el actual secretario Luis Videgaray tiene la obligación y responsabilidad de investigar la corrupción en las condonaciones y devoluciones de impuestos, además de informar puntualmente a la sociedad lo que el panismo hizo el sexenio pasado mediante graves actos de corrupción, complicidad y favoritismo.

 

Fuentes de Hacienda explicaron que entre los perdonados se encontraban Alfredo Miguel Afif, del Grupo Miguel, e Ivonne Lidia Bardor Kaess, del grupo Tebo. En la respuesta a la solicitud de información, Hacienda destaca también que en los casos sobreseídos “el interés fiscal se encuentra pagado o garantizado a satisfacción del Fisco Federal (sic)”. Sin embargo, omite señalar que no todos los ciudadanos gozan de tal deferencia: aunque el contribuyente termine pagando los impuestos que evadió, el proceso penal en su contra se sigue de oficio. Si alguien duda de esto, pensemos en el caso de la exlideresa Elba Esther Gordillo, a quien la PGR no le ha podido probar el delito de lavado de dinero –como aquí lo explicamos en otras columnas—y entonces la mantiene presa por el delito de evasión fiscal por menos de 3 millones de pesos, cuando todos sabemos que esa profesora se robó miles de millones de pesos. La incongruencia total de nuestras autoridades.