La mayoría de los crímenes cometidos contra mujeres indígenas en Canadá quedan en la impunidad. La tasa de asesinatos cometidos contra féminas de origen étnico es más alta que la de mujeres blancas. La discriminación en ese país parece seguir siendo una política promovida desde las instituciones de gobierno. Todo está dispuesto para que permanezcan en pobreza, sin acceso a educación y totalmente vulnerables

Deisy Francis Mexidor/Prensa Latina

El final de Tina Fontaine, una joven indígena canadiense encontrada muerta el 17 de agosto en Winnipeg, Manitoba, Canadá, es similar al de otras mujeres nativas asesinadas o desaparecidas durante décadas en ese país.

Tina fue arrojada dentro de un saco al Río Red. Cuando apareció su cuerpo, el primer ministro canadiense y líder del Partido Conservador de Canadá, Stephen Harper, expresó que no crearía una comisión investigadora.

Según Harper, el fallecimiento de la adolescente de 15 años, así como el de un gran número de mujeres, sólo era un crimen más y no un “fenómeno sociológico”.

Pero las denuncias se incrementan. La Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá, grupos de derechos humanos, las Primeras Naciones y los partidos de la oposición se han unido en un creciente reclamo a la administración de Harper para que convoque a una consulta nacional.

El líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, advirtió que el caso de Fontaine puso en la agenda doméstica la necesidad de llegar al fondo de este asunto para evitar la impunidad.

Un reciente informe de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por su sigla en inglés) reveló el asesinato o desaparición de 1 mil 186 mujeres aborígenes en esa nación.

Un mil 17 perdieron la vida entre 1980 y 2012, y de 169 se desconoce su paradero desde 1952, reveló la entidad el 2 de mayo de 2014.

También confirmó que las mujeres indígenas del país sufren más violencia que el resto de las canadienses y que el riesgo de asesinato entre ellas es cuatro veces mayor que el de otras féminas.

La investigación evidenció el aumento de las muertes violentas, que pasaron de ser un 8 por ciento del total de mujeres en 1984, a 23 por ciento en 2012.

El reporte de la Policía Montada ocurrió días después de que un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticara el trato que reciben los indígenas en Canadá y las políticas del gobierno de Harper.

Es alarmante que ese segmento poblacional sea víctima del 16 por ciento de todos los homicidios cometidos en Canadá, cuando sólo significan el 4.3 por ciento de sus habitantes.

Mientras, el desplazamiento de las tierras ancestrales es la causa principal de la marginación y la vulnerabilidad económica de estas mujeres, que en la actualidad representan el 42.7 por ciento de la tasa de pobreza canadiense.

Audrey Huntley, de la organización No Más Silencio, es del criterio de que estos crímenes son “parte de una visión colonizadora en Canadá”.

Situación que “se agrava por la impunidad en la que quedan estos casos”, dice Huntley.

El pasado 20 de octubre, la Asociación Canadiense de Salud Pública pidió al gobierno del primer ministro, Stephen Harper, esclarecer incidentes que ocurrieron en las últimas décadas.

Existen cerca de 40 estudios sobre esto, además de las investigaciones de la RCMP, expresó Harper ante las peticiones que urgen ir más allá de lo que hasta ahora se ha hecho.

La Canadian Public Health Association instó también a los conservadores a que atiendan el llamado de la Organización Mundial de la Salud para desarrollar y ejecutar un plan de acción integrado en prevención de la violencia.

Magali San Martin, vicepresidenta de la organización Mujer, denunció que la policía ignora o parece no darle mucha importancia a la desaparición de estas mujeres, “porque siempre se refieren a los indígenas como gente marginal, y eso hace que los que cometen los crímenes se sientan impunes”.

El grupo demandó al gobierno federal que “se tomen medidas concretas frente a estos crímenes” y en ese sentido encontrar a los abusadores y llevarlos a la justicia.

La vicepresidenta de Mujer recordó que Canadá “no ha firmado la declaración de la ONU respecto a la convención por los derechos de los pueblos indígenas”.

Entre las razones de la negativa, dijo, se halla que Ottawa no acepta que estas Primeras Naciones tengan derecho a su soberanía, y esto tiene que ver con los recursos naturales de sus asentamientos.

Activistas de derechos humanos aseguran que las mujeres autóctonas de Canadá son cinco veces más vulnerables a las muertes por un acto de violencia que las mujeres de otras poblaciones.

Las exhortaciones al gobierno federal insisten en poner en marcha un sistema nacional de información sobre los asesinatos y desapariciones de indígenas, así como que se haga una investigación independiente sobre denuncias de conducta policial inapropiada.

La Canadian Feminist Alliance for International Action asegura que una de cada 10 mujeres asesinadas es joven, aborigen y residente en una ciudad del Oeste.

Y cuando se trata de indígenas la policía interviene con menos frecuencia, mientras el 70 por ciento de los casos quedan sin resolver.

Huntley, cineasta y descendiente de las Primeras Naciones (Anishnawbe), resume que la violencia contra las indígenas canadienses “es inherente al proceso colonizador”.

Por eso, subraya, se trata de una violencia sistemática que “no terminará hasta que no alcancemos la descolonización”.

Deisy Francis Mexidor/Prensa Latina

Contralínea 411 / del 09 al 15 Noviembre de 2014