Adriana Terán Enríquez*
Forzadamente, a consecuencia de unas faltas imputaciones y de una gran injusticia cometida en contra de mi compañero de vida, tuve que entrar a la telaraña que resultó ser la oficina del abogado general, en voz de una compañera de la Universidad, al “hoyo negro” que representa dicho lugar. Lo que descubrí fue sorprendente y parece monstruoso para un espacio universitario: un factótum (en la tercera acepción del Diccionario de la lengua española) que oficiosamente se presta a todo tipo de trabajos sucios, y que ha resultado un ejecutor obediente de políticas represoras y violadoras de derechos humanos.
Ingresé a trabajar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en abril de 2007 con grandes expectativas de sacar adelante un proyecto de carrera de derecho innovador que formara abogados críticos, desde una perspectiva de derechos humanos y con genuina sensibilidad social. Coordinaba los trabajos un luchador social del que había escuchado pero no conocía personalmente: José Enrique González Ruiz. Los intereses de un grupo y personales de algún(a) funcionario(a) enemigo de la carrera, no han permitido que cristalice del todo ese proyecto original, y a últimas fechas se lo han apropiado personas que consideran que hay que importar de Venezuela o de Cuba el modelo, en lugar de voltear a ver los grandes críticos del derecho en nuestro país, pero esa historia la contaré en otro momento. Lo que quiero anotar es que durante el rectorado del ingeniero Pérez Rocha, la figura del abogado general cumplía una función discreta, propia de una institución en proceso de formación.
Fue durante el rectorado de Esther Orozco que la figura del abogado general comenzó a ser utilizada como agente represor para la disidencia, junto con la Contraloría. Aún con ello, Orozco asumía los costos y los funcionarios mencionados fungían como instrumentos, no tomaban decisiones de iniciativa propia.
Un fraude en la elección del Tercer Consejo Universitario impulsó un fuerte movimiento al interior de la UACM que nos trajo una especie de renovación en la que muchos pusimos grandes expectativas. Un filósofo argentino que parecía idóneo fue quien aceptó la Rectoría de manera interina y se daba la apariencia de que se intentaba corregir los vicios de la administración de Orozco.
Fue entonces que apareció la excéntrica y obscura figura de Federico Anaya. Ignoro quiénes lo propusieron, qué cartas credenciales presentó, ni qué tenía que ver con la UACM, pero apareció, y ante la tibieza del octogenario rector, poco a poco fue ganando espacios y se posicionó en el poder entregando una cabeza codiciada por algunos(as) funcionarios(as): la de González Ruiz. Esta entrega la hizo revestido con el manto hipócrita de la protección a las mujeres, de unas mujeres que no pudieron probar sus dichos, aunque sí se probaron los verdaderos motivos de las acusaciones: una decisión de la academia y el deseo de revancha.
Acompañé a González Ruiz en todo el tiempo que duró la Inquisición a la que nos sometió Anaya. Entre la incertidumbre de lo que pasaría y mi indignación por el trato recibido, lo solía mirar con detenimiento. Es un hombre un poco obeso, bajito, con piocha larga y pelirroja, cabello desarreglado, las más de las veces grasoso, pantalones cortos de mezclilla, zapatos de casco, a veces tirantes en el torso o moños en el cuello, lentes pequeños y redondos, mirada como delirante. Arribaba al último piso de las oficinas de García Diego, siempre jadeante con su expediente bajo el brazo. Sacaba de una bolsita tejida con colores mexicanos un pequeño mazo con su base, simulando al que usan los jueces gringos, y lo ponía al centro de la mesa como listo para un uso que nunca le dio. Alguna vez que nos hicieron una notificación en día de asueto y la recibimos en la calle; iba vestido con bermuda de colores, como un turista, y enormes zapatos tenis blancos. En otra ocasión que debimos acudir por la noche a las oficinas de García Diego a recoger un escrito y nos acompañó nuestro pequeño Kike, al verle los zapatos, se escondió detrás de mí. Recordé su aversión infantil por los payasos. Todo un personaje. Pero un personaje siniestro y con poder.
El caso González Ruiz lo posibilitó ejercer un poder del que parecía disfrutar. Mandaba escritos amenazantes al posgrado entero, a los profesores; y algunos alumnos(as) me han platicado que los buscaron directamente de su oficina para acallar las protestas luego del despido de Enrique.
Hizo de las juntas aclaratorias entre patrón y trabajador un verdadero circo, cuando su objetivo simplemente es informar al trabajador los motivos por los que se le pretende sancionar o rescindir, escuchar lo que el trabajador tenga qué decir y decidir sobre la sanción. Algo que se debiera resolver en una sola tarde, lo hizo un proceso torcido al que llamó a las partes y que resultó un espectáculo no tan divertido para quienes fuimos protagonistas. Pero el espectáculo continuó con otras personas a las que también ha sometido al mismo procedimiento, porque parece disfrutarlo.
Llegó el momento de la transición del rectorado. Hugo Aboites fue designado rector en un proceso que se calificó desde algunas organizaciones como ilegítimo, pues se habían encargado de eliminar de la contienda al contrincante más fuerte que hubiera podido tener. El encargado de ese trabajo fue Federico Anaya.
De un momento a otro, Federico Anaya se encontraba en toda la Universidad. En todas las juntas convocadas desde cualquier área, en las Comisiones que trabajan con el sindicato, en el Consejo Universitario, pero con una presencia impositiva no discreta. Invalidar la elección del Coordinador del Colegio de Ciencia y Tecnología fue otra de las polémicas en las que se ha visto involucrado, además de la persecución disfrazada de legalidad de universitarios y trabajadores que en su momento apoyaron a la doctora Orozco.
En mi caso personal ha sido peor su omnipresencia y a la vez su maquinada omisión. Como denuncié ante las instancias correspondientes, Federico Anaya ignoró mis denuncias y mis peticiones de protección como mujer en estado de gravidez que estaba siendo sometida a violencia laboral y sicológica. No sólo me ignoró a mí. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) le han pedido informes sobre esta situación y simplemente no los ha dado. El asunto lo han remitido ambos organismos a la Contraloría Interna pues es una falta grave no atender los requerimientos de dichos organismos protectores de derechos humanos. Hace una omisión deliberada en ese aspecto.
En otras circunstancias, se me aparece por todos lados: solicité un cambio de Academia pues sufro de violencia laboral en aquella a la que pertenezco. Y el encargado de negármelo: Federico Anaya. Solicité información pública sobre ciertos profesores de la UACM ante la Coordinación Académica y me han remitido con Federico Anaya. Pedí también al rector Hugo Aboites copia certificada de las cartas de apoyo que han llegado para Enrique González Ruiz, luego del 30 de abril de 2014, y me remite con ¡Federico Anaya! Quien me hizo entrega, por cierto, de un legajo de 55 hojas incompleto pues nos consta (prueba en mano) de que han sido muchas más de las que él incluyó.
Me topo hoy con Federico Anaya Gallardo en cada paso que doy en la UACM. Un abogado que desprecia a la CDHDF y al Copred, pues no ha contestado requerimientos que le hicieron desde hace más de 100 días, que ha sido utilizado como instrumento para golpear la disidencia, que ha aplicado su ley selectivamente, que ha cometido violencia de género contra mi persona y otras trabajadoras; además se tomó la molestia de mandar a hacer su sello de olivos, como un Gran Canciller, y firma con un “Salud y República” que es más propio para un Comité de Salud Pública tipo el de la Revolución Francesa, que para una institución educativa popular y democrática.
El clima que genera de sólo pronunciar su nombre y/o cargo es más parecido al que generó la Inquisición en Europa cuando se mentaba a Torquemada entre heresiarcas que al protector universitario que debiera ser. Hace poco nos encontrábamos algunos compañeros conversando en las oficinas de García Diego cuando una de ellas nos comentó a otra colega y a mí que un “notificador” de la oficina del abogado general nos había ido a buscar al plantel Cuautepec. La reacción fue interesante: risas nerviosas y la expresión “pues ¿qué hicimos?, ahora sí nos van a montar Junta Aclaratoria”, como si habláramos del proceso que antecedía al auto de fe en el que se quemaban los herejes en la plaza.
Los motivos por los que Aboites no ha propuesto su cambio los desconozco. Si pienso mal es porque gracias a él, su elección fue segura. Si considero buena persona a Aboites, lo que creo es que hay un grupo que lo tiene atado de manos y lo usa como una figura de ornato que acompaña a las marchas para pedir justicia en el doloroso caso de Ayotzinapa. De una u otra manera, Federico Anaya sigue siendo el encargado de la oficina del abogado general.
Un personaje que se entromete en todo, que opina en torno a todo, rebasado por su protagonismo y su soberbia y que, sin duda, es más poderoso que el rector, que el contralor y que el propio Consejo.
¡Qué alguien me salve del entrometido factótum de la UACM!
Ciudad de México, noviembre de 2014.
Adriana Terán Enríquez*
*Maestra en historia del derecho
Contralínea 413 / del 23 al 29 Noviembre de 2014
