Los reporteros Ulises Gutiérrez Ruelas y Alfredo Méndez (La Jornada, 13 de agosto de 2015) iniciaron su dramática nota informativa, desde la capital de Sonora, el estado-botín del desgobernador Padrés Elías, aliado y cómplice de Gustavo Madero y Ricardo Anaya, los dueños del Partido Acción Nacional (PAN), con el siguiente párrafo: “La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora solicitó al juez primero de Distrito con sede en esta ciudad, Raúl Martínez Martínez, girar 22 órdenes de aprehensión contra maestras, personal de intendencia y la directora de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños en un incendio y más de 70 resultaron lesionados el 5 de junio de 2009, informó Gabriel Alvarado Serrano, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por padres de las víctimas”. Éste es otro caso semejante al de Ayotzinapa, donde secuestraron para desaparecer a 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el estado de Guerrero, donde otro símil de Padrés, Heladio Aguirre, desgobernaba la entidad igual que en Sonora en un océano de corrupción, impunidad, homicidios y barbarie.

El asunto de la Guardería ABC subrogada, es decir, cedida en todos sus derechos para su explotación comercial por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a una pandilla encabezada por la señora Matilde Gómez del Campo, quienes tenían a la guardería como una pocilga e instalada en un exalmacén con techo de material combustible. Ahí los niños, exactamente 123, encerrados a temperaturas superiores a los 40 grados, apenas si tenían unos ventiladores; desmantelados todos los servicios de emergencia. A espaldas de ese cuchitril infame está un terreno baldío que ocupaba el desgobierno de Robinson Bours, entonces el depredador en el gobierno con su grupo corrupto, para almacenar papelería usada de la administración, y como eran tiempos de campaña electoral, también con tanques de gasolina para surtir a los automóviles y camionetas.

La señora Gómez del Campo, tía o prima de la señora Margarita Zavala Gómez del Campo, y sus cómplices en la sociedad para cobrar los millones de pesos que les entregaba el IMSS por órdenes de Felipe Calderón, el nefasto expresidente de los más de 100 mil homicidios por su fallida guerra contra el narcotráfico (Luis Astorga, ¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón, Grijalbo, 2015). Esa guardería era un lugar propicio para una desgracia como la que ocurrió hace 6 años. Ese 5 de junio, Robinson Bours y su secretario de Hacienda ordenaron quemar documentos comprometedores del Programa Sonora Proyecta y las llamas –todo indica que intencionalmente– alcanzaron al almacén-guardería, con la mira, también, de que fuera un distractor sobre la mala administración de Robinson Bours.

En el incendio, niños desde 1 mes de nacidos y hasta 5 años, fueron fácil presa de ese acto premeditado; y los empleados hicieron lo que pudieron para salvarlos tras que el fuego arrasó desde el techo y cayó sobre los niños. Los peritajes apoyan que las llamas del lote a espaldas de la guardería fueron las que causaron el desastre. Pero la señora Gómez del Campo y el entonces desgobernador Robinson Bours fueron puestos a salvo con las garantías de la impunidad por el mal gobierno de Calderón y un pronunciamiento cómplice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El todavía desgobernador panista, Padrés Elías, se comprometió a investigar el motivo del incendio, pero estaba de por medio la pariente de Calderón y hasta la fecha no cumplió con su palabra, dada al calor de las vísperas de la elección que lo hizo gobernador.

La señora Arely Gómez, además de tapadera de Jesús Murillo Karam en la barbarie de Ayotzinapa, en el asunto de la Guardería ABC, como siempre en este país de la impunidad y protección a los de la elite gobernante, solicitó aprehensiones contra quienes el día de ese infierno se dedicaron a salvar niños, mientras el desgobernador Robinson Bours se paseaba en Arizona, el presidente municipal Ernesto Gándara hacía lo mismo en el puerto de Guaymas, y la actual gobernadora electa, Claudia Pavlovich, se dedicó a gestionar impunidad para la junta que se enriquecía administrando la Guardería. Ahora la PGR se va encima, con abuso del poder, contra quienes auxiliaron a los niños que se salvaron, pero que quedaron con quemaduras y daños de por vida. La titular de la PGR ha obrado a tontas y locas en un asunto donde no se establece cómo se originó el incendio y quiénes son los verdaderos responsables de la terrible tragedia.

Hay, obviamente, encubrimiento a la familiar de Felipe Calderón y Margarita Zavala y protección al multimillonario Robinson Bours (José Eduardo), quienes, con el resto de la junta administradora, deberían haber sido aprehendidos y presentados ante el tribunal penal para deslindarles responsabilidades. Lo que ha hecho la PGR es un abuso del poder, al tratar de responsabilizar a quienes nada tienen que ver, salvo que ayudaron a muchos niños a escapar de ese infierno. Si la PGR se empeña en fincarles responsabilidades a los empleados de la Guardería ABC, no se extrañe de que habrá otra revuelta social.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

[BLOQUE: OPINIÓN]

[SECCIÓN: CONTRAPODER]

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Contralínea 452 / del 31 de Agosto al 06 de Septiembre 2015