Jornaleros agrícolas migrantes, en el desamparo
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 1 de septiembre de 2016. En el marco de la temporada alta de migración (septiembre 2016-enero 2017), el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña hizo pública su denuncia ante el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, respecto del trato discriminatorio y la explotación laboral que padecen por parte de las empresas agrícolas del Norte del país. Expresaron que en México no existe un marco legal apropiado que proteja sus derechos, ni políticas públicas que reviertan las condiciones deshumanizantes en que viven.
En las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI), miembros del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña constataron la desatención y la precariedad en que se encuentra el espacio donde regularmente llegan las familias indígenas a descansar y a preparar sus alimentos. Desde finales del mes de agosto, regularmente migran a 18 estados del país, principalmente a Sinaloa, Sonora y Guanajuato, con la ilusión de obtener algún ingreso económico trabajando largas jornadas en los surcos de las empresas extranjeras.
Durante la temporada pasada, el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña registró 6 mil 752 personas que salieron a los estados del Norte desde el mes de agosto de 2015 hasta enero de 2016. Con el apoyo de algunos jornaleros que realizan trabajo voluntario, hicieron un registro de las familias jornaleras que salieron del mes de febrero al mes de mayo, que ascendió a 495 personas de los municipios de Tlapa, Cochoapa el Grande, Xalpatláhuac, Coapanatoyac y Atlamajalcingo del Monte.
Desde hace 11 años, el Consejo ha establecido un acuerdo con las autoridades de Guerrero para dotar de insumos básicos para el funcionamiento del comedor comunitario. Lamentablemente este apoyo tiene que ser arrancado cada año a base de denuncias públicas y protestas, por la negligencia y desatención de la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Secretaría del Migrante. En la actual administración ambas instituciones se han desentendido de la población más vulnerable del estado y han evadido su responsabilidad de atender sus demandas.
En la administración pasada se logró conformar una comisión intersecretarial de atención y apoyo de los jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes. El objetivo fue crear una plataforma gubernamental que atendiera de manera prioritaria e integral la problemática que enfrenta la población indígena, que para sobrevivir en su estado tiene que salir a trabajar en condiciones sumamente adversas.
Actualmente tanto el gobierno federal, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo Social, así como el gobierno del estado con dos de sus secretarías han relegado e invisibilizado de manera deliberada a la población jornalera, al grado que no existen programas específicos que se avoquen a brindar atención pero, sobre todo, a proteger sus derechos como población sumamente vulnerable. El gobierno estatal, por la vía de los hechos, ha desechado la comisión intersecretarial y ha dejado a su suerte a miles de familias pobres que deambulan en el país en busca de trabajo.
Contrario al desinterés y desprecio de las autoridades de Guerrero, el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU, expresó el pasado 30 de agosto en la Ciudad de México su interés en esta problemática y asumió el compromiso de que tomará en cuenta los testimonios rendidos por las familias jornaleras, relacionados con las violaciones a sus derechos como trabajadores ante las empresas extranjeras.
Además, documentó el caso de la empresa agrícola Buen Año, de origen Chino, ubicada en el municipio de Costa Rica, Sinaloa, donde el mismo empresario chino los amenazó por atreverse a bloquear la entrada al campo y por parar labores durante 2 días. La protesta de más 5 mil trabajadores de diferentes estados se debió a que el empresario, de manera arbitraria, aumentó de 10 a 15 el número de cajas de vegetales chinos pagándoles el mismo sueldo de 65 pesos por tarea. Con amenazas y falsas promesas, los obligaron a regresar a los campos, sin que el empresario atendiera su justa demanda. Ninguna autoridad se interesó en intervenir y salir en defensa de los jornaleros migrantes.
Ante tantas tropelías y abusos de los empresarios, el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña emplazan al gobernador del estado, en este inicio de la temporada alta, para establecer un encuentro donde se retomen sus principales demandas y se genere una interlocución apropiada que brinde protección a sus derechos como jornaleros migrantes.
Atentamente,
Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Contralínea 504 / del 05 al 10 de Septiembre 2016
