La Federación Mexicana de Colegios de Abogados, AC, solicitó al Congreso de Chihuahua retirar el dictamen para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que busca crear el Consejo de la Judicatura local.
Por medio de una misiva, los abogados solicitan que se convoque al análisis y discusión pública del mismo. Pues, observan, el proyecto de reforma podría manipular la elección de los magistrados que integren el Consejo de la Judicatura local.
A continuación se reproduce la carta pública:
A través de los diversos medios de comunicación, nos hemos enterado que en la próxima sesión extraordinaria del Congreso de Chihuahua se someterá a discusión y votación de las y los diputados de la actual legislatura el dictamen con carácter de decreto que emitió la Comisión de Justicia, integrada por la diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez (que también es quien presentó la iniciativa), los diputados Luis Fernando Rodríguez Giner, Eloy García Tarín, Rogelio Loya Luna y Rosemberg Loera Chaparro, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
Este dictamen de decreto, según señala, dispone cambios sustanciales para crear el Consejo de la Judicatura estatal para que administre, vigile y discipline a las y los integrantes del Poder Judicial, con lo cual desde luego que esta Federación de Colegios de Abogados, estamos de acuerdo y a favor; sin embargo, también señala la modificación de quiénes y cómo van a elegir magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.
De ahí que la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, a través de su Consejo Directivo Nacional, se manifiesta por solicitar de manera atenta, respetuosa y enérgica que se retire del orden del día, de dicha sesión extraordinaria, el dictamen para que sea debidamente analizado y discutido en los diversos foros que conforman nuestra sociedad, por las siguientes razones:
1. Encontramos que la y los dictaminadores, en completo desprecio por lo previsto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 202 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, pretenden que el Consejo de la Judicatura estatal quede conformado el día 16 de octubre de 2016, cuando los ayuntamientos tienen 40 días, después de recibir copia de la iniciativa y de los debates del Congreso, para resolver sobre la negativa o aprobación de las reformas y adiciones constitucionales.
2. Resulta demasiado sospechoso que la actual legislatura pretenda reformar el artículo 103 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en cuanto a la forma y procedimiento para la elección de magistrados.
Pues fueron precisamente estos mismos diputados y diputadas los que hace apenas unos meses decidieron reformar dicho artículo para quitarle al pleno del Tribunal Superior de Justicia la facultad. Así cederle a una “comisión especial” la elección de la terna de candidatos que debía enviarse al Congreso del Estado, para ocupar vacantes definitivas de las Salas, para que el Congreso, previa comparecencia pública de los integrantes de la terna ante la Junta de Coordinación Parlamentaria, elija quién ocuparía la magistratura correspondiente.
Ahora pretenden que el Consejo de la Judicatura estatal (ahora sí) someta a examen de oposición a las y los aspirantes, para que el gobernador del estado elija entre las personas que hayan obtenido los primeros 10 lugares en el concurso de oposición, a quien someterá a la ratificación del Congreso del estado el nombramiento de quien ocupará la magistratura.
3. Contradictoriamente, la y los dictaminadores señalan por un lado que la iniciativa obedece a lograr que las y los magistrados se dediquen exclusivamente a la función jurisdiccional para la que fueron designados, pero, por otra parte, disponen que tres de los magistrados se integren sin dejar el ejercicio de su función jurisdiccional y, sin recibir retribución adicional, se integren al Consejo de la Judicatura estatal.
Insistiendo en que la discusión y aprobación en su caso del dictamen, debe ser retirara del orden del día, para que se someta al estudio y análisis de las y los propios miembros del Poder Judicial y las organizaciones de la sociedad civil. Pues no puede apresurarse una decisión tan trascendente para las y los justiciables.
