Desde los hilos del poder que controlan a los medios de comunicación en el país se polariza a una confundida sociedad con temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, dando profusa difusión a marchas, acciones y posiciones de sectores sociales y clericales en favor o en contra de esta reforma emanada a propuesta del Ejecutivo, mientras que la clase política gobernante y los partidos en el Congreso continúan desdibujando al país y  ocultando a las mayorías los graves problemas que aquejan a la nación.

Como ya es costumbre, se coloca en la agenda informativa asuntos que son empleados como distractores de coyunturas de gran calado como la terrible crisis económica por la que atraviesa México y que se agudizará con mayor fuerza el año entrante, afectando a las clases de menores ingresos. Otro caso sumado a esta estrategia de intencionales omisiones e irrelevantes banalidades, es la expulsión de su partido del aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En este escenario de colapso nacional poco o nada se habla de los nocivos efectos que traerá el recorte presupuestal de 2017 a sectores como el educativo, el de salud y el campo. Y queda segregada en los temas de análisis la estratosférica deuda pública de 8 billones de pesos que tiene de rodillas a las finanzas públicas ante los organismos financieros internacionales, y estancada a la economía nacional.

Por increíble que parezca, a los miembros de la Arquidiócesis les interesa más bregar en contra de la nueva modalidad matrimonial que velar por la seguridad de sus sacerdotes, tres de los cuales fueron brutalmente asesinados en las pasadas semanas en los estados de Veracruz y Michoacán, como parte de la escalada de violencia que azota a todo el territorio nacional y que ha impactado por igual a turistas extranjeros que a migrantes, de éstos últimos su número de desaparecidos en lo que va del sexenio llega a 222, sumándose a la cifra negra de más de 28 mil connacionales que son buscados por sus familias  en todo el país.

Bajo esta manipulación y ocultamiento informativos se ponderan los efectos cotidianos de la desatada violencia del crimen organizado, pero no se analizan sus causas ni las responsabilidades de autoridades de todos los niveles en la impunidad con que operan muchos de los cárteles de la droga y sus grupos delincuenciales. Se sigue masacrando y encarcelando a maestros, estudiantes y  luchadores sociales, acumulando nuevos agravios a los no resueltos con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los saldos rojos de la represión en Nochixtlán, Oaxaca.

Los despojos y el saqueo a los recursos naturales de comunidades indígenas y campesinas tienen encendidas las luces rojas de la violencia social por el avasallamiento de imponer proyectos de infraestructura carretera, hidroeléctricos y otros más sin tomar opinión a los directamente afectados, fortaleciendo un inevitable y contradictorio punto de choque entre el decir de las autoridades y su  proceder en los hechos.

Gran parte de los 15 millones que conforman la población indígena y sus pueblos originarios siguen esperando que se respete, por ejemplo, lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establecía como una de las prioridades para ese sector impulsar un Acuerdo Nacional para el Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pueblos Indígenas, a través del diálogo y el derecho a la libre determinación como derecho fundamental y a la consulta previa, libre e informada de estos mexicanos.

La lista de movimientos de lucha emanados por no llevar a la práctica tales compromisos es profusa: en Puebla, Tlaxcala y Morelos la imposición de un  gasoducto ha buscado suplir a la razón amparo de la fuerza pública; el proyecto carretero en el Estado de México que ha puesto en guardia a poblados indígenas como Xochicuatla; la defensa de la autonomía de los zapotecos por  la invasión de las eólicas en Oaxaca; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco que ha retomado la batalla; en Sonora la defensa del agua, la lucha por la vida y la cultura yaqui, son sólo algunos de esta cadena de atrocidades que de acuerdo a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada para su aplicación por nuestro país, debería cancelar la imposición de estos proyectos.

Tales asuntos donde miles de mexicanos pelean por sus ancestrales derechos, son invisibles a esta manipulación y control de los medios que tampoco hablan de las consecuencias que acarreará el recorte presupuestal al sector salud, dejando a millones de mexicanos, derechohabientes o no, sin el acceso a los servicios médicos, a medicamentos o a una intervención quirúrgica oportuna que les pueda salvar la vida.

La tijera presupuestal que no aplica para las canonjías de la alta burocracia amenaza con descarrillar la tan vanagloriada Reforma Educativa, al dejar sin recursos a 19 de los 23 programas donde se incluye el equipamiento de escuelas y hasta los programas de capacitación de los mentores y las escuelas de tiempo completo: son 5 mil 466 millones menos para este sector. En contraparte, el Presupuesto de Egresos contempla recursos extras por 5 mil  645 millones de pesos para incrementar los sueldos, bonos y gratificaciones de los funcionarios de primer nivel para el año entrante.

En esta maquillada y desigual austeridad, en el agro las cosas tampoco pintan bien, razón por la que su problemática tampoco aparece en la agenda informativa de los medios masivos; el recorte del 2017 dejará prácticamente en ceros a 31 rubros del sector agropecuario, en su mayoría proyectos de inversión. Igualmente, los fideicomisos rurales, forestales, pesqueros y programas a mujeres rurales serán reducidos en un 50 por ciento, lo que prácticamente impactará en el ya de por sí deteriorado nivel de vida de las familias del campo y anulará sus actividades primarias básicas.

Y mientras la pirotecnia informativa busca distraer la atención de la opinión pública, otros temas aprobados de manera irresponsable en el Congreso como  la pensión universal que amenaza con reducir los ingresos de jubilados y pensionados, abre la puerta para que este modelo se extienda a instituciones como el IMSS y se generalice en su aplicación para todos los personajes de la tercera edad.

Preocupante que en medio de esta alentada polarización social por los matrimonios de personas del mismo sexo, se diluya la aprobación del reglamento al artículo 29 constitucional, que faculta al Ejecutivo a decretar la suspensión de garantías a toda la población, e inclusive aplicar el toque de queda, echando mano de las fuerzas armadas, cuando se presuponga “una perturbación grave a la paz pública, conflicto o invasión”, aunque lo votado por los legisladores no defina con precisión cuáles serían las verdaderas circunstancias por las que se justificará el empleo de una encubierta represión que bien puede tener como trasfondo el acallar la protesta social, cuya fuerza está emergiendo en el país por la sistemática violación a los derechos de millones de mexicanos.

Martín Esparza Flores

Contralínea 509 / del 10 al 15 de Octubre 2016