La crisis económica que vive el país es resultado de una política equivocada, pero también de una sucesión de errores en la aplicación de la misma. Se dijo que con la reprivatización energética y otras contrarreformas la economía crecería 4.7 por ciento en 2015, 4.9 en 2016, 5.2 en 2017 y 5.3 en 2018. La realidad es que la tasa de 2015 fue de 2.5 por ciento y para 2016 las apuestas giran en 2. Las expectativas para 2017 y 2018 son de 2.5 y 3 por ciento

Don Quijote: “¡Santo Dios! ¿Qué es lo que dices, Sancho amigo? Mira no me engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas”.

Sancho: “Calle, señor, no diga la tal palabra, sino despabile esos ojos”.

El atraso cambiario se mantuvo en los últimos años mientras el ingreso neto de capitales (diferencia entre ingresos y egresos) fue favorable en 68.9 mil millones de dólares en 2013 y 60.1 mil millones de dólares en 2014, y permitió acumular reservas internacionales por 13.2 mil millones de dólares y 15.5 mil millones de dólares en esos años. Pero en 2015 apenas sumaron 32.6 mil millones de dólares y las reservas internacionales se contrajeron en 18.1 mil millones de dólares; en  la primera mitad de 2016 sumaron 15.8 mil millones de dólares contra los 20.4 del  mismo lapso de 2015, 23 por ciento menos. Al cierre del año podría ser de 31 mil millones de dólares. Ello debido a caída de la inversión extranjera directa y la financiera; ésta última registra una fuga por 7.6 mil millones de dólares en el primer semestre de 2016.

El ingreso neto de capitales fue insuficiente para financiar el creciente déficit externo en 2015 (pasó de 17 mil millones de dólares en 2012 a 32.7 mil millones de dólares en 2015) y quizá se repita la historia en 2016 y 2017, donde Hacienda espera un saldo negativo de 33 mil millones de dólares para cada año. Si a ese concepto se agregan las fugas por el renglón de errores y omisiones el problema para cerrar la brecha de divisas, lo que ha generado el riesgo de una crisis de financiamiento de la balanza de pagos.

Como se ha dicho, la caída en el ingreso de capitales netos, el ascendente déficit externo y los problemas para financiarlo, bases de la desconfianza, se debe a las decisiones de la Reserva Federal estadunidense, la fuga de divisas, el desplome de los precios de las materias primas, la declinación económica estadunidense y mundial y otros factores agrupados en el término “choque” externo.

Videgaray y Carstens no previeron la crisis y ya ante ésta, junto con Meade, tampoco reaccionaron.

La responsabilidad entonces también es de Videgaray y Carstens, que promovieron deliberadamente el atraso cambiario nominal con el ingreso de capitales y tornaron vulnerable a la paridad ante los “choques” externos y la fuga de divisas, que abarató las importaciones, amplió el déficit externo y la dependencia del financiamiento internacional, que pensaron que el mundo no se alteraría.

La contracara del atraso cambiario nominal fue la sobrevaluación del tipo de cambio real señalada por Galindo y Ros.

Con relación al dólar, la sobrevaluación media real era de 10 por ciento anual al inicio del peñismo; en 2013 se eleva a 15 por ciento; en 2014 de 14 por ciento; con la brutal devaluación nominal de 13 por ciento de 2015 se subvalúa en 0.5 por ciento y ésta se amplía a unos 13 por ciento en octubre de 2016. Por ello Meade habla de una subvaluación. El valor de equilibrio de la paridad entonces sería del orden de 17 pesos por dólar.

Si se mide tipo de cambio real con relación a 111 países, el sexenio inició con una sobrevaluación promedio de 16 por ciento, que se eleva a 23 por ciento en 2014, se reduce a 18 por ciento en 2015 y a aproximadamente 4 por ciento a la fecha. El precio de equilibrio entonces sería de alrededor de 20 pesos por dólar.

En lugar de promover un ajuste cambiario ordenado para eliminar la sobrevaluación real y llevar a la paridad de 13.09 pesos por dólar registrada al inicio del sexenio hacia los 20 pesos por dólar su nivel de equilibrio, Videgaray y Carstens prefirieron mantener la misma política cambiaria y monetaria, emulando a Pedro Aspe.

La crisis provocada por los especuladores y su desconfianza en la continuidad de esa política económica desequilibradora puso a la vulnerable paridad en su lugar, con su brutal embestida: devaluación y recesión, y cuyos costos postinflacionarios se han escapado de las frías estadísticas para instalarse en la lista de precios comerciales que devoran implacablemente el poder de compra de los famélicos salarios.

Se repitió la misma historia de la crisis devaluatoria, fiscal y recesiva de 1982, 1994 o 2008.

¿Qué propusieron los peñistas para enfrentar la emergencia y enmendar las secuelas de sus errores?

Continuar con la misma política de 1983, 1986, 1994 o 2008: Videgaray, Meade y Carstens recurrieron al ajuste monetarista: la austeridad fiscal, el retorno del balance fiscal cero, si se excluye la inversión en proyectos de alto impacto y del superávit primario, y  la restricción monetaria.

La prioridad es convertir el déficit económico primario (diferencia entre los ingresos y gastos totales del sector público, excluyendo el pago de los intereses) de 2016 (estimado en 114.3 mil millones de pesos) en un superávit en 2017 (73.8 mil millones de pesos), el cual deberá mantenerse en 2018; y reducir los requerimientos financieros (el balance tradicional, el rescate bancario y de deudores, los fondo de infraestructura y fomento, entre otros conceptos, de 3 por ciento del producto interno bruto, PIB, estimado en 2016 a 2.9 por ciento en 2017 y 2.5 por ciento 2018) y el nivel de la deuda total (de 48.5 por ciento del PIB a  48.4 por ciento y 48.2 por ciento en los años citados).

Sin embargo, no se propone aumentar impuestos –aunque sí los precios de los bienes y servicios públicos–, y, por el contrario, proyecta una baja de los ingresos presupuestales con relación al PIB: de 21 por ciento en 2016 a 21.2 por ciento en 2017 y 21.1 por ciento en 2018. En valor real, se espera una alza de 0.4 por ciento en 2017, los cuales pueden esfumarse con una desviación de la inflación a 3.5 por ciento anual.

Sólo queda el gasto como instrumento de ajuste. Pero la manera en que se presenta su reducción es un acto de malabarismo de palabras y de sumas y restas que dan la impresión de una corrección aparatosa, de una vocación conmovedora por las “virtudes” de la austeridad, el ahorro, el sacrificio.

Se anuncia un recorte por casi 240 mil millones de pesos en 2017, pero no respecto de 2016, sino de 2015. De esa cantidad ya se podaron 169 mil millones de pesos este año, por lo que sólo falta cercenar 70 mil millones de pesos en 2017. La austeridad no será excesiva y la cuantía del ahorro coincide con el del superávit primario programado. La reingeniería presupuestal, por cierto, se agotó en el gasto social y productivo.

Menos crecimiento económico y subsidios para los pobres, más deterioro en los servicios públicos. Ése será el signo del sexenio peñista.

Esa manera en que Videgaray presentó los números, avalados por Meade, suscitó la furia de oligarcas como Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial, que exige el recorte de al menos otros 50 mil millones de pesos, con el objeto de evitar un mayor endeudamiento.

¿De qué se quejan si los recortes representan para ellos una “ventana” de negocios?  ¿No les preocupa que la macrodevaluación y el menor gasto equivalgan a una especie de sentencia para algunas empresas?

Sin embargo, Castañón y sus pares nunca han anunciado su disposición de ayudar al fisco aceptando un aumento en sus cargas tributarias. Aunque sea con un punto porcentual, por ejemplo, o renunciando a los créditos fiscales que después convierten en pérdidas para el erario.

En el caso de la deuda, Sergio Luna, responsable de estudios económicos de Citibanamex, guarda sus dudas sobre los cálculos oficiales. Estima que ésta equivaldrá a más del 50.2 por ciento del PIB en 2016 y 51.2 por ciento en el 2017, y recuerda que al inicio del sexenio representaba el 37.7 por ciento. Si sus estimaciones son más creíbles que las de Hacienda, entonces el pago de los intereses también se elevará. Si así fuera, ¿con qué dinero se pagarán?

Meade dice que “no estamos ni cerca de afrontar una posible crisis en finanzas públicas”, ni lo estará en lo que resta del sexenio.

Pero los recortes al gasto indican que se tiene severas restricciones, debido a la complaciente voluntad oficial de mantener la regresividad de las cargas tributarias, los agujeros de la evasión y la elusión, la petrodenendencia fiscal, la corrupción, el derroche del gasto. El aumento de los réditos con los mayores intereses de la deuda interna y externas, que constreñirá más el gasto, debilitará aún más al Estado y acelerará la entrega de sus despojos a la rapiña privada.

¿A eso se puede llamarse finanzas públicas sólidas?

La contención económica, que podría atenuar el déficit externo y las necesidades de su financiamiento, es reforzada con el alza de la tasa objetivo del Banco de México (Banxico), de 4.25 por ciento a 4.75 por ciento y que fue seguida por las demás tasas cobradas por los organismos privados que otorgan créditos. Con ese aumento ya superó al estimado para 2016 en los Criterios de política económica 2017 (4.5 por ciento nominal a fin de periodo), y es igual al promedio anual esperado (3.9 por ciento).

Carstens les hizo un guiño tranquilizador a los apanicados especuladores, a los que quieran quedarse, pues la volatilidad cambiaria es mortal para sus ganancias. Ese gesto, empero, es aterrador para los deudores.

Lo anterior equivale a la última puñalada al crecimiento en lo que resta del sexenio; el último clavo en el ataúd de Videgaray, en el suyo, en el de Meade, el del peñismo y el del priísmo.

Vale la pena señalar que la paridad calculada en ese documento es de 18.3 pesos por dólar en 2016 y de 18.2 pesos por dólar en 2017. Los empresarios la proyectan en 18.84 y 18.65 pesos por dólar. Hasta la primera semana de octubre promedia 18.39 pesos por dólar, y aún le falta al menos dos jornadas especulativas, con las elecciones presidenciales estadunidenses y la última reunión de la Reserva Federal. En el catastrofismo, economistas de Grupo Financiero BX+ aventuran que si ganara el republicano la elección presidencial estadunidense la paridad podría elevarse hasta los a 22 pesos por dólar.

Esos y otros detalles evidencian que los objetivos de los Criterios de 2017 ya fueron abortados por la salvaje realidad, como ocurrió con los de 2014, 2015 y 2016, años en la economía inició su naufragio. Los de 2013 fueron malparidos por el propio Videgaray, porque convirtió a la Secretaría de Hacienda en el departamento de relaciones públicas de las contrarreformas estructurales.

Dijo Enrique Peña Nieto: “Pese a la desaceleración del mundo, es grato ver que México crece. No es retórica”.

Meade resultó simpático. Con gran sentido del humor dijo: “A México le va a ir bien. Es un país donde los esfuerzos que está haciendo se ven, se palpan las reformas y se sienten en las calles”.

¿Se referirá a los florecientes “emprendedores” delincuentes, los menesterosos callejeros?

Desde la situación es grata: comparada con la Grecia, Argentina, Brasil, Ecuador o Venezuela, que se encuentran en recesión.

Pero todo es relativo.

Es claro que durante el peñismo la economía registra tasas de crecimiento positivas. Pero cada vez menores y se desliza por una pendiente hacia el abismo recesivo, cuyo aroma ya se percibe. Avanza en sentido opuesto a la promesa de tasas ascendentes, apoyadas en las reformas estructurales. De hecho, ellas quedaron en un delirio desde el principio.

La economía se encuentra en una tendencia a la desaceleración a partir de 2010, año en que creció 5.1 por ciento, luego de la recesión de -4.5 por ciento de 2009. A ese aumento el economista Mark Blyth, de la Universidad de Brown, lo llamó el “rebote del gato muerto”.

Después el “gato” regresa a su normalidad yerta. En la caída, en 2013 registra su tasa de crecimiento más baja, 1.6 por ciento. Ya en el piso, el felino registra una tasa de 2.5 por ciento en 2014, de 2.2 por ciento en 2015 y en 2016 será de 2 por ciento, variación que contrasta con la meta original: 2.6-3.6 por ciento. La media sexenal se ubica en el promedio neoliberal (1983-2012): 2.4 por ciento.

Con la reprivatización y transnacionalización energética y otras contrarreformas se dijo que la economía crecería 4.7 por ciento en 2015, 4.9 por ciento en 2016, 5.2 por ciento en 2017 y 5.3 en 2018. Sin ellas se agregó que en esos años las tasas serían de 3.8 por ciento, 3.7 por ciento, 3.6 por ciento y 3.5 por ciento.

Pero con las reformas la tasa de 2015 fue de 2.5 por ciento y para 2016 las apuestas giran en 2 por ciento. En su revaluación, Hacienda ahora sugiere que en 2017 y 2018 será de 2.5 y 3 por ciento.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que redujo su estimación de la meta a  2.1 por ciento para 2016, señaló que ella podría acelerarse a 2.3 por ciento en 2017, a medida que el sector externo se recupere, y que después llegará a 2.9 por ciento “una vez que las reformas empiecen a tomar forma”.

Todo por debajo de los cálculos originales, con o sin reformas.

¿EPN y Videgaray engañaron a la población para justificar las reprivatizaciones?

El hecho es que no era necesaria la venta de cochera y más adelante se pagarán los costos, por la vía de los altos precios especulativos de esos bienes y servicios privatizados; el boquete fiscal que representará para el Estado; la explotación irracional de los recursos y su creciente dependencia externa de esos productos. Todo en nombre de los “beneficios saludables” de las corporaciones que dominarán, como dijera un social-neoliberal blairiano.

Sólo bastará verse en el espejo de los países que reprivatizaron esos bienes y servicios para saber las plagas que nos asolarán, en nombre de las altas tasas de ganancia de los nuevos depredadores.

¿Algo falló o fue deliberado?

Fueron ambas cosas en la lógica estructural del modelo y la política económica.

El crecimiento tiene tres pies, por decirlo de alguna manera: el consumo interno, la inversión y la demanda externa.

El primero le fue atado con la contención de los salarios y de la demanda pública. El segundo fue amputado a la mitad. Para moverse, el tercero depende de la demanda externa, pero éste empezó a trastabillar y desplomarse desde el 2015.

Videgaray, como lo hará Meade, se dedicó a administrar la pérdida histórica del poder de compra de los salarios mínimos y contractuales, considerada necesaria para la desinflación, la competitividad y la atracción de la inversión extranjera: 75 por ciento de los primeros y la mitad de los segundos, sin variación sexenal.

Ello explica consumo en el peñismo haya crecido a una tasa media real anual de 2.4 por ciento, igual a la calderonista (2.3 por ciento) y menor a la foxista (3.3 por ciento).

En los Criterios de 2017 se dice que la demanda interna compensará la caída de la externa.

Peña Nieto ha presumido que su gobierno ha creado 2 millones de nuevos empleos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), contabiliza 2.4 millones hasta junio de 2016, aunque en 2013-2016 se requerían al menos 4 millones.

¿Qué capacidad de consumo pueden tener si la mayoría se han concentrado en los puestos que ganan hasta dos veces el salario mínimo (VSM)?

Hasta la primera mitad  se crearon 1.4 millones de empleos que perciben hasta un salario mínimo y 2.3 millones que ganan entre 1 y 2 VSM. En cambio se perdieron 66 mil que ganan 2-3 VSM, 1 millón que ganan 3-5 VSM y 930 mil que perciben más de 5 VSM.

Son empleos de la pobreza y la miseria. Irrelevantes para el consumo.

La falta de crecimiento económico y la “flexibilidad” mantuvieron sin cambios cualitativos la precariedad laboral heredada por el calderonismo. Entre 2012 y la primera mitad de 2016 el desempleo abierto pasó de 2.5 millones de personas a 2.1 millones (de 4.9 por ciento a 4 por ciento de la población económicamente activa, PEA); los subocupados de 4.2 millones a 4 millones; los que desertaron del mercado pero que tienen interés de trabajar, de 6 millones 13 mil a 5 millones 952 mil. Los informales, que excluyen al sector agropecuario, de 14 millones a 13.8 millones (de 28.7 por ciento del total de los ocupados a 72.1 por ciento). Todos ellos pasaron de 267 millones de personas a 26 millones.

La medida de la informalidad que incluye a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, de 29.2 millones a 29.1 millones (de 60.1 por ciento de los ocupados a 57.3 por ciento). Si a esta contabilidad se suman los desempleados, subempleados y los desertores, el total pasa a 41.2 millones.

Afortunadamente, el Inegi y el Consejo Nacional de Evaluación de Política Pública (Coneval), en un acto circense, hicieron lo necesario para esconder a los nuevos pobres y miserables acumulados a partir de 2014.

Los que son inocultables son los que aparecieron en 2012-2014: que aumentaron en 2 millones, de 53 millones 350 mil a 55 millones 342 mil. O de aquellos cuyos ingresos son inferiores a la línea de bienestar, que se incrementaron en 3.2 millones, al pasar de 60.6 millones a 63.8 millones.

A la pata de la inversión, Videgaray le puso una zancadilla. La total apenas creció a una tasa anual de 1.4 por ciento (a principios de 2016 se paralizó en 0.6 por ciento), una cuarta parte de la realizada con el zedillismo (5.7 por ciento), y menor a la del foxismo (3.7 por ciento) y la calderonismo (2.6 por ciento), según datos del Inegi.

Videgaray hizo lo necesario para impedir el crecimiento y Meade no le enmendará la plana.

La tasa media anual del consumo público ha sido la mitad de la del calderonismo: 1.3 por ciento contra 3.6 por ciento. La inversión pública, que ha retrocedido desde el 2010 a una tasa media real anual de 1.5 por ciento. Aun así, con Calderón creció 2 por ciento en promedio anual. En 2013-2015 decreció 6.7 por ciento anual; a principios de 2016 se desplomó 14 por ciento.

Paralizado el motor interno, la esperanza descansaba en la demanda externa. Pero el diablo metió el rabo. Las exportaciones se derrumbaron. En el primer trimestre de 2015 crecieron a una tasa real anual de 12 por ciento. Un año después fue de 0.1 por ciento.

¿Así aspiraba Videgaray al crecimiento económico?

Desde luego, el éxito o el fracaso no se reduce a la eficacia o no de la política económica. La estructura del modelo, orientado al mercado externo hacia fuera traslada sus efectos multiplicadores en el empleo, la demanda, la inversión y el crecimiento.

Las metas económicas para 2017 y 2018 guardan un rasgo indecoroso: la capitulación videgariana-peñista. El crecimiento se convirtió en un mito legado a posteridad. Sólo queda administrar la crisis en lo que resta del sexenio.

La encomienda de Peña Nieto a Meade es clara: “La prioridad es garantizar la estabilidad macro”; “apretar el cinturón del gobierno”, justar el presupuesto; estabilizar la deuda sector público.

Meade, más que doctor en economía, será doctor encargado de administrar la fase terminal del agonizante peñismo-priísmo neoliberal.

Marcos Chávez

[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: ECONÓMICO]

Contralínea 512 / del 31 de Octubre al 5 de Noviembre 2016