Hay muchas semejanzas y continuidades entre el foxismo y el calderonismo, como el comportamiento de ese presidencialismo ante los derechos humanos.
Las dos alternancias fracasadas –murieron en el intento– han practicado todo lo contrario de lo que predicaron como oposición y han utilizado, del viejo autoritarismo, la práctica de violentar esos derechos enumerados y consignados constitucionalmente (y esto no sólo con haber sacado de sus cuarteles a los militares que en los ocho años de panismo tienen en su haber casi 3 mil quejas que han merecido igual número de recomendaciones).
El gobierno y la administración federales (puesto que el presidente de la República es jefe de gobierno y jefe de Estado) son un órgano propio de un monarca antidemocrático y antirrepublicano con tendencias despóticas, autocráticas y absolutistas.
Los titulares de las dependencias de la administración pública pisotean constantemente los derechos individuales de los mexicanos como personas y ciudadanos. La Procuraduría General de la República, las secretarías de Gobernación, Reforma Agraria, Medio Ambiente, y Trabajo y Previsión Social son quienes más agreden los derechos humanos.
Y de éstos, los que ejercen los periodistas, especialmente reporteros, y algunas veces editores, sobre todo de la prensa escrita (aunque no se salvan radio y televisión) son los más violentados. Los periodistas son víctimas de inquisiciones administrativas cuando los funcionarios en su calidad de directores de la comunicación oficial, en cada secretaría y empresa pública, niegan publicidad a la prensa que informa veraz y críticamente sin concesiones de ninguna especie. Y de inquisiciones judiciales cuando, por medio de jueces y magistrados de los tribunales federales, del Distrito Federal y del fuero común de las entidades, interpretan a modo de los intereses privados (contra las libertades de prensa) los contenidos o fines de los artículos 6 y 7 de nuestra ley suprema.
Es el caso del grupo empresarial multimillonario Zeta, beneficiario de concesiones gaseras de Petróleos Mexicanos (Pemex), que representa Jesús Alonso Zaragoza López, que logró someter a jueces y magistrados para que sus demandas versus Contralínea –destinadas a perjudicarla tanto como a su director Miguel Badillo y a su reportera Ana Lilia Pérez, por la información pública de esa empresa– prosperen en todas las instancias.
Y llegar al grado de que los jueces, por faltas administrativas, les imputen, también, inquisiciones administrativas y por esto encarcelar al director de la revista y tratar de hacer lo mismo con la reportera.
El prepotente Grupo Zeta (no confundirlo con los Zetas, organización paramilitar del narcotráfico) se da el lujo de publicar desplegados donde insulta y difama (encuadrándose a sí mismo en varios delitos penales) a Contralínea, a Badillo y a quienes, como periodistas, publicamos en la revista (El Universal y otros periódicos, con la firma del representante legal de estos zetas, 20 de enero de 2009).
Los Zeta del gas han logrado, pues, que jueces y magistrados de competencia federal y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dicten resoluciones en calidad de inquisiciones judiciales contra las informaciones que exhiben a esos empresarios asociados con intereses de Pemex, para con favoritismos, monopolizar y comercializar ese elemento, negándose a ventilar la relación que la reportera Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo rastrearon y publicaron a partir de los contratos obtenidos por la familia Mouriño y la protección de César Nava al amparo de vinculaciones con el señor Calderón.
Esa información ha molestado a los zeta-gaseros-zaragozas y llaman a eso “ataques” porque ignoran cuál es la tarea de la prensa como contrapoder del poder público y contrapoder de los empresarios, para mostrarle a la opinión pública lo que pasa en el escenario y tras bambalinas, en ejercicio del derecho a las libertades de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Derecho que no tiene garantía para ser ejercido porque el calderonismo así lo ha determinado.
De hecho, el calderonismo ha estado gustoso con imponerle censuras a la prensa que le disgusta por su labor crítica e implacable con la información de los abusos de poder y sus complicidades con empresarios, como los zetas-gaseros con el calderonismo.
Que empresarios de la calaña de los Zeta manipulen a jueces para dar paso a inquisiciones judiciales, con el visto bueno del calderonismo satisfecho con la violación a los derechos humanos, demuestra que tenemos un sexenio de mal gobierno y mala administración, porque a Calderón le da flojera ejercer el cargo debido a su ineptitud política y la inmadurez de su equipo de pago de “cuotas, de cuates y de copas” que han llevado a la Presidencia a la deriva, cuando el Estado desde el timón del doble poder necesita a una cabeza política dotada de anhelo por ser estadista, cualidades que el panista no tiene.
Y en sus dos años de régimen ha hecho caso omiso de los derechos humanos y permitido, desde su ámbito de competencia e influencia, que la prensa sufra en sus periodistas una constante represión que ha llegado hasta los homicidios y diversas agresiones.
La enderezada con inquisiciones judiciales y administrativas para someter a Contralínea, con amenazas cumplidas contra su director y amenazas y amedrentamientos contra Ana Lilia Pérez (la reportera que investigó los contratos de Mouriño-Nava-Calderón y puso a disposición de la opinión pública los hechos), no es un caso aislado.
El anuncio-desplegado del Grupo Zeta, que suscribió el representante legal de los Zaragoza López, es un documento para sentar a éste y sus abogados ante los tribunales como si estos fueran imparciales. Contralínea no tiene el dinero para activar a los jueces y magistrados que interpretan las leyes de prensa conforme a los intereses parciales de los empresarios.
A su vez, la reportera Gloria Leticia Díaz, de la revista hermana Proceso (26 enero de 2009), realizó una sobresaliente crónica del acoso oficial a periodistas, donde la empresa Multigas de los Zeta logró que un juez de Jalisco y otro del Distrito Federal ejecutaran con la policía bancaria, de la cual son jefes Mondragón y Ebrard, un arresto de lo más vil y canalla, que puso en evidencia la corrupción de los poderes Ejecutivo y Judicial para reprimir a los periodistas.
Y en la misma crónica la reportera Ana Lilia Pérez ratifica cómo la PGR (de Eduardo Medina-Mora, Juan de Dios Castro Lozano y Octavio Orellana Wiarco) deja de cumplir con la ley y su obligación, y presionan a los periodistas que denuncian para que retiren sus demandas, pues “nunca van a progresar por el calibre de los demandados, empezando por Calderón quien, de acuerdo con lo que nos han dicho, no nos van a perdonar lo que le hicimos a Juan Camilo: haber difundido sus contratos”. (Ver Contralínea del 16 al 31 de marzo 2008)
