Roma, Italia. Frenar la pesca ilegal es proteger la economía, a los pescadores, pero sobre todo preservar el potencial azul del planeta, librarlo de capturas depredadoras con daños irreparables a las poblaciones de peces y al hábitat marino.

Los océanos son la clave para la conservación de la vida en el planeta, constituyen la vía para el 90 por ciento del comercio mundial, la conexión entre naciones, personas, mercados y medios de subsistencia, de ahí su alcance social, económico y ambiental.

Expertos coinciden en la importancia creciente de los océanos y las aguas continentales para la seguridad alimentaria y la nutrición de una población mundial creciente, con posibilidades de llegar a nueve mil 700 millones de habitantes en 2050.

La Organización de las naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ente internacional líder en la política pesquera internacional, sostiene que, “el objetivo de la comunidad internacional debe ser no sólo construir una economía verde sostenible, sino también una economía azul”.

El Pacto de los Océanos, también de la ONU, es un llamado a sus estados miembros a asumir compromisos globales e individuales para restablecer los océanos como sistemas sanos, productivos y resistentes, para garantizar el bienestar humano y la prosperidad.

Tres objetivos interrelacionados promueven esa meta y en todos hay una mención a la reducción de la pesca excesiva, la eliminación de las prácticas pesqueras destructivas, así como proteger, recuperar y conservar el medio oceánico y los recursos naturales que de él son parte.

Pese a muchos esfuerzos el estado de las poblaciones de peces marinos en el mundo no mejora.

Algunos expertos sostienen que unido a la contaminación y el cambio climático, la  pesca excesiva, redujo a la mitad desde la década de los 70 del año pasado las poblaciones de animales marinos, incluyendo mamíferos, aves, reptiles y peces.

Se estima incluso que el 31,4 por ciento de las poblaciones de peces tuvieron un nivel de explotación excesivo sobre todo por redadas inescrupulosas.

La gravedad del problema reside, señalan también los especialistas en el tema, en que alrededor de 15 por ciento del suministro mundial de proteína animal procede del mar.

Son parte también del fenómeno la contaminación por plástico, sumada la acidificación del océano dado el cambio del PH marino debido al calentamiento global.

De igual modo la Conferencia de Paris sobre Cambio Climático (COP21) realizada en diciembre de 2015, evaluó la función de los océanos, las aguas continentales y los ecosistemas acuáticos en la regulación de la temperatura y la fijación de carbono.

El análisis derivó en la urgencia de revertir la actual tendencia de sobreexplotación y contaminación para recuperar los servicios de los ecosistemas acuáticos y la capacidad productiva de los océanos.

Sobrepesca y pesca ilegal

La sobrepesca constituye una de las mayores amenazas para la salud de los océanos. A nivel mundial, cada año las capturas fluctúan entre 91 y 93 millones de toneladas de pescado, y los productos del mar están entre los más comercializados, con un valor de exportación ascendente a 142 mil millones de dólares, cifra registrada en 2016.

En tanto, según estimados de FAO, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada extrae de los océanos cada año hasta 26 millones de toneladas adicionales de peces, con daños a los ecosistemas marinos y saboteando los esfuerzos para gestionar la pesca de manera sostenible.

Operar sin la debida autorización, capturar especies protegidas, utilizar artes de pesca ilegales, o no respetar las cuotas de capturas, son algunas de las actividades más habituales de la pesca ilegal.

Contra esa práctica existe desde junio de 2016 el denominado  “Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto”, dirigido a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el mundo.

De ese convenio forman parte la Unión Europea y 29 países, y concentra el 62 por ciento de las importaciones pesqueras y el 49 por ciento de las exportaciones.

Establece obligaciones vinculantes y normas para la inspección de los buques pesqueros extranjeros que tratan de entrar en el puerto de otro Estado.

De esta manera, un país puede interceptar un buque ante la sospecha de actividades de pesca fuera de la ley e impedir que las capturas prohibidas lleguen a los mercados.

Tras la adopción del acuerdo, el director general de la FAO, José Graziano da Silva, instó a que ningún puerto del mundo sea conocido “como lugar de cobijo para incumplir las leyes”, frente a grandes esfuerzos por combatir la pesca ilegal.

Las autoridades portuarias están comprometidas a compartir información sobre las infracciones, y así evitar que la carga ilegal llegue a otro destino.

Otra de las decisiones para impulsar los esfuerzos internacionales en tal sentido son las directrices voluntarias sobre Sistemas de Documentación de las Capturas (SDC), dirigida a impedir lleguen al mercado y al consumidor productos de pescas ilegales, serán sometidas a la consideración de la Conferencia, como máxima instancia de la FAO.

Tras una consulta técnica, realizada recientemente, la cual puso término a una negociación por más de cinco años, el proyecto está listo para ser adoptado por los países miembros de la organización durante la Conferencia bianual fijada del 3 al 8 de junio próximos, que coincidirá el 8 con el Día Mundial de los Océanos.

Vencido ese paso serán una regla de oro reconocida por los gobiernos y empresas que buscan establecer sistemas capaces de rastrear los peces desde su punto de captura a través de toda la cadena de suministro, “desde el mar hasta la mesa”, según un comunicado emitido por el organismo de la ONU.

Los SDC contribuyen a limitar el comercio de pescado ilegal, pues los envíos son certificados por las autoridades nacionales como pescas legales y realizadas de acuerdo con las mejores prácticas.

Además, la certificación acompaña al pescado que se procesa y comercializa a nivel nacional o internacional, quiere decir que sólo las especie validadas como tal pueden ser exportados o comercializados a mercados donde exista el requisito del SDC.

La información sobre los envíos de pescado se registrará en un sistema digital que puede consultarse en cualquier punto de la cadena de valor, con la consecuente menor carga administrativa y oportunidades de fraude.

Sistemas que, tal como definen las nuevas directrices, deben ser relativamente sencillos y adaptables a las diferentes circunstancias pesqueras, y que los diversos actores de todo el proceso los encuentren útiles y fáciles de usar.

La pesca marítima continental y la acuicultura constituyen una inapreciable fuente de alimentos y nutrientes aportados por unas 820 millones de personas vinculadas a la cadena de recolección, procesamiento, comercialización y distribución, para quienes también la pesca es parte de su identidad cultural.

A nivel mundial esta industria genera empleo e ingresos a una de cada 10 personas en el planeta y produce el 17 por ciento de todas las proteínas animales consumidas en el mundo.

Por lo que la pesca ilegal resulta especialmente devastadora para millones de personas en el mundo que dependen de sus capturas para su sustento y como fuente vital de proteínas y vitaminas.

Silvia Martínez*/Prensa Latina

*Corresponsal de Prensa Latina en Roma