De 2010 a julio de 2016 se han registrado 303 casos de ataques a defensores ambientales, indica el Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Agua y Saneamiento. 2017 —presentado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) —. “La labor que desempeñan las personas defensoras de los derechos ambientales en México, incluyendo la defensa del derecho humano al agua, es de gran importancia puesto que contribuyen a la promoción y protección de la democracia ambiental”, indica.
COMDA documenta que las entidades donde se registraron el mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4 casos; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso.
El informe indica que “las agresiones más comunes fueron dirigidas a personas (139) y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil (10) y comunidades (20). Los tipos de megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17, (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos, 5 inmobiliarios, 4 despojo de tierras, 4 por eólicos, 2 por contaminación, 2 turísticos, 2 transgénicos y 2 por tala clandestina. De los 63 casos registrados el recurso natural más afectado fue la tierra y el territorio con 27 casos, seguido del agua con 24 casos; bosque y medio ambiente en general con 5 casos cada uno; y ecosistema costero y manglar con 1 caso cada uno”.
En su visita a México, Michel Forst, relator especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que el país es uno de los más violentos para los defensores de derechos humanos y periodistas.
Recomendó a la administración de Enrique Peña Nieto aumentar la protección a los defensores de derechos humanos, pues se vive un contexto de 98 por ciento de impunidad (Contralínea 532).
En tanto, el El Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), AC, indica que los ataques y las agresiones hacia los defensores de derechos humanos ambientales son cometidos por una diversidad de agresores; “éstos pueden ser autoridades del Estado a nivel municipal, estatal y federal, pero también los agresores pueden ser personal de las empresas que emprenden los proyectos de desarrollo e infraestructura y que con violencia defienden sus intereses económicos frente a la oposición de las comunidades ante dichos proyectos…”.
La organización ubica que los ataques pueden provenir de la gente de la misma comunidad afectada cuando existen divisiones en la misma, otras veces, las agresiones se cometen por particulares que son identificados por las comunidades y a veces tiene un interés que se ve afectado…”. Además, se han señalado a los grupos del crimen organizado.
El análisis fue elaborado por la COMDA, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.
Érika Ramírez
