En la presentación de su reporte Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México, el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC) advierte que el Sistema está en riesgo por las deficiencias institucionales de procuradurías de justicia y policías en las entidades federativas.
Los investigadores del CIDAC que participaron en el análisis indican que a 1 año de su entrada en vigor, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio requiere reformas legislativas para su consolidación. No obstante, advierten que éstas podrían “ser desvirtuadas por una iniciativa que plantea retrocesos en sus normas y principios”.
“Estamos viendo que la adecuada operación del Sistema de Justicia Penal va a requerir más tiempo y que todavía necesita de reformas para garantizarla, pero ya han surgido propuestas legislativas que pretenden endurecer las normas procesales del sistema acusatorio en busca de una mayor eficiencia en la persecución delictiva, y representarían una contrarreforma. No podemos dejar que esto suceda”, dijo Edna Jaime, directora general del CIDAC y de la organización México Evalúa.
A lo anterior se suman las deficiencias institucionales detectadas en las procuradurías y policías, “que no cuentan con las capacidades de investigación criminal necesarias para llevar a los criminales ante la justicia y por las fallas de coordinación entre ambas”, indicó la directora del Área de Justicia del CIDAC, María Novoa.
Para el CIDAC, es necesario instrumentar una estrategia para la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que incluya la creación de una instancia técnica interinstitucional y nacional, integrada por representantes de los tres poderes de gobierno y por funcionarios de las defensorías, los poderes judiciales locales y el sistema penitenciario.
El Centro también propone que se fortalezcan las unidades de seguimiento a medidas cautelares a nivel estatal y federal y se integre el sistema penitenciario en el proceso de instrumentación de la reforma penal.
Otra propuesta tiene que ver con la planeación coordinada: ésta debe coadyuvar a la articulación y ejecución de las políticas públicas sectoriales con un enfoque sistémico, refiere la organización a través de un comunicado de prensa.
Añade que “es necesario aprobar las modificaciones legislativas para corregir las deficiencias en materia de prisión preventiva de oficio y vinculación a proceso, así como para resolver las contradicciones con el régimen de excepción para delincuencia organizada”.
Finalmente propone que se creen mecanismos homologados de evaluación y se instaure un servicio profesional de carrera en la práctica.
Nancy Flores
