Washington. Los defensores de los derechos de inmigrantes en Estados Unidos podrían tener nuevos motivos de alarma tras las noticias relacionadas con el muro fronterizo y el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Menos de una semana después de que el presidente Donald Trump se reuniera en la Cumbre del Grupo de los 20 con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, una comisión de la Cámara de Representantes del Congreso estadunidense presentó el 12 de julio un proyecto para financiar la barrera limítrofe.

El Comité de Apropiaciones de ese órgano propuso que en el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para 2018 se incluyan los 1 mil 600 millones de dólares solicitados por la Casa Blanca, para comenzar la edificación de la obra en la frontera con el vecino del sur.

“Gran victoria hoy para la construcción del muro. Será para asegurar la frontera y salvar vidas. Ahora, el pleno de la Cámara y el Senado deben actuar”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter tras conocerse la acción del comité.

La propuesta que deberán aprobar ahora esos dos órganos, daría 44 mil 300 millones de dólares al DHS, que tiene bajo su mando agencias migratorias como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

En ese total se incluyen 131 millones de dólares para tecnología, 100 millones para la contratación de 500 agentes de la Patrulla Fronteriza y 186 millones para 1 mil 600 nuevos empleados de ICE.

Asimismo, comprende 7 mil millones de dólares a fin de aumentar a 44 mil el número de camas disponibles para detener a inmigrantes.

La construcción del muro, una de las principales promesas de campaña de Trump, ha sido una de sus intenciones más criticadas dentro y fuera de Estados Unidos, junto con el veto de viajes para impedir la entrada de refugiados y de nacionales de seis países mayoritariamente musulmanes.

“No ban, no wall” (No al veto, no al muro), es una de las consignas permanente en cientos de manifestaciones realizadas en numerosas ciudades del país desde los primeros días de la presidencia.

El paso en el Comité de Apropiaciones, sin embargo, es solo el inicio de un camino más largo en el que los republicanos necesitarán contar con algunos votos demócratas para aprobar el proyecto.

Joe Crowley, presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes, expresó en un comunicado que los miembros del partido rojo se arriesgan a un cierre del gobierno en su intento de financiar “un costoso e ineficaz muro a lo largo de la frontera del sur”.

De acuerdo con el congresista por Nueva York, destinar recursos para la barrera en el proceso de asignaciones presupuestales demuestra lo mucho que los republicanos están dispuestos a poner en riesgo la estabilidad económica para darle pie a la peor política del presidente.

Nuestra frontera es más segura que nunca, y no deberíamos impulsar un plan que costará miles de millones a los contribuyentes, agregó el legislador.

A decir de Crowley, los demócratas han reiterado que no apoyarán el financiamiento del muro, por lo que este plan está preparando el terreno para un cierre de gobierno, que podría darse a partir del 30 de septiembre próximo, cuando concluye el actual año fiscal.

El también representante demócrata Steny Hoyer sostuvo que Trump mintió al pueblo cuando dijo que los mexicanos iban a pagar por la obra. “Fue algo estúpido decir eso, no tenía ninguna base para hacerlo”, criticó el legislador por Maryland.

En peligro el futuro de los “dreamers”

El mismo día en que el Comité de Apropiaciones dio su espaldarazo al muro, el secretario del DHS, John Kelly, advirtió a los líderes del Caucus Hispano del Congreso que el DACA, destinado a los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” (soñadores), corre peligro y podría quedar en manos de los tribunales.

Tal mecanismo, creado por el expresidente Barack Obama en 2012 y del que se benefician unas 800 mil personas, permite que quienes llegaron a este país sin papeles cuando eran niños puedan permanecer en él y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen ciertos requisitos.

Aunque Kelly afirmó que él personalmente respalda la iniciativa, dijo que la ha discutido con abogados dentro y fuera del Departamento de Justicia “y la mayoría estima que el DACA, tal como existe, no es legalmente sostenible”.
En ese sentido, reiteró que el Congreso es la fuente de una solución a largo plazo para el programa.

David Lapan, portavoz del DHS, explicó que en estos momentos no hay un plan para anular o cambiar la medida, pero siempre está la preocupación de que si es impugnada en los tribunales, no podría superar esa barrera y dejaría de existir.

Los fiscales generales de los estados republicanos de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee, Idaho y Virginia Occidental enviaron una carta a Kelly para exigirle que el gobierno cancele el mecanismo antes del próximo 5 de septiembre.

De lo contrario, amenazaron con presentar una demanda contra el DACA en la Corte de Brownsville, Texas, donde está el juez Andrew S. Hanen, quien detuvo en 2015 el programa de Acción Diferida para Padres que también quiso poner en práctica Obama.

Ante esa perspectiva, los activistas pro inmigrantes remarcaron que si Trump decide eliminarlo va a tener muchos problemas con un sector que tiene gran fuerza en el país.

Sabemos que estados totalmente antiinmigrantes presionan al presidente para que cumpla sus promesas xenofóbicas. Estamos totalmente decepcionados y preocupados por nuestra gente, expresó al diario Hoy Los Ángeles, Raúl Murillo, titular de la organización sin fines de lucro Hermandad Mexicana Nacional.

De acuerdo con Murillo, tienen en planes levantarse, salir a las calles y protestar como siempre lo han hecho contra esas amenazas.

Martha Andrés Román/Jefa de Prensa Latina en EU

Contralínea 549 / del 24 al 30 de Julio de 2017